Corrían las 23.25 horas del pasado 6 de septiembre cuando Carles Puigdemont y el Govern en pleno firmaban el decreto de convocatoria del 1-O en las entrañas de un Parlament que acababa de vivir la jornada más convulsa de su historia. Once horas y media de Pleno en las que el independentismo cruzó el Rubicón al quebrantar el orden constitucional y abrazar la desobediencia para aprobar la primera de las leyes de desconexión, una norma diseñada para amparar la votación ilegal separatista y que decía «prevalecer jurídicamente» al Estatut y la Carta Magna.
El rodillo secesionista impuso su criterio al de la oposición, al del TC catalán y al de los letrados del Parlament, que denunciaron estérilmente el ardid ideado por Junts pel Sí y la CUP para burlar al Tribunal Constitucional y sacar adelante por lavía de «máxima urgencia» la Ley del Referéndum y la de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, que se aprobaría el día 7 por el mismo procedimiento y se autodefinía como una «norma suprema» que entraría en vigor el 2 de octubre, convertiría automáticamente a Puigdemont en jefe de Estado, amnistiaría a los líderes secesionistas condenados por promover el procés y borraría todo rastro del Estado en Cataluña.
La colaboración de Carme Forcadell, entonces presidenta de la Cámara, resultó determinante para que la sesiones pudieran celebrarse y las normas fueran refrendadas. «Hoy se vota sí o sí», exclamó para acallar por la fuerza los reproches de los diputados constitucionalistas. Un año después, Forcadell está encarcelada por rebelión a la espera de juicio, Puigdemont, fugado de la Justicia española en Bruselas, el jefe de los servicios jurídicos de la Cámara, Antoni Bayona, ha dimitido harto del ninguneo sistemático del independentismo a sus dictámenes, y las leyes de desconexión se encuentran anuladas al considerar el Constitucional que el Parlament cometió un «grave atentado» contra el Estado de derecho al aprobarlas. Pero algo no ha cambiado. La Cámara catalana continúa secuestrada por las fuerzas separatistas que, tras refrendar su mayoría -en escaños, que no en votos- en las elecciones del pasado 21 de diciembre, mantienen paralizada la institución en la que, teóricamente, está representado todo el pueblo de Cataluña.
Reconstituido en enero tras dos meses disuelto por la convocatoria electoral derivada de la aplicación del 155, el Parlament no acoge una sesión desde julio y no volverá a hacerlo hasta el 2 de octubre por dos motivos: para que los partidos independentistas puedan dedicarse en exclusiva a movilizar a sus seguidores contra el Estado y la Justicia aprovechando la Diada y la efeméride del 1-O, y porque Puigdemont sigue imponiendo su criterio aun fugado y se niega a acatar la resolución del Tribunal Supremo y ceder su acta. A lo que sí están dispuestos el resto de diputados procesados, incluido el líder de ERC, Oriol Junqueras.
La enemistad entre el ex presidente y los republicanos se larvó en la víspera del 27 de octubre, cuando los republicanos acusaron a Puigdemont de traidor por querer avanzar elecciones en lugar de declarar unilateralmente la independencia. Paradójicamente, un año después, es ERC quien trata de contener al un ex presidente desbocado que ha encontrado en Quim Torra al vicario perfecto para retomar la vía unilateral si Cataluña regresa al clima de confrontación civil que vivió el pasado otoño; algo que president y ex president confían que ocurra cuando se conozcan las sentencias contra los cabecillas del procés encarcelados. Ese es el «momentum» elegido para replicar el golpe si antes el Gobierno socialista surgido de la moción de censura contra Mariano Rajoy no acepta la celebración de un referéndum de autodeterminación.
A pesar de que la amenaza de un nuevo 155 sigue lantente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez prefiere continuar priorizando la «vía del diálogo» incluso después de que su propuesta más ambiciosa -la votación de un nuevo Estatut en referéndum-ya ha sido despreciada por el Govern.
Así, los próximos meses determinarán si el conflicto se encamina irremediablemente a un nuevo choque institucional. «Ganaremos la república de todos y la defenderemos», volvía a proclamar ayer mismo Torra fiando su estrategia a la voluntad de la masa soberanista de concatenar una oleada de manifestaciones masivas contra el Estado que convenza a ERC de que es el momento de regresar a la unilateralidad para consumar la secesión y plasmar de nuevo ese desafío en el Parlament valiéndose de la mayoría separatista que sigue controlando la Cámara.
