Incremento en las listas de espera en la sanidad, trabas para percibir la renta garantizada de ciudadanía (RGI), colas para tramitar ayudas a la dependencia, congelación de tarifas en el Tercer Sector… Las políticas sociales debían ser el “motor de la república”, según publicitó Quim Torra en su investidura presidencial en mayo pasado. Sin embargo, se han convertido en la gran asignatura pendiente del Ejecutivo catalán. Se agita la importancia de esas inversiones como un reclamo para ampliar la base social del independentismo, pero al tiempo se desatienden esas políticas, según los potenciales beneficiarios y las entidades que los agrupan. El Gobierno catalán nada con más comodidad en las aguas de la simbología, con sus banderas, lazos e imprecisas hojas de ruta.
El Ejecutivo de Torra no se cansa de repetir que los presupuestos actuales –en realidad son los de 2017 prorrogados, ahora por falta de mayoría parlamentaria– son los más sociales, puesto que suponen una inversión en ese terreno superior al 70%. El caso es que ni Junts per Catalunya ni Esquerra Republicana –las dos patas sobre las que descansa el Consell Executiu– han logrado encontrar la complicidad de potenciales aliados políticos como Catalunya en Comú, Partit dels Socialistes o sus viejos socios de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP). Con los Comunes de Ada Colau es con quien más cerca ha estado de cerrar un acuerdo. Pero la negociación se fue al traste con el portazo del independentismo a los Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez y, en clave catalana, por las reiteradas negativas del Ejecutivo de Torra a subir el tramo autonómico del IRPF hasta un 25,5% para los ingresos superiores a 120.000 euros –como sucede en Andalucía, Asturias o Cantabria– , y por su determinación de no tocar el impuesto de sucesiones.
El Gobierno catalán confía en regresar a los mercados financieros internacionales, una voluntad recurrente del independentismo, cuando el rating de la deuda pública catalana merece todavía la consideración de bono basura. Desde 2011, cuando se inició la etapa de austeridad bajo los Gobiernos de Artur Mas, aún queda trecho por recorrer para sobreponerse a unos recortes que solo encontraron parangón en la Castilla-La Mancha de la popular María Dolores de Cospedal .
En estos momentos, mientras el propio Torra blande el déficit fiscal –que sitúa en 15.000 millones anuales– como la causa de esa falta de fondos para políticas sociales, entre sindicatos, colectivos y usuarios crece la indignación por las magras partidas, los retrasos y la burocracia. El Gobierno catalán ya tuvo que hacer frente en noviembre de 2018 a las protestas en la calle de funcionarios, estudiantes, profesores y médicos. La política de parches se ha mostrado insuficiente. Un 53,1% de los catalanes consultados por el Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat en enero de este año consideraban que el Gobierno de Torra “no sabe cómo resolver los problemas del país”
El pasado jueves, la patronal del Tercer Sector, que gestiona buena parte de la cartera pública de servicios sociales y aglutina a 1.200 entidades, denunció la infrafinanciación y reclamó una inyección urgente de entre 600 y 900 millones de euros para atender las necesidades más acuciantes. La tarifa por usuario para un centro de día con terapia ocupacional era de 555,79 euros en 2009 y sigue siendo la misma cantidad diez años después.
En el terreno sanitario, el panorama tampoco mejora: el número de personas en espera de una prueba diagnóstica ha crecido en un 23,5%, 27.736 ciudadanos más desde que Torra tomó posesión. Aguardan para operarse 17.392 pacientes, un 10% más que en abril de 2018. Y 454.098 usuarios esperan una media de 97 días para ser visitados por el especialista correspondiente. Estos datos, que tienen como fuente el Departamento de Salud, son provocados por “el desgobierno” y por la falta de una “dotación presupuestaria estructural en listas de espera”, apuntan desde el colectivo de la Marea Blanca.
En el campo de la dependencia sucede otro tanto. 24.751 personas han fallecido en Cataluña desde 2011 mientras esperaban que el procedimiento burocrático determinara la ayuda que les correspondía. En febrero de 2019, había 26.104 catalanes a quienes les habían reconocido los dos grados más severos de dependencia –el II y el III– que aguardaban que se hiciera efectiva la prestación ya concedida. Lo mismo sucede con 47.305 dependientes del nivel más leve. Además, 27.032 personas esperan plaza en una residencia pública. Según la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales la “situación es crítica”. La falta de contribución por parte del Gobierno central es una de las causas de esta situación, pues, según la Generalitat, ha dejado de aportar 5.700 millones. Sin embargo, Cataluña es el furgón de cola de las comunidades españolas, pues desde 2015 ha paralizado el desarrollo del sistema de dependencia, contrariamente a otras autonomías que han volcado fondos propios en esa tarea, según la citada asociación.
Otro tanto sucede en el terreno de la RGI, una prestación que pueden percibir los mayores de 23 años, con dos años de residencia en Cataluña sin patrimonio –mas allá de la primera residencia– y con las ayudas de la Administración agotadas. Una iniciativa legislativa popular, apoyada por más de 120.000 firmas, la llevó al Parlament en 2017. Fue aprobada por unanimidad. Casi dos años después, sin embargo, de las 133.746 solicitudes solo se han aprobado 10.468. La burocracia ha convertido en un auténtico víacrucis la consecución de esta prestación. En la actualidad hay 120.004 beneficiarios de la RGI, la inmensa mayoría de los cuales percibían antes de 2017 la antecesora renta mínima de inserción. Estas cifras cobran importancia pues la propia Generalitat reconoce que en Cataluña hay 350.000 personas en situación de pobreza severa. Los ayuntamientos de las coronas metropolitanas de Barcelona —incluida la propia capital desde el pasado viernes, sin el apoyo de PDeCAT y ERC— han aprobado mociones o realizado declaraciones institucionales para que se agilice la renta garantizada de ciudadanía.
De los obstáculos que el Gobierno catalán pone a las medidas que reclaman ciudadanos y ayuntamientos da idea el reciente decreto sobre el modelo de vivienda social de protección oficial. En el texto se liberaliza el modelo de vivienda protegida para fijar los precios en función del valor del suelo o del barrio en que se ubique, dando la vuelta como un calcetín a la propuesta aprobada hace semanas por el Ayuntamiento de Barcelona, que obliga a hacer un 30% de vivienda social a los promotores en nuevas construcciones.
