Durante una hora justa, el fiscal Javier Zaragoza pronuncia su alegato —duro, contundente, lleno de frases redondas destinadas a ocupar enseguida todos los titulares— con la mirada fija en los siete magistrados del tribunal, que son a fin de cuentas a los que tiene que convencer de que fue rebelión y no sedición, dejarles claro que los acusados se confabularon para ejecutar un golpe de Estado destinado a derogar la Constitución española, que hubo violencia y que esa violencia constituyó un ingrediente necesario. Pero a las 10.40, antes de pronunciar la frase final de su intervención, el fiscal Zaragoza cambia de postura y se dirige, mirándolos por encima de sus gafas de cerca, a los acusados:
— No les pido que renuncien a sus ideales, tienen todo el derecho, esto es una democracia. Lo que no pueden hacer es imponer sus ideas a los demás por medios ilegales. Les pido, y creo que les exijo, que respeten las leyes, la convivencia y los derechos de los demás.
Al fiscal Zaragoza le gustan los golpes de efecto, los interrogatorios en los que va llevando sinuosamente al testigo o al acusado hasta ponerlo entre la espada y la pared, constriñéndolo a decir la frase que jamás querría haber pronunciado y, una vez atrapado, añadir cinematográficamente, mirando ahora sí al juez Manuel Marchena: “No hay más preguntas, señoría”.
En su alegato de hoy, sin embargo, Zaragoza no ha colgado ningún adorno, ni una pizca de brillantina. Han sido 60 minutos de reloj con un golpeo duro, directo a la mandíbula, para dejar claro desde el principio que no, que la Fiscalía —que ha tenido sus tropiezos durante los cuatro meses de juicio y algunos de ellos muy sonados— no había barajado en ningún momento soltar el bocado de la rebelión. Es más, hace algunas semanas, alguien había malmetido con que algún miembro del tribunal había dicho no se sabe dónde —los bulos suelen ser así de concretos— que si la Fiscalía aspiraba a que el tribunal condenara a los políticos independentistas por rebelión, iba a tener que demostrarlo con argumentos muy sólidos, dejando claro que la respuesta correcta a la pregunta del millón —¿se ejerció algún tipo de violencia durante aquel otoño de 2017?— era un sí nítido.
Y lo cierto es que, de las cuatro horas justas que los cuatro fiscales han empleado para convencer al tribunal de que los acusados sí cometieron los tres delitos que se les atribuyen —rebelión, malversación y desobediencia—, los minutos más largos y más intensos han versado precisamente sobre el delito de rebelión.
Fidel Cadena, el último de los cuatro en intervenir, un fiscal que no se ha destacado por su habilidad interrogando, ha explicado con brillantez cuál es la diferencia entre la sedición y la rebelión. Aunque se ha reservado para sí la parte más jurídica, más densa en apariencia, nada más inaugurar su hora de parlamento se esfuerza en dejar clara la diferencia:
— No se puede calificar esto como sedición porque no estaba en juego el orden público, sino el orden constitucional. Si hubiese estado en juego el orden público sí habría sido sedición, pero aquí estábamos ante un ataque al orden constitucional. Hubo un levantamiento evidente contra los cimientos del Estado de derecho.
El fiscal Cadena recurre a una sentencia de la Sala de lo Penal del Supremo por atentado a la autoridad del año 1993 para explicar que “no solo el utilizar energía física para crear una situación determinada implica el empleo de fuerza; también el mantenerse, resistiendo, en una determinada situación previamente creada, que solo podría ser modificada por el empleo de otra energía física en sentido contrario”. La imagen, clara, lleva a la sala a acordarse de los vídeos de los enfrentamientos en los colegios electorales. Cadena esgrime entonces una teoría que hasta ahora nadie había contemplado.
— Los líderes independentistas no solo son responsables de la violencia que sufrieron las personas que hacen de escudos humanos y que fueron enviados diciéndole que no pasaría nada. También son responsables de la violencia que sufrieron 93 agentes.
Tres horas antes, al inicio de su alegato, Zaragoza se acuerda de la gente. No de la gente que ha monopolizado el juicio —los dirigentes independentistas y sus simpatizantes que, a la voz de ya, corrieron a bloquear los colegios para que la policía no pudiera entrar—, sino de la otra gente. La que ni siquiera ha aparecido por el juicio, y que conforma la mitad más uno —o menos uno, qué más da— de la ciudadanía catalana. Aquellos que aquel primero de octubre, conscientes de que el referéndum había sido anulado judicialmente, ni siquiera se acercaron a los colegios electorales y por tanto, no solo se les dejó sin voz entonces, sino que desde entonces hasta ahora se han convertido en el cero a la izquierda del proyecto soberanista.
— La única violación de derechos civiles que hoy se está produciendo en Cataluña es la que están sufriendo y padeciendo estoicamente aquellos que defienden la Constitución.
El fiscal Moreno puso dos ejemplos muy gráficos para explicar qué sucedió en Cataluña en otoño de 2017.
— A quien ostenta el poder no le hace falta asaltar palacios, porque ya los tienen. Y tampoco le hace falta abordar al buque del Estado. Le bastaba con cortar las amarras y seguir navegando en solitario. Eso es lo que intentaron.
