El Gobierno se enfrenta a la tormenta perfecta en Cataluña. Una semana después del fiasco de las elecciones andaluzas, con sectores del PSOE inquietos ante la posibilidad de que la crisis catalana se lleve por delante sus expectativas electorales, el independentismo ha iniciado una escalada que tiene dos esferas: por un lado están los Comités de la Defensa de la República (CDR), que han elevado la presión con cortes durante horas de una vía fundamental como la AP-7, y por otro el president Quim Torra, que exige a los Mossos que no actúen contra ellos y además preconiza la “vía eslovena”, citando un ejemplo de un referéndum de autodeterminación en este país que acabó en una guerra de 10 días con 74 muertos.
Por si eso fuera poco, el Gobierno ya ha anunciado, y no hay marcha atrás posible, que el 21 celebrará un Consejo de Ministros en Barcelona que esta escalada de los CDR puede convertir en un auténtico problema de seguridad. La imagen del Ejecutivo teniendo que acceder a Barcelona con helicópteros o con fortísima escolta y sin la confianza plena en la actuación de los Mossos inquieta mucho en La Moncloa.
En medio de esta tormenta perfecta, el Ejecutivo decidió pasar a la acción y aumentar la tensión con la Generalitat en una escalada política de consecuencias imprevisibles, puesto que el Ejecutivo no puede resistir muchos meses sin los votos independentistas en el Congreso.
El Ejecutivo envió tres cartas muy claras. Una, de la vicepresidenta, Carmen Calvo, a su homólogo, Pere Aragonés, en la que le reprocha que “aparentemente ha existido una dejación de las funciones que tiene atribuidas ese Gobierno, con consecuencias para la seguridad pública”. “Es nuestra obligación evaluar los posibles incumplimientos del ordenamiento jurídico que se hayan producido”, remata Calvo en un tono de clara advertencia.
Además se envió otra del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y una última del de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que es la más dura y la más explícita, ya que detalla el artículo de la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que permitirá al Gobierno enviar a la policía a Cataluña si los Mossos no garantizan la seguridad. Grande-Marlaska recuerda que el artículo 38.2 de esta norma, “prevé los supuestos de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando lo estimen oportuno las autoridades estatales”. El Gobierno exige en esta misiva que los Mossos ejerzan “las funciones que legalmente le incumben”.
“Proporcionalidad”
“En caso contrario”, señala el ministro, “se ordenará la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando proceda y en términos de proporcionalidad y necesidad”. El Ejecutivo lo dice claro: si los Mossos no garantizan la seguridad, lo harán las fuerzas policiales del Estado.
Según el Gobierno, no se trata de una fase previa para aplicar el artículo 155 de la Constitución, porque no están pensando de momento en intervenir la Generalitaty ni siquiera a los Mossos, pero sí un aviso de que lo que no hagan ellos lo harán el Gobierno o la Policía Nacional. Ya habrá una primera versión de esta muestra de desconfianza el 21, durante el Consejo de Ministros en Barcelona. El Ejecutivo enviará un nutrido grupo de policías y guardias civiles antidisturbios para garantizar la seguridad. El despliegue aún no está cerrado pero será muy importante, admite el Ejecutivo, que ya no se fía de lo que puedan hacer los Mossos. El PSOE sí dejó claro que se aplicará el 155 si es necesario “Al PSOE no le temblará la mano. Ya está bien, esto ha llegado a un punto irrespirable”, sentenció la portavoz del comité electoral del partido, Esther Peña.
Ahora el Gobierno espera la respuesta de la Generalitat. Anoche, el vicepresidente catalán defendió en TVE que “la seguridad en Cataluña está plenamente garantizada” y los Mossos “actúan siempre con criterios profesionales y no políticos”. Aragonés descartó también la vía eslovena y aseguró que su apuesta es “absoluta y escrupulosamente pacífica”.
La Moncloa aún confía en que el Govern rectifique y deje actuar a los Mossos contra los CDR. De hecho, incluso antes de que se produjera el envío de cartas desde Madrid, la Generalitat ya había dado muestras de un cambio de tono. El consejero del Interior, Miquel Buch, intentó cerrar el cisma abierto con los Mossos después de que Torra le pidiese depurar la cúpula por las cargas en Girona y Terrassa del jueves pasado, cuando un grupo de miembros de los CDR intentaba boicotear manifestaciones de Vox. Si el viernes tenía la consigna de llevar a cabo las destituciones en cuatro días, este lunes Buch pidió disculpas a los Mossos y les aseguró que no habrá “ningún cambio en la línea de mando”, según explicaron fuentes policiales. Los comisarios e intendentes de los Mossos asistieron perplejos al discurso leído de menos de media hora de Buch, que logró contener el envite de Torra y evitar, al menos por ahora, que se modifique la cúpula. “Estos días, igual que ustedes, yo no me he sentido nada cómodo”, aseguró.
Mientras Torra se mantenía alejado de la polémica en dos días de ayuno en Montserrat, el mismo consejero que el viernes hablaba de “algunas imágenes que no se acaban de ajustar a los principios que corresponden a una policía democrática”, este lunes afirmó ante los mandos que los dispositivos de Terrassa y Girona fueron “globalmente” correctos. E incluso hizo un guiño al jefe de los antidisturbios de los Mossos, el intendente Carles Hernàndez. “Se le ha señalado de una forma absolutamente injusta”, dijo. El comisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius, pidió a los comisarios que cierren filas ante el 21, una fecha en la que saben que se juegan parte de su prestigio. En este contexto, el Gobierno acelera el paso, presionado también por la oposición, que pide aplicar el 155 ya, y la Generalitat suaviza su postura. Pero todo parece un tanteo a la espera del 21.
