El PSOE ultima un paquete de medidas con las que espera vencer la resistencia de ERC a facilitar la investidura de Pedro Sánchez y propiciar una solución para Cataluña. La estrategia de los socialistas, con distintos plazos de ejecución, contempla ofrecer un nuevo sistema de financiación autonómica en 2020 y un aumento sustancial de la inversión del Estado en los Presupuestos del próximo año. La retirada de recursos judiciales —siempre que no estén ligados al procés— es otra opción para atraer a ERC. En una fase más avanzada se podrían reformar leyes para permitir el desarrollo del Estatut que el Constitucional recortó en 2010.
La investidura de Sánchez no está ni mucho menos cerrada pero la reunión que el PSOE y ERC mantuvieron el jueves sirvió para constatar a qué ritmo el pragmatismo va ganando adeptos en sus direcciones. La predisposición a acercar posiciones se impuso al recelo mutuo que existe desde que el desafío secesionista determina la agenda de la Generalitat.
La dirección del PSOE quería comprobar qué alma de ERC tendría como interlocutora, la más posibilista —y por tanto la más abierta a abstenerse en la investidura de Sánchez— o la enrocada en la independencia unilateral de Cataluña. Pese a que ERC continúa en el no a la investidura de Sánchez, en el PSOE apreciaron señales de que terminarán virando hacia la abstención aun a costa del desgaste que le pueda suponer entre el electorado más independentista. Pese a todo, si el martes no hay grandes avances con ERC, el PSOE se planteará posponer la investidura a enero. Si finalmente sale adelante, los socialistas ven lógico que la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat, que hasta la presidencia de Sánchez llevaba siete años sin reunirse, sea el punto de encuentro entre Gobierno y Govern.
En este escenario tan volátil, en el que el hermetismo caracteriza las negociaciones para reducir las posibilidades de fracaso, el PSOE maneja un abanico de propuestas políticas y económicas para Cataluña que van más allá de la investidura. Y que le pueden servir para a atraer a ERC. Sobre todo las más sociales, apuntan en el Gobierno. “Hay margen para el entendimiento”, comparten las fuentes consultadas por EL PAÍS en La Moncloa y en Ferraz.
Las más inmediatas son dos promesas que Sánchez ya ha adquirido: un nuevo sistema de financiación autonómica y una mayor inversión en Cataluña. Sánchez ya se comprometió en agosto a presentar un nuevo modelo de financiación —el sistema vigente está además obsoleto desde 2014— en un plazo de ocho meses si formaba Gobierno. Que haya otro modelo es una reclamación básica del independentismo: la exigencia de Artur Mas en 2012 de un pacto fiscal para Cataluña, similar al concierto económico de País Vasco y Navarra, se considera el origen del malestar independentista. Descartada esa posibilidad, Mariano Rajoy, entonces presidente, pareció abrirse a negociar un nuevo sistema de financiación que al final no prosperó.
El Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero ha avanzado bastante en una reforma cuya aplicación será, no obstante, muy complicada. Su desarrollo se barrunta difícil y arduo por todas las aristas políticas que supondrá encajar las distintas sensibilidades y reclamaciones del resto de comunidades. Sin olvidar que el PSOE tendrá que contentar al resto de partidos que faciliten la investidura. Por ejemplo, Teruel Existe exigirá medidas contra la despoblación vinculadas a una financiación autonómica estable. Conciliar todas las reclamaciones territoriales puede resultar, por tanto, muy complejo.
El aumento de la inversión estatal en Cataluña, ligado a los Presupuestos, sería más sencillo. Al menos sobre el papel. ERC y Junts per Catalunya impidieron, con sus votos en contra más los del PP y Ciudadanos, que el Congreso aprobase las cuentas para 2019 pese a las mejoras que incluía. El PSOE espera asegurar en las conversaciones que está manteniendo con ERC su respaldo a los Presupuestos. Al menos a los de 2020. Para ello insistirá en que Cataluña iba a ser la comunidad más beneficiada en el proyecto de Presupuestos de 2019 en materia de inversiones con 2.251 millones de euros. Novecientos millones más que lo presupuestado en 2018. “Existe una falta de inversión del Estado en Cataluña, tanto en infraestructuras y servicios como en vivienda”, llegó a decir José Luis Ábalos, ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE. La relevancia del gesto que el Gobierno tuvo con una de las grandes demandas de la Generalitat, pese a todo, quedaba por debajo de los niveles inversores que, según el Estatut, tendrían que equivaler al peso del PIB catalán en el Estado. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda de Rajoy, estimó en los Presupuestos de 2018 —vigentes desde entonces— una inversión ese año del 13,3% para Cataluña, que en 2017 aportó el 19,2% del PIB y el 16% de la población.
Otra fórmula para normalizar las relaciones con la Generalitat sería mediante la retirada de recursos judiciales a leyes sociales. Esto es, suavizar la confrontación por la vía judicial y siempre que los contenciosos no tuvieran que ver con el procés. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet -el PSOE la propondrá de nuevo-, abrió esta senda el año pasado durante su etapa al frente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. La dirigente del PSC firmó acuerdos con la Generalitat en los que se retiraron parcialmente recursos de inconstitucionalidad a normativas que afectaban a la pobreza energética y otras situaciones de emergencia en el ámbito de vivienda. El Ejecutivo en funciones de Sánchez tiene muy presente que Batet alertó del nivel de conflictividad “desmesurado” ante el Constitucional y que debían buscar fórmulas de arbitraje alternativas para rebajar la tensión en Cataluña.
La reforma de leyes orgánicas para permitir el desarrollo del Estatut catalán sería lo más delicado y ni siquiera está perfilado. Fuentes socialistas no especifican en qué podrían consistir y subrayan que se trata de una medida que queda muy lejos. El experto Tomás de la Quadra-Salcedo apunta a las reglas y los principios que se recogían en el Estatut sobre el esfuerzo fiscal, el principio de ordinalidad y el compromiso de inversión estatal, plausibles si estuvieran en la Constitución o en leyes del Estado en vez de en un Estatuto de autonomía. El PSOE se comprometió, en sus programas para las elecciones generales de abril y noviembre, a promover las “reformas necesarias” para un “nuevo impulso del autogobierno” dentro de la Constitución.
