La palabra “violencia” aparece 23 veces en el escrito de acusación de la Fiscalía sobre el ‘procés’. El uso del término no es casual, pues resulta clave para que se condene por rebelión a los siete investigados para los que el ministerio público pide esta pena: la rebelión se incluye en el título de los delitos contra la Constitución del Código Penal y castiga a quienes se alcen violenta y públicamente para, entre otros objetivos, declarar la independencia de una parte del territorio nacional. En España, hasta el momento, solo se ha condenado por este delito a los autores del intento de golpe de Estado de 1981, pero cuatro fiscales tratarán de ampliar el listado a partir de este martes: Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena.
El juicio arranca este 12 de febrero en el Tribunal Supremo, 15 meses después de que la Fiscalía General del Estado procediera por rebelión contra los lideres de la estrategia desarrollada para impulsar la independencia de Cataluña. El ministerio público mantiene esta postura desde el primer momento, cuando el fallecido José Manuel Maza se encontraba al frente de la institución. A diferencia de la Abogacía General del Estado, los fiscales del Supremo no cambiaron de idea pese a la llegada del PSOE al Gobierno y el nombramiento de María José Segarra como fiscal general del Estado, descartando en todo momento rebajar su acusación.
La autonomía de la Fiscalía del Tribunal Supremo frente a las presiones gubernamentales ya quedó reflejada antes de que Pedro Sánchez se instalara en la Moncloa. En marzo de 2018, el sustituto de Maza, Julián Sánchez Melgar, les ordenó pedir al alto tribunal que el ‘exconseller’ Joaquim Forn quedara en libertad, solicitud a la que ellos se oponían. Aunque los representantes del ministerio público del Supremo tuvieron que obedecer porque así lo establece el Estatuto Fiscal, Fidel Cadena no dudó en mostrar su disconformidad durante la vista que se celebró en la Sala de Recursos, alegando en este sentido que su petición se debía a un “imperativo legal”. Desde entonces, los cuatro representantes del ministerio público se han limitado a seguir su propio criterio.
Javier Zaragoza
“Del ‘procés’ solo puedo decir que es, quizás, el juicio más importante de la democracia”. En una reciente entrevista concedida al ‘Heraldo’, el fiscal Javier Zaragoza resumía así el juicio que comienza el próximo martes en el Tribunal Supremo. Zaragoza ingresó en la Carrera Fiscal a comienzos de 1980 y ejerció sus primeros años en Guipúzcoa, pero en 1988 dio el salto a la Fiscalía Especial Antidroga. Su incorporación a este puesto le llevó a trabajar junto al exjuez Baltasar Garzón en la histórica operación Nécora, el primer gran golpe al narcotráfico en Galicia. La investigación le convirtió en uno de los fiscales más conocidos a nivel nacional, pero al mismo tiempo le hizo ganarse peligrosos enemigos: el abogado y narcotraficante Pablo Vioque encargó incluso su asesinato desde la cárcel, conspiración que fue neutralizada por la policía.
Zaragoza fue nombrado jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en 2006, lo que le llevó a vivir en primera línea el final de los atentados de ETA. Durante más de una década se convirtió así en el máximo responsable de la lucha antiterrorista, asumiendo además en los últimos años varios casos polémicos: el del líder de Def con Dos César Strawberry, el del rapero Valtonyc, el de los titiriteros de “Gora Alka-ETA”… En este tiempo, Zaragoza también se hizo cargo de casos duramente criticados por el independentismo catalán, como el de la pitada al himno de España en el Camp Nou durante la final de la Copa del Rey de 2015 entre el Barça y el Athletic de Bilbao, que consideró constitutiva de un delito de injurias a la Corona y de otro conexo de ultrajes a los símbolos o emblemas nacionales. En marzo de 2017, tras rechazar varios puestos de magistrado de enlace, se trasladó a la Fiscalía del Tribunal Supremo. Zaragoza también es miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y ha sido vocal del Consejo Fiscal.
