Eran días de vino y rosas para Podemos: quizá por eso trataron de tumbarlo. Allá por 2016, en pleno auge electoral y apenas 23 días después de que la formación irrumpiera en el Congreso con 69 escaños, el digital OK diario lanzaba la primera piedra. El periódico dirigido por Eduardo Inda publicaba una información sobre un supuesto documento policial que afirmaba que el Gobierno de Irán había financiado al líder del partido y a su entorno para lanzar la carrera política del dirigente de izquierdas. Un informe que no llevaba el sello de ninguna unidad de las Fuerzas de Seguridad, pero que dio lugar a numerosos titulares durante meses. Además, sirvió de base para que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llevase el caso al Tribunal de Cuentas y para que se presentasen, sobre la base de su difusión en los medios de comunicación, dos denuncias en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo contra la cúpula de la tercera fuerza política del país.
Pero ese escrito, bautizado como informe Pisa (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima), nunca ha tenido ningún recorrido judicial. Vinculada su autoría a la brigada patriótica—el grupo creado en el seno de la Policía Nacional en la etapa del ministro Jorge Fernández Díaz para supuestamente perseguir a adversarios políticos—, la Audiencia Nacional rechazó de forma contundente la denuncia presentada contra Podemos por un partido denominado Unión Cívica Española-Partido por la Paz, Reconciliación y Progreso de España.
En junio de 2016, el magistrado Alejandro Abascal, entonces juez de refuerzo en el Juzgado Central de Instrucción número 6, aseveró en un dictamen que la sucesión de hechos recogida en ese “supuesto informe policial” carecía “de toda virtualidad indiciaria como principio de prueba”. Es más, concluía que el documento no tenía ningún valor y sentenciaba: “La denuncia es un conjunto desordenado de reproducciones de noticias publicadas en la prensa, en las que se atribuye a los denunciados y otras personas recibir cantidades de dinero de paraísos fiscales o países de riesgo a través de la empresa 360º Global Media, propiedad supuestamente de un ciudadano iraní”.
Antes, en abril de 2016, había sucedido algo similar en el Supremo. Después de que la Fiscalía del alto tribunal rechazara que se admitiese a trámite una querella del seudosindicato Manos Limpias y tachase el informe de “mera remisión de informaciones no autentificadas”, los magistrados concluían que no existían indicios “mínimamente avalados por algún elemento objetivo que apoyen la verosimilitud” del informe Pisa.
Aun así, los ataques contra el partido de izquierdas ya se habían sucedido durante casi medio año, con las elecciones de junio de 2016 en el horizonte, después de que ningún partido fuese capaz de formar Gobierno tras las celebradas en diciembre de 2015. Y esas arremetidas tampoco cesaron después, tras el archivo de las dos denuncias presentadas en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Algunos partidos colaboraron a fomentar las sospechas de financiación irregular. De hecho, el PP creó en esta legislatura una comisión de investigación en el Senado donde llegó a asegurar que estaba “muy cerca” de poder afirmar que Podemos se financió ilegalmente con dinero de Venezuela e Irán. “Tenemos indicios más que racionales”, dijeron los populares. De momento, en los tribunales no saben nada de esas sospechas.
