El Gobierno y el PSOE están dispuestos no solo a exhumar los restos del dictador Francisco Franco sino también a desarrollar otras exigencias históricas de las víctimas del franquismo como la anulación de los juicios de la dictadura. ERC y PDeCAT han aprovechado el debate sobre el decreto ley que permitirá la exhumación para exigir la anulación de esas sentencias, algo que rechazaron anteriores gobiernos socialistas. Adriana Lastra, portavoz del PSOE, asegura que esas anulaciones se aprobarán en breve. Hay varias alternativas parlamentarias para hacerlo.
El Gobierno socialista solo cuenta con 84 diputados, muchos menos de los 169 que tenía José Luis Rodríguez Zapatero cuando sacó adelante la Ley de Memoria Histórica que marcó un hito al forzar el cambio de nombre de centenares de calles y plazas que homenajeaban al franquismo, la retirada de placas y ayudas importantes a las asociaciones que se dedican a buscar a los desaparecidos españoles. Pero con esos 84 escaños, sumados al apoyo de los socios que le apoyaron en la moción de censura, pretende llegar mucho más lejos que Zapatero. No solo está decidido a exhumar los restos de Franco —el decreto ley se aprueba mañana— sino que está dispuesto a desarrollar una nueva Ley de Memoria Histórica más ambiciosa que incluya medidas simbólicas de calado como anular los juicios franquistas.
Siempre que se intentó con algún caso concreto, como el de Salvador Puig Antich, Julián Grimau o Lluis Companys, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo rechazó anular las sentencias porque considera que se atenían a la legalidad vigente en ese momento. El Gobierno de Zapatero sentenció en la ley de memoria la ilegitimidad de esos tribunales militares que hicieron los juicios sumarísimos, pero no anuló las sentencias por miedo a provocar “inseguridad jurídica”. Ahora el PSOE sí parece dispuesto a llegar más lejos y ha respondido afirmativamente a la petición que le hacen en especial sus socios catalanes de ERC y PDeCAT para que anules sentencias como la de Companys, president de la Generalitat asesinado en 1940 después de ser detenido por la Gestapo en Francia.
“Si el Gobierno del PSOE quiere apoyo de ERC para exhumar Franco debe comprometerse en la anulación sentencia President Companys, símbolo de miles de catalanes y españoles fusilados. Hacer lo que en 2004 dijeron que harían y luego negaron. Mantendremos nuestra coherencia”, reclamó Joan Tardá, portavoz de ERC. Los republicanos, que aún no han comenzado a negociar con el PSOE, quieren “el compromiso del Gobierno de que la anulación de los juicios del franquismo se hará antes de finalizar la legislatura”, aseguró Tardá a EL PAÍS.
El PDeCAT también pide la anulación de los juicios franquistas y una reforma integral de la Ley de Memoria Histórica, señala a este diario su portavoz en el Parlamento, Carles Campuzano. Pero de momento no lo condiciona al voto del decreto, al que en ningún caso la formación se opondrá, aunque está en conversaciones con los socialistas.
El socio principal del Gobierno, Unidos Podemos, ha ido más lejos planteando una revisión de la Ley de Amnistía, aunque asegura que apoyará cualquier medida que profundice la memoria histórica. Ione Belarra, portavoz adjunta del grupo parlamentario, ha declarado en La Sexta: “No puede ser que no se hayan juzgado los crímenes del franquismo y que la ley de Amnistía se haya convertido en una ley de punto final”.
El PSOE garantizará a ERC y PDeCAT su intención de hacer esta reforma de forma inmediata para lograr su apoyo al decreto de exhumación de los restos de Franco. Hay dos vías parlamentarias para lograr esa anulación. Una, lograr que la mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, desbloquee una proposición de ley de PDeCAT tomada en consideración en noviembre de 2017 con el apoyo del PSOE, Podemos, ERC y PNV, la abstención de Ciudadanos y el rechazo del PP. Desde entonces la mesa la bloquea ampliando el periodo de enmiendas indefinidamente.
La otra es que el Gobierno cumpla lo prometido en julio por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y registre una nueva ley de memoria histórica más amplia que incluya la anulación de los juicios políticos del franquismo, la posible ilegalización de la Fundación Francisco Franco y la garantía de que el estado asumirá la búsqueda de los desaparecidos. Con cualquiera de las dos opciones, Adriana Lastra aseguró ayer a EL PAÍS que la anulación saldrá adelante y por tanto hay una sintonía total en este asunto con los grupos que apoyaron la moción de censura.
Lastra insiste en que los restos del dictador saldrán del Valle de los Caídos, lo da por hecho. Y ofrece otro argumento para la urgencia: “La exhumación es un requerimiento de varios organismos internacionales como la propia Naciones Unidas, no es normal cuando se cumplen 40 años de Constitución y 43 de la muerte de Franco este país tenga un mausoleo dedicado a un dictador. Por eso vamos a sacar a Franco del Valle de los Caídos”, insiste.
El decreto ley que se aprobará este viernes tiene pues todas las opciones para salir adelante, aunque el PP anunció ayer que lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional porque considera que no está justificada la urgencia que necesita una medida extraordinaria como esta. El Gobierno argumentará que la iniciativa parlamentaria aprobada en 2017 con el apoyo de Ciudadanos para impulsar la exhumación ya determinaba la urgencia de llevarla adelante.
Esta vez Ciudadanos no votará a favor. Se abstendrá. La formación ha decidido ese voto porque discrepa de que el Gobierno haya elegido un decreto y no un proyecto de ley para dar cobertura legal a la decisión, pero afirma que está de acuerdo con sacar los restos del dictador del mausoleo. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció en una entrevista en Onda Cero que su partido no apoyará el decreto. La abstención, en cualquier caso, permite que se apruebe, ya que solo necesita mayoría simple (más votos a favor que en contra) y solo el PP se plantea oponerse.
Los populares recurrirán el decreto ley del Gobierno porque no ven justificada la urgencia. Pero no han confirmado aún su voto. Una opción sería abstenerse en la votación y recurrir después el decreto al Constitucional. El secretario general del PP, Teodoro García, avanzó que la formación hará batalla contra los decretos injustificados que apruebe el Gobierno. “Lo que vamos a hacer es plantar cara, y recurrir estas medidas por real decreto que Sánchez intentará aprobar durante el próximo año”, sentenció.
