El Tribunal Supremo ha decidido por unanimidad paralizar de manera cautelar la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, que el Gobierno tenía previsto llevar a cabo el próximo 10 de junio, a la espera de poder resolver sobre el fondo del asunto. De este modo, el Alto Tribunal ha aceptado la medida propuesta por la familia de Franco, la cual ha valorado el anuncio como una “decisión ajustada a derecho, contra los planes del Gobierno.
Por su parte, el Ejecutivo ya ha anunciado que respetará la decisión del Supremo, que apela a la prudencia, y esperará a su pronunciamiento final “convencido” de que le será favorable.
Con esta resolución, el Supremo intenta prevenir que un rechazo a esta suspensión cautelar implique una exhumación inmediata, según los planes de la Moncloa, que dentro de meses o incluso un año tenga que revertirse ante la posibilidad de que se den por buenos los argumentos de los demandantes.
“La razón en que descansa esa decisión es la de evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan”, ha explicado la sala en una primera nota a los medios.
“La decisión se ajusta a derecho”, ha valorado en declaraciones al Canal 24 horas el abogado de la familia del dictador, Luis Felipe Utrera Molina, que ha manifestado su “pleno convencimiento” de que los argumentos de la familia serán “objeto de valoración” en la decisión final del Tribunal.
“Aunque esto no prejuzga el fondo del asunto”, lo que sí que dice es que “los argumentos que maneja la familia son argumentos a tener en cuenta”, ha explicado el letrado, que ha recordado que “no solo se está teniendo en cuenta la exhumación sino la posterior inhumación” y ha insistido en que “el derecho de la familia a decidir dónde deben reposar los restos no ha de ser violentado”.
El Gobierno esperará a que el Supremo dicte sentencia
Con el procedimiento aún en marcha en el Supremo, el Ejecutivo, que acordó el próximo lunes, 10 de junio, como fecha en la que se realizaría el traslado del cadáver de Franco, pospondrá la ejecución de la exhumación hasta que en los próximos meses se dicte sentencia sobre el fondo del asunto, según fuentes consultadas por TVE.
De este modo, a Moncloa no le extraña la suspensión cautelar, al tener que revisar el Tribunal la legalidad de la decisión, y no ve un indicativo en ella sobre el fondo del asunto. De hecho, según estas mismas fuentes, el Gobierno está “convencido” de que el Tribunal Supremo desestimará el recurso de la familia Franco cuando dicte su sentencia.
La Sección Cuarta de lo Contencioso del Supremo, presidida por Jorge Rodríguez Zapata a quien se añaden los magistrados Celsa Pico, José Luis Requero, Pablo Lucas y Antonio-Jesús Fonseca-Herrero, ha tomado esta decisión después de que tanto la familia del dictador, como la Fundación Francisco Franco, la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos y la comunidad benedictina que vive en él presentara recursos similares que cuestionaban la legalidad de la decisión adoptada por el Consejo de Ministros, ahora en funciones, el pasado 15 de febrero para la exhumación y traslado de los restos de Franco.
Para ello, ante el silencio de la familia y tras varios meses de polémica en los que se llegó a apuntar a la catedral de La Almudena, en Madrid, como nuevo lugar de enterramiento, el Gobierno designó como emplezamiento idóneo para el nuevo sepulcro del dictador el panteón familiar situado en el cementerio municipal de Mingorrubio-El Pardo -donde ya descansa la que fuera su mujer, Carmen Polo- y que ya ha empezado a prepararse para recibir el féretro de Franco, fallecido hace 43 años.
