El caso Popular, que se investiga en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades que acabaron con quiebra de la entidad y su posterior venta al Banco Santander por un euro, continúa avanzando con las declaraciones de los miembros del consejo. Sin embargo, el juez instructor ha decidido ir preparando una posterior oleada de comparecencias de testigos del máximo nivel.
José Luis Calama ha notificado los próximos señalamientos de oficio que incluyen a Elvira Rodríguez, expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para el 4 de marzo; Luis Linde, exgobernador del Banco de España cuando cayó el banco, el 11 de marzo, Sebastián Albella, que fue asesor del Popular a través del despacho Linklater y actualmente presidente de la CNMV, el 18 de marzo, y Luis de Guindos, ministro de Economía en las fechas del final de la entidad y ahora vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE).
El juez investiga cómo se hizo la ampliación de capital de mayo de 2016, un año antes de que el banco pidiera la intervención del BCE porque no podía abrir las oficinas ante la falta de liquidez. Tras la quiebra, en julio de 2017, el Popular dejó a miles de accionistas y bonistas sin sus ahorros. por lo que se han presentado multitud de querellas por fraude de inversores, falsedad de cuentas, administración desleal y delito contra la Hacienda Pública contra los exconsejeross y la auditora PWC.
La ampliación de capital ascendió a 2.505 millones de euros. La Audiencia Nacional también investiga si los problemas vienen de antes de la caída, es decir, del 2016 cuando se remitió el folleto informativo a la CNMV.
Se trata de averiguar si contenía datos inexactos sobre la situación real del banco, es decir, si la contabilidad no reflejaba la realidad y pudo llevar a engaño a los inversores que colocaron allí su dinero. Sobre esa cuestión, el propio juez Calama ha participado en los interrogatorios de los consejeros imputados, así como el fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral.
