El Gobierno español aprobó el viernes una serie de medidas urgentes para tratar de relajar el tensionado mercado del alquiler residencial en España, aunque descartó fijar topes de precios en las zonas más demandadas tras el repunte de los alquileres turísticos en Barcelona y Madrid.
“No contemplamos medidas de intervención de los precios en el mercado”, dijo el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en rueda de prensa preguntado sobre si se había realizado un registro de precios para regularlos en las zonas de mayor demanda.
Los precios del alquiler en algunas zonas de España han subido con fuerza en los últimos años al calor del repunte de la economía y el turismo mientras se popularizan servicios de alquilar de viviendas como Airbnb, especialmente en grandes ciudades con gran afluencia de visitantes como Barcelona o Madrid.
El encarecimiento de los precios también supone una dificultad añadida para los jóvenes, un colectivo que tiene una alta tasa de paro y a quienes va dirigida en esencia la batería de medidas.
“Queremos acabar con un drama que acaba con los proyectos de vida, especialmente de los jóvenes”, dijo Ábalos.
AMPLIACIONES DE PLAZO
Algunas las medidas habían sido largamente anticipadas por el actual Gobierno en minoría, que accedió en verano al poder a través de una moción de censura contra el gobierno del conservador Mariano Rajoy.
El Gobierno dijo que ampliará a cinco desde tres los años el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de alquiler, extendiéndolo hasta los siete años si el arrendador es una persona jurídica.
El plazo de la prórroga tácita del contrato, cuando ninguna de las dos partes pide la terminación del mismo tras el plazo obligatorio, pasará de uno a tres años, mientras que se limitará la exigencia de garantías adicionales a la fianza a los inquilinos hasta un máximo de dos mensualidades.
El Ejecutivo también modificará la ley para permitir que las comunidades de vecinos puedan limitar la actividad del alquiler turístico de vivienda, por acuerdos con mayoría cualificada de tres quintas partes de los propietarios.
Algunos expertos criticaron la medida porque consideran que encarecerá los alquileres.
“Desequilibrar la balanza como ha hecho el gobierno cambiando la Ley de Arrendamientos Urbanos con medidas que penalizan a los propietarios acabarán provocando que la oferta sea menor y los precios suban”, Fernando Encinar, jefe de estudios del portal inmobiliario idealista.
“Hemos echado en falta más soluciones que animen a los propietarios de casas vacías a ponerlas en alquiler”, añadió.
