En unos tiempos en los que el consenso en la política española ha estado en entredicho, los grupos parlamentarios han encontrado el acuerdo en una cuestión considerada importante a nivel social: la protección de la infancia.
Una área en la que además se ha implicado el Ejecutivo desde su llegada a Moncloa. Así, el Congreso ha pactado una propuesta a través de la cual instará al Gobierno de Pedro Sánchez a alcanzar un pacto de Estado por la infancia. Este martes la idea se debatirá en el pleno, pero ya cuenta de antemano con la aprobación de todos los grupos, que han firmado una PNL.
Los portavoces de todos los grupos respaldan el acuerdo con el objetivo de que los niños y niñas cuenten con “un sistema de protección suficiente” para garantizar “el ejercicio de todos sus derechos”. La propuesta se divide en tres ejes: materia de inversión, materia educativa y materia de protección. 1.200 euros por menor La iniciativa reclama un compromiso de incremento progresivo de la inversión en infancia hasta alcanzar la media europea.
En concreto, se contempla la implementación progresiva hasta 2022 de una nueva prestación económica directa de 1.200 euros anuales para los niños y niñas en situación de pobreza. Se trataría de una prestación no contributiva con cargo a la Seguridad Social y que será compatible con la actual prestación por hijo menor de edad con una discapacidad mayor del 33% y otras ayudas sociales y educativas dirigidas específicamente a los niños y niñas.
Según los estudios realizados, beneficiaría a unos 2.485.000 niños y niñas y reduciría las tasas de riesgo de pobreza infantil en un 18% y las de pobreza infantil severa en un 30%. Más plazas en educación infantil Por otra parte, el pacto incluye medidas de tipo educativo.
Habrá un aumento progresivo de la oferta de plazas públicas de educación infantil de primer ciclo, a través de una cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas para financiar conjuntamente la creación de 70.000 plazas publicas en escuelas infantiles, que deberán ser gratuitas para las familias con menos recursos.
De esta manera la tasa de escolarización en educación infantil se situaría en el 40,26%. Además, otro de los objetivos ampliar la inversión en becas y ayudas al estudio para alcanzar la media europea del 0,44% del PIB en 2022.
Esto podría hacerse, sobre todo, en las etapas obligatorias y postobligatorias no universitarias. Más allá de eso, se revisarán loscriterios de concesión para que el alumnado por debajo del umbral de la pobreza tenga derecho a las máximas cuantías y que estas sean suficientes para cubrir los costes educativos.
“Sigue la línea del Gobierno” La portavoz socialista de Infancia y Adolescencia, Sonia Ferrer, señaló que esta iniciativa está “en consonancia con el compromiso del Gobierno y del presidente Pedro Sánchez de que esta sea la legislatura de la Infancia; de colocar la infancia y la lucha contra la pobreza infantil en la agenda política”.
Ferrer explicó a 20minutos que su grupo parlamentar es “parte protagonista en este acuerdo” y se mostró satisfecha del consenso alcanzado. “Nos reunimos con todos los grupos y también con plataformas por la infancia, estamos ante una cuestión de Estado”, desgranó. La posición del PP en un primer momento fue de rechazo, pero posteriormente se sumaron, algo que Ferrer acepta de buen grado.
Desde los populares comentaron que se sumaron “por responsabilidad”. Eso sí la diputada lanza un aviso: “Para que esto salga adelante se tienen que aprobar los Presupuestos”. La diputada de Ciudadanos, Virginia Millán respalda el pacto pero fue muy crítica con el Ejecutivo de Sánchez.
“Esta iniciativa sienta las bases de un pacto. Un pacto de carácter político, con un compromiso real que no se base únicamente en gestos que persiguen el marketing político”, dijo, y valoró el Alto Comisionado contra la pobreza infantil como un “un artefacto propagandístico sin dotación presupuestaria”.
Puso en valor además el trabajo de la formación naranja: “Muchos de los objetivos finales de este Pacto han empezado a andar con nuestras medidas. Escuelas infantiles, aumento de permisos de paternidad y equiparación con los permisos de maternidad”.
La portavoz de Unidos Podemos, Ione Belarra, contó a este medio que su grupo se alegra del acuerdo en el Congreso pero piden “hechos”. Asimismo, recordó que ellos fueron los primeros en pedir un pacto de Estado por la infancia “en un momento en el que el 30% de los niños y niñas viven en riesgo de pobreza o pobreza extrema”. De nuevo, apeló a la aprobación de las cuentas. “Hay que aprobar los Presupuestos porque esta medida es muy urgente”, concluyó.