Consuelo Madrigal
Consuelo Madrigal ejerció como fiscal general del Estado entre enero de 2015 y noviembre de 2016, siendo la primera mujer en ocupar el cargo. La jurista no pertenece a ninguna asociación de fiscales y es conocida por su férrea defensa de la autonomía del ministerio público frente a presiones gubernamentales: su cese en 2016 llegó después de que se opusiera a realizar varios cambios que le había solicitado el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la cúpula fiscal. “Sería bueno un nuevo Estatuto del ministerio público que introduzca un filtro parlamentario en la designación del fiscal general”, defendió Madrigal en junio de 2017 en un coloquio sobre la reforma de la Fiscalía, defendiendo así la idoneidad de un nuevo sistema en el que el fiscal general del Estado no sea elegido por el Gobierno.
Ingresó en la Carrera Fiscal en 1980 y a lo largo de su trayectoria ha estado destinada en Santa Cruz de Tenerife, Palencia y Madrid. También ha pasado por el Tribunal de Cuentas y entre 1993 y 2008 ejerció en la Sección de lo Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Ese mismo año se hizo cargo de la recién creada Fiscalía de Menores, donde se mantuvo hasta su nombramiento como fiscal general del Estado. Tras su cese en noviembre de 2016, Madrigal volvió al Supremo, y desde abril de 2018 forma además parte de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
Jaime Moreno
En la vista de los artículos de previo pronunciamiento que se celebró en el Supremo el pasado diciembre, el fiscal Jaime Moreno no dudó en arremeter contra el bloque independentista para defender que los hechos se juzguen en el alto tribunal y no en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC): “El Estado constitucional y democrático y su corazón, el Tribunal Constitucional, estaban en la diana”, aseguró durante su intervención. El representante del ministerio público defendió además que el ‘procés’ supuso un “atentado grave al interés general de España”, destacando en este sentido que “no puede decirse que afecte solo a Cataluña” cuando su objetivo era separarse de España.
Moreno ingresó en la Carrera Fiscal en 1983 y estuvo destinado en la Audiencia Territorial de Oviedo hasta 1988, cuando pasó a la Audiencia Provincial de Madrid. En 1994 fue nombrado fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, donde se mantuvo hasta 2003, año en el que dio el salto a la Sección de lo Penal del Tribunal Supremo. En 2013, también asesoró al Gobierno de Mariano Rajoy y recibió por ello una de las Grandes Cruces de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Entre los juicios más relevantes en los que ha participado se encuentran el del caso Faisán, el de los atentados del 11-M y, más recientemente, el de la consulta catalana del 9-N, en el que mantuvo un rifirrafe con el acusado Francesc Homs. “¿Le parece que estamos politizados cuando se han instruido y llegado a juicio casos como la trama Gürtel o las ‘black’, además con un fiscal elegido por el PP? ¿Cree que es tan fácil que llame el fiscal general y le diga al fiscal: ‘No acuses’?”, se preguntaba Moreno en una entrevista concedida al diario ‘La Opinión A Coruña’, en 2016.
Fidel Cadena
En diciembre de 2017, el fiscal Fidel Cadena viajó junto a Javier Zaragoza a Barcelona para revisar en los juzgados catalanes el contenido de las distintas causas abiertas por el ‘procés’. Ambos repasaron así los informes policiales que obraban en juzgados como el 13 de Barcelona, que lideró en los primeros meses la investigación en torno a la estrategia ideada para alcanzar la independencia de Cataluña. La intención de la Fiscalía era hacer acopio de todas las pruebas que se incautaron durante la conocida como operación Anubis, iniciada el 20 de septiembre de 2017 por la Guardia Civil para impedir la celebración del referéndum de independencia, que ya había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
El fiscal tuvo sus primeros destinos en ciudades como Girona, Bilbao o Huesca, tras lo que en 1990 dio el salto Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Cadena se mantuvo en este puesto 17 años, hasta que en 2007 fue nombrado fiscal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Entre los casos más destacados en los que ha participado cabe señalar el de los atentados del 11-M, el de la investigación contra Baltasar Garzón por los cursos de la Universidad Juan Carlos I en Nueva York, el de José Bretón o el del Palau de la Música Catalana. En 2015, fue además nombrado fiscal jefe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
