El Gobierno español ha retrasado la derogación de la reforma de las pensiones de 2013 que fija cómo revalorizar las prestaciones mediante un indicador que limita las subidas al 0,25 por ciento mientras la Seguridad Social tenga saldo negativo.
El Ejecutivo se insta a diseñar en el plazo de seis meses “un mecanismo de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo” preservando la sostenibilidad financiera del sistema.
En el texto se mantiene que el nuevo indicador tiene que estar de acuerdo con las recomendaciones del Pacto de Toledo (la comisión parlamentaria encargada de consensuar las reformas de las pensiones) que había pedido volver al IPC.
La supresión del indicador del 0,25 por ciento y el regreso a tomar la inflación como referencia estaba contemplada en el borrador del Real Decreto ley que se ha estudiado esta misma semana y al que tuvo acceso Reuters.
El Ejecutivo ha decidido no dar el paso, muy demandado por los colectivos de pensionistas, y retrasar la decisión al menos seis meses.
Según los expertos, la revalorización de las pensiones indexada a la inflación supone una fuerte presión financiera para el sistema y la medida de contención del gasto se adoptó en el marco del rescate financiero.
Los defensores de recuperar el IPC como referencia aseguran que si se dota de más ingresos al sistema sería sostenible.
El texto aprobado en consejo de ministros dice que la revalorización del 0,25 por ciento no se podrá aplicar en 2019, y que la actualización de las pensiones será de un 1,6 por ciento con carácter general.
Esto supone un coste de 2.591 millones de euros.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que la subida del 1,6 por ciento hará ganar poder adquisitivo a los pensionistas ya que el Gobierno prevé una inflación en 2019 “por debajo del 1,2 por ciento”.
Sánchez ha hecho el anuncio en la rueda de prensa de fin de año, donde ha hecho un balance de su gestión en estos siete meses -llegó al poder tras ganar una inesperada moción de censura el 1 de enero-.
Aunque en su intervención sacó pecho del buen momento económico y de las medidas adoptadas, las preguntas de los medios se centraron en la situación de Cataluña y en la fragilidad del Gobierno que solo controla la cuarta parte del Congreso.
Sánchez aseguró que su intención es agotar la legislatura y que trabaja para sacar unas nuevas cuentas públicas para 2019. Respecto a Cataluña tuvo un tono más firme que en otras ocasiones.
“Dentro de la Constitución hablaremos de todo, fuera de nada”, resumió.
