Su obsesión por universalizar la sanidad pública y acabar con los conciertos sanitarios dio cabida a Carmen Montón (Burjassot, 1976) en el gobierno de Pedro Sánchez, pero el escándalo de su máster en la Universidad Juan Carlos la ha descabalgado en sólo tres meses.
Pese que la ex ministra de Sanidad se aferró, con uñas y dientes, a su cargo y justificó lo injustificable, las evidencias han desnudado sus pobres argumentos sobre la veracidad de su trabajo. Aseguró que no se habían producido irregularidades en la obtención de su título de postgrado en Igualdad, aunque sus notas fueron modificadas después de que se cerraran sus actas y de que se evidenciara que no se presentó a alguna asignatura. Se matriculó fuera de plazo y fue convalidada sin mucho criterio. Sin embargo, el plagio de su trabajo de fin de carrera ha acabado con su carrera política.
La trayectoria de Montón se distingue por haber intentado llegar a lo más alto desde el partido. Licenciada en Medicina, nunca ha ejercido por estar ligada a la política. Se estrenó como concejal de Cultura en Burjasot en 1999, pero pronto dio el salto a Madrid como diputada. En el Congreso fue portavoz en la Comisión de Igualdad y participó en el desarrollo de la ley de matrimonio homosexual y la de identidad de género.
Además, fue ponente de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Con la llegada a la secretaría general del PSOE de Pedro Sánchez, formó parte de su ejecutiva al frente de la Secretaría de Igualdad. Del lado del presidente del Gobierno se puso cuando el partido forzó su dimisión, enfrentándose incluso a la postura del secretario general del PSPV y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con quien compartía gobierno desde mayo de 2015. Meses después, cuando Sánchez decidió presentarse a la primarias, optó por no posicionarse y no repitió en la dirección surgida tras el 39º Congreso del PSOE.
Desde la Conselleria de Sanidad ha impulsado políticas marcadamente de izquierdas que no han estado exentas de polémica. Ha mantenido un fuerte pulso para revertir la colaboración público-privada impulsada en las últimas décadas de gobierno del PP y acabar con los conciertos sanitarios, incluso con miembros de su propio partido.
Su principal legado es la reversión del Hospital de La Ribera, en Alzira, que tras 20 años en manos de la empresa Ribera Salud pasó a la red pública el pasado 1 de abril. El modelo de hospital público de gestión privada fue la gran apuesta del Gobierno de Zaplana, que se extendió también a la Comunidad de Madrid.
La polémica ha acompañado todo el proceso, tanto por los intentos de la empresa por frenar la decisión del Consell en los tribunales como por las protestas de los trabajadores.
Montón también ha atacado la privatización de servicios como las resonanciasmagnéticas e intentó limitar la colaboración con Instituto Valenciano de Oncología (IVO), lo que provocó una crisis que obligó a intervenir al propio presidente de la Generalitat.
Sus propuestas legislativas también han sido discutidas. El Gobierno de Mariano Rajoy llevó al Tribunal Constitucional la ley de Sanidad Universal, que devolvía el derecho a la atención sanitaria a toda la población, y la desaparición del copago farmacéutico a pensionistas, rentas bajas y dependientes. La propuesta de elaborar una ley valenciana de muerte digna, de momento, se queda en el tintero.
El punto débil de Montón ha sido la gestión. Los ceses y destituciones han salpicado de polémica sus tres años en la conselleria. El nombramiento de personas de su círculo al frente de hospitales públicos, las declaraciones de algunos altos cargos de su confianza o la paralización judicial de alguna de sus decisiones son lagunas en su hoja de servicios.
