Estados Unidos ha arremetido con particular agresividad contra la Corte Penal Internacional (CPI), vieja enemiga del ala más derechista del Partido Republicano, y ha amenazado con sanciones a los jueces del tribunal situado en La Haya, si siguen adelante con una investigación sobre crímenes de guerra supuestamente cometidos por estadounidenses en Afganistán. “Estados Unidos utilizará cualquier medio que sea necesario para proteger a nuestros ciudadanos y a los de nuestros aliados contra las acusaciones injustas de este tribunal ilegítimo”, ha advertido John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, en un discurso en la Federalist Society, un foro conservador de Washington. “No cooperamos con la CPI. No le prestaremos asistencia. No nos uniremos a ella. Dejaremos que muera ella sola. Después de todo, la CPI ya está muerta para nosotros”, ha añadido el halcón ultraconservador, en su primer discurso importante desde que se incorporó a la Casa Blanca en abril.
De continuar la investigación contra soldados y personal de inteligencia estadounidenses durante la guerra de Afganistán, ha amenazado Bolton, la Administración de Trump estudiará prohibir a los jueces y fiscales del tribunal la entrada en EE UU. Procesarlos en la justicia estadounidense o imponer sanciones a fondos que pudieran tener en su sistema financiero son otros de los posibles castigos que ha mencionado Bolton. Las sanciones se extenderían, ha asegurado, a cualquier empresa o Estado que colabore con una investigación de la CPI contra ciudadanos estadounidenses. Washington, ha añadido el exdiplomático republicano, contemplará también negociar más acuerdos bilaterales que prohíban a terceros países entregar a ciudadanos estadounidenses al tribunal de La Haya.
“En noviembre de 2017, la fiscalía de la CPI solicitó autorización para investigar supuestos crímenes de guerra cometidos por militares y oficiales de inteligencia estadounidenses durante la guerra de Afganistán, una investigación que ni Afganistán ni ningún otro Estado ha solicitado. Ahora, cualquier día la CPI anunciará una investigación formal contra estos patriotas estadounidenses”, ha explicado Bolton, la víspera del aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001, que se encuentran en el origen de la guerra de Afganistán. Estados Unidos sigue atascado desde entonces en dicho conflicto, para el que Barack Obama planteó un calendario de retirada, que no alcanzó a cumplir. La Administración de Trump, hasta la fecha, ha renunciado a fijar fechas.
Durante el mismo discurso, Bolton ha anunciado que EE UU cerrará la Oficina de representación de la Organización para la LIberación de Palestina (OLP) en Washington, alegando los pasos dados por los palestinos para que la CPI investigue a Israel por crímenes de guerra. “Estados Unidos siempre estará junto a nuestro amigo y aliado Israel”, ha asegurado. “EE UU apoya un proceso de paz robusto y directo y no permitirá que la CPI, ni ninguna otra organización, restrinja el derecho de Israel a la autodefensa”.
“Valoraremos dar pasos en el Consejo de Seguridad de la ONU para restringir los extensos poderes de la CPI, incluyendo el asegurarnos de que no ejerce su jurisdicción sobre los estadounidenses y los nacionales de nuestros aliados que no hayan ratificado el Estatuto de Roma”, ha advertido Bolton, que ya se mostró extremadamente crítico con el tribunal durante los años en que fue alto cargo del Departamento de Estado en la Administración de Bush hijo y posteriormente embajador ante la ONU.
Durante el primer mandato del presidente George W. Bush, Estados Unidos no ratificó el Estatuto de Roma que en 2002 creó la CPI, tribunal que hoy cuenta con 123 Estados firmantes y cuya misión es llevar ante la justicia a los autores de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Tampoco Israel lo firmó. Tras la llegada de Obama a la Casa Blanca, en 2009, Washington se mostró menos beligerante con el trabajo de la CPI e incluso colaboró con investigaciones del tribunal como la de los crímenes en Darfur. La victoria de Donald Trump ha resucitado argumentos de 2002 como las acusaciones, vertidas este mediodía por Bolton, de que el tribunal es “superfluo” y “viola la soberanía nacional” de EE UU. Para Bolton, la indefinición de los delitos que persiguen “los burócratas de La Haya” puede constituir “un pretexto para investigaciones con motivaciones políticas”. “¿Entregarían ustedes el destino de ciudadanos estadounidenses a un comité de otras naciones, incluidas Venezuela y la República Democrática del Congo, o a entidades que ni siquiera son Estados, como la Autoridad Palestina?”, ha preguntado Bolton al auditorio. “No lo harían. Yo no lo haría. Y esta Administración no lo hará”.
CPI: “NO COMENTAMOS SOBRE DECLARACIONES POLÍTICAS”
ISABEL FERRER (LA HAYA)
Estados Unidos no es miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), y escapa por tanto a su jurisdicción. Afganistán sí lo es, y por eso la fiscalía pidió permiso en 2017 a los jueces para abrir una investigación formal sobre supuestos crímenes de guerra y contra la humanidad, cometidos allí entre 2002 y 2003. Los presuntos autores son soldados estadounidenses y, llegado el caso, podrían ser perseguidos por la justicia internacional: actuaron en un Estado que es parte del Estatuto de Roma, texto fundacional de la Corte.
“No comentamos sobre declaraciones políticas cualquiera que sea su procedencia. La Corte Penal es una instancia imparcial que se rige por su Estatuto, y no toma partido en ninguno de sus casos”, ha asegurado este lunes Fadi el Abdallah, su portavoz. La Cámara Preliminar dispone de la documentación del caso afgano, y Fatou Bensouda, fiscal jefe, aguarda su decisión para ponerse en marcha. Quiere averiguar también si “crímenes similares a los que señala en Afganistán, y relacionados con dicho conflicto armado, fueron perpetrados en otros países miembros de la CPI”. En el informe remitido en 2017 a los jueces, Bensouda señala a su vez “a los talibanes, grupos armados afiliados, y a las autoridades, como presuntos autores de iguales delitos”. En este caso, se trata de torturas supuestamente aplicadas “por el Gobierno afgano y sus servicios secretos y policiales”.
La relación de los crímenes presentada por la fiscalía de la Corte para su investigación, incluye “crímenes de guerra, entre ellos, tortura, trato cruel y contra la dignidad, violación y otras formas de violencia sexual, perpetrados por soldados del Ejército de Estados Unidos, y por miembros de la CIA, en los territorios de Afganistán, Polonia, Rumanía y Lituania”. En el caso de los servicios de inteligencia, el informe preliminar indica el posible uso de cárceles de secretas en los tres países europeos mencionados.
A las Fuerzas de Seguridad afganas se les atribuyen igualmente crímenes de guerra. Y a los talibanes y otros grupos armados, “crímenes de guerra y contra la humanidad como asesinato, encierro, persecución por motivos políticos y de género, ataques intencionados contra civiles y personal humanitario, alistamiento de niños menores de 15 años, y muerte y heridas a traición”.
