El gigante del aluminio Alcoa abrió ayer un nuevo frente al Gobierno de Pedro Sánchez con el anuncio de cierre de dos de sus fábricas en España y el despido de 686 empleados. La noticia supone un mazazo para las regiones afectadas -Galicia y Asturias- y la política industrial del Gobierno, ya golpeada hace unas semanas por el anuncio de clausura de una fábrica del fabricante danés de aerogeneradores Vestas en León.
El tercer mayor productor mundial de aluminio argumentó a los representantes sindicales que el cierre obedece a «problemas estructurales y tecnológicos» que derivan de los altos costes operativos de las factorías de Avilés y La Coruña. En concreto, los responsables del grupo apuntan a la enorme brecha tecnológica que hay entre estas dos plantas y las nuevas instalaciones que se están construyendo en China y, en segundo lugar, al incremento del precio del coste de la energía en España.
Alcoa advierte de que sólo en los nueve primeros meses de este ejercicio el precio mayorista de la luz se ha incrementado un 10% y ha sido uno de los factores que ha multiplicado por tres las pérdidas de ambas plantas, ya que la energía supone un 40% del total de sus costes. Según sus cifras, el año pasado las dos plantas afectadas registraron números rojos de 26 millones de euros y este año la previsión del grupo es que escalen hasta 74 millones. «100 millones perdidos en dos años», señalan.
Por otro lado, fuentes de la compañía denuncian que se han reducido de manera «considerable» en los últimos años las ayudas a la industria electrointensiva con cargo al recibo de la luz tras los cambios aprobados por el anterior Gobierno para intentar abaratar la factura a los hogares. Se trata del servicio de interrumpibilidad, una partida que cobran las empresas más consumidoras de electricidad a cambio de desconectarse de la red si en algún momento existe riesgo de sobrecarga en el sistema. Este mecanismo, no obstante, apenas se ha utilizado desde su creación debido a la enorme sobrecapacidad que arrastra el sistema eléctrico español.
El conjunto de la gran industria es muy crítica con el sistema de precios de la energía en España y la incertidumbre en torno al actual modelo energético. Estas empresas piden un modelo energético estable y pactado entre todas las fuerzas políticas que evite los vaivenes y parches regulatorios en torno a la factura. La nueva línea presentada por el actual Gobierno, que pretende cerrar a corto plazo carbón y nucleares ha elevado todavía más esta incertidumbre por el impacto que podría tener sobre la factura.
Precisamente por la parte de las ayudas llegaron las críticas del Gobierno al anuncio de cierre. La ministra de TransiciónEcológica, Teresa Ribera, señaló en una entrevista en Onda Cero que el gigante norteamericano es uno de los grupos que más ayudas ha recibido por la interrumpibilidad.
Sólo este año Alcoa se ha adjudicado en las subastas que organiza Red Eléctrica una capacidad de 1.270 megavatios, equivalente a un 23% del total del servicio. Según los precios de adjudicación publicados por el operador del sistema eléctrico, esta capacidad supondría un coste próximo a los 133 millones de euros.
Ribera también se mostró dispuesta a analizar nuevos cambios en las subastas de interrumpibilidad e incluso a buscar nuevos inversores que se hagan cargo de la factoría y conserven su empleo. A juicio del Gobierno, ambas fábricas son rentables si se acometen las inversiones necesarias.
Esta estrategia es similar a la empleada en el caso de la fábrica de Vestas. El Gobierno tiene ya identificado un posible comprador que se haga cargo de la producción del grupo danés, si bien no quiere hacer público su nombre para evitar crear «falsas expectativas» a los trabajadores.
Todos estos cierres han tensionado enormemente a los gobiernos regionales de Asturias, Galicia y Castilla y León a unos meses de que se abra la campaña electoral en dos de estas autonomías. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, aprovechó para criticar al Gobierno por no asignar los fondos de CO2 que compensan a estas industrias por el alto coste de sus emisiones contaminantes.
Por su parte, los sindicatos negaron que las causas productivas estén detrás de los cierres. «Hemos manifestado en diversas ocasiones la inconsistencia del mercado energético español y que debía producirse un cambio de modelo, pero esta inconsistencia no valida la presentación de un ERE en estos momentos», denunciaron desde CGT.
