El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón está dando en los últimos días un nuevo impulso a la investigación sobre el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Este jueves tomará declaración como imputados al polémico policía, encarcelado desde noviembre de 2017, y a otros dos altos mandos policiales: el comisario Enrique García Castaño, señalado como su socio, y el considerado jefe de la brigada patriótica, el comisario Eugenio Pino. El miércoles el magistrado prohibió abandonar España a un cuatro comisario implicado en la Operación Kitchen. Además, se conoció la imputación de cinco policías y un funcionario de Hacienda por facilitar datos confidenciales a Villarejo para chantajear a sus víctimas.
La decisión de García-Castellón de imputar a estos seis presuntos topos de Villarejo se produce a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que considera probado que en la documentación intervenida al comisario jubilado sobre el llamado Proyecto Iron (el encargo del bufete Herrero de investigar a un despacho de la competencia) existen datos […] confidenciales de las víctimas. La fiscalía consideraba que este informe, por el que el comisario cobró 300.000 euros, contiene “datos personales […] cuyo acceso se encuentra restringido y que, dada la naturaleza de aquellos y las dificultades para acceder a los mismos, existen serios indicios de que los mismos han sido obtenidos de forma espuria de bases de datos policiales por personas cercanas al entramado empresarial de Cenyt [propiedad de Villarejo]”.
En otra de las piezas del sumario, la denominada Pintor —en la que se investiga al comisario jubilado por recabar información sobre un empresario y un abogado con el supuesto fin de extorsionarlos— ya se habían detectado irregularidades similares. Por ello, fueron imputados otros dos policías: un subinspector destinado en la lucha antiterrorista y un agente de Seguridad Ciudadana de Granada.
En el caso del Proyecto Iron, la investigación se centró en identificar tanto a policías como a funcionarios de la Agencia Tributaria que hubieran realizado consultas sobre datos confidenciales de las víctimas en los días […] previos a la elaboración del informe, en octubre de 2013. Los agentes comprobaron que parte de esa información había sido consultada por dos inspectores jefes destinados en la lucha antiterrorista, Juan José Díez Álvarez y Manuel Novoa Martínez, actualmente jubilados. Anticorrupción los acusa por ello de revelación de secreto y cohecho.
Por los mismos delitos ha sido imputado el funcionario de Hacienda Antonio Chaparro Luque, actualmente jubilado. Según detalla el juez, en los registros realizados tras la detención de Villarejo en noviembre de 2017 se encontró un documento de la Agencia Tributaria de 2013 relacionado con la declaración fiscal del bufete espiado.
La investigación también vincula con la consecución de este documento a otros dos policías ahora imputados en esta pieza del caso Villarejo, y que ya eran investigados en la causa. Se trata del comisario Enrique García Castaño, conocido como El Gordo, y el inspector jefe Antonio Bonilla, a los que acusa de revelación de secreto y cohecho. El juez ha ordenado además que comparezca como imputado un quinto agente, Antonio Serrano García. A este lo relaciona con el supuesto asalto que sufrieron los servicios informáticos del bufete espiado. Los tres policías acudirán este viernes a declarar.
La Operación Kitchen
Este jueves lo harán como imputados otros tres comisarios, en este caso por la Operación Kitchen, el dispositivo policial puesto en marcha en 2013 para espiar sin control judicial a Bárcenas en pleno escándalo por la caja b del PP. Uno de ellos es Villarejo, encarcelado desde su detención. El segundo, García Castaño, al que Anticorrupción señala como socio del anterior. Finalmente, está citado el comisario Eugenio Pino, quien fuera número dos de la Policía en la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. Pino, señalado como jefe de la brigada patriótica, ha sido procesado por un juzgado de Madrid por intentar incorporar al sumario del caso Pujol un pendrive con información de origen desconocido.
El martes ya declaró el chófer del extesorero y actual policía Sergio Ríos, al que el juez retiró ayer el pasaporte, y fijó comparecencias mensuales en el juzgado tras confesar que trabajó para Interior a cambio de dinero. El miércoles lo hizo el comisario Andrés Gómez Gordo, quien fuera asesor de María Dolores de Cospedal cuando fue presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha. Gómez Gordo, que estaba en 2013 a las órdenes de Pino, fue señalado por el conductor de Bárcenas como la persona que le captó como confidente. Tras declarar, el juez prohibió a este mando abandonar España.
