Ciudadanos ha dado por terminada la investigación de las presuntas irregularidades en las primarias por las sospechas que se extendieron en diversas comunidades tras el fraude en Castilla y León. La comisión de garantías del partido ha comunicado a los reclamantes, que pidieron información por sus dudas sobre hasta 10 procesos autonómicos, municipales y de las listas a las generales, que no ha encontrado incidencias y da por confirmados los resultados.
En todos los casos señala, no obstante, que la reclamación llegó al órgano fuera del plazo de cinco días estipulados. En una resolución a la que ha tenido acceso EL PAÍS, la comisión de garantías informa además a los afiliados que reclamaron que podrían haber incurrido en una falta por crear “una situación anómala y perjudicial para el partido” por sus manifestaciones públicas sobre el proceso y se exponen a sanciones o incluso a la expulsión.
Las sospechas afloraron tras la crisis en Castilla y León, en la que una reclamación de Francisco Igea, el candidato que disputaba el proceso a la aspirante avalada por el aparato, Silvia Clemente, destapó un fraude y dio un vuelco a los resultados proclamándolo ganador. El sistema había permitido que se colaran 82 votos falsos para dopar a la candidata oficialista, de forma que muchos de los que perdieron en otras primarias consideraron que sus procesos también estaban en duda.
Según la resolución interna a la que ha accedido este diario, el partido recibió un total de 10 solicitudes de información, entre ellas, sobre las primarias a la candidatura autonómica en Madrid, Cantabria, Aragón, Canarias, Murcia; así como en las primarias a la alcaldía de Valencia, al cabeza de lista por Cádiz a las generales, al candidato al cabildo insular de Gran Canaria, al cabeza de lista en Santa Cruz de Tenerife y al de Las Palmas.
En todos los casos, la comisión de garantías cierra las pesquisas y da por válidos los resultados, 10 días después de anunciarlos, sin apreciar irregularidades. El trabajo del órgano, con el “asesoramiento técnico pertinente”, y “con las verificaciones realizadas con posterioridad al vuelco de todo el proceso”, dice la resolución, resuelve que en los procesos de primarias “se ha cumplido con todas las garantías exigidas sin que hubiere existido ningún tipo de incidencia valorable”.
En todos los procesos, salvo en el de Castilla y León, la comisión advierte de que las solicitudes llegaron fuera de plazo. Este es de cinco días desde la proclamación de los resultados. Algunos afiliados, como el de Madrid, Juan Carlos Bermejo, se quejan de que la información que solicitaron al partido para elaborar su reclamación les llegó fuera de ese mismo plazo. “A mí me facilitaron los datos que solicité el día 13 de marzo, y el día 9 se supone que se cerraba el tiempo para reclamar”, lamenta. Fuentes oficiales del partido señalan que su petición de información ya entró fuera de plazo, y a pesar de ello se le contestó de forma muy rápida.
Pero además del cierre de la investigación hay un aviso a navegantes. El partido advierte a los afiliados que reclamaron de que se arriesgan a una suspensión de militancia o incluso la expulsión por haber podido cometer una falta según los estatutos al menoscabar la imagen del partido por publicitar sus denuncias. La comisión ha tenido constancia, dice la resolución, de que mientras investigaba, los denunciantes “han podido crear una situación anómala y perjudicial para el partido, con publicidad externa en grupos de redes sociales y/o medios de comunicación y que podrían ser conculcadoras de algunos preceptos estatutarios de los establecidos en el artículo 12 de los vigentes estatutos de Cs”.
El artículo 12 recoge el régimen sancionador por faltas muy graves, graves y leves. Fuentes de Ciudadanos informan de que algunos de estos afiliados podrían haber incurrido en una falta muy grave del apartado d), que castiga “las manifestaciones públicas que menoscaben el buen nombre del partido o de sus afiliados, así como la creación o participación en grupos organizados que sean contrarios a los intereses del partido”.
Las faltas muy graves llevan aparejadas una sanción de suspensión de dos a cuatro años o incluso la expulsión. Garantías deriva el expediente a la comisión de régimen disciplinario del partido para que estudie si procede alguna sanción.
La resolución también se refiere al caso de Castilla y León y da por anulados los 82 votos que se registraron en favor de Silvia Clemente y le dieron inicialmente la victoria. Lo que aún no se ha despejado es quién cometió el presunto fraude.
