El Tribunal Supremo ha rechazado este miércoles por unanimidad apartar a los cinco jueces que integran el tribunal que juzgará el procés. La denominada Sala del 61 (llamada así por el artículo de la ley orgánica del Poder Judicial que lo regula) ha inadmitido a trámite las peticiones de recusación que formularon tres de los procesados que se encuentran en rebeldía (Carles Puigdemont, Luis Puig y Clara Ponsati) y ha desestimado las planteadas por ocho de los procesados que se encuentran en prisión preventiva, entre ellos Oriol Junqueras. El auto íntegro de la sala se notificará en los próximos días.
La sala ha estado reunida durante algo más de dos horas. Su decisión, el rechazo unánime a apartar a los jueces, era la esperada, según habían avanzado las fuentes consultadas. El alto tribunal había acumulado en un único expediente los seis incidentes de recusación, que se dirigían contra los magistrados Manuel Marchena (presidente de la Sala Penal), Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Antonio del Moral. La petición presentada por las defensas de 11 procesados se basaba en que cuatro de los magistrados (todos menos Antonio del Moral) formaron parte también de la sala que admitió en octubre la querella por rebelión contra la cúpula secesionista presentada por el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Algunos de los procesados, como Junqueras y Romeva, habían pedido además apartar a Del Moral porque consideran que, aunque no participó en aquella decisión, si comparte con ellos una “ideología, valores y creencias” que, en opinión de la defensa de los exconsejeros, pone en duda su imparcialidad sobre los hechos que se atribuyen a los líderes secesionistas.
La peticiones de los procesados no contaban con el apoyo de la Fiscalía del Supremo, que las calificó de “fraude procesal y atentado a la buena fe”. Según el fiscal Jaime Moreno no hay ningún indicio para sostener que los magistrado que admitieron en octubre pasado la querella contra los líderes independentistas “han entrado en contacto con la instrucción del procedimiento, ya que ni han valorado ninguna de las decisiones acordadas por el juez instructor, ni han examinado por vía de recurso las diligencias y actuaciones practicadas durante la instrucción”.
La Sala del 61, encargada de estudiar las recusaciones, está integrada por el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y por los presidentes de cada una de las cinco Salas del Supremo, además del magistrado más antiguo y el más moderno de cada una de ellas. Habitualmente la componen 16 magistrados, pero en esta ocasión han sido solo 13 porque ninguno de los tres jueces de lo Penal que la integran podían estar presentes: dos de ellos, Marchena y Martínez Arrieta, están entre los afectados por las peticiones de recusación; y el tercero, Vicente Magro, ha instruido el expediente de las mismas. Esta sala, regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tiene atribuciones especiales, entre las que se encuentran dirimir sobre los incidentes de recusación contra los presidentes de sala o dos o más magistrados de una sala o resolver sobre la ilegalización de los partidos políticos (fue la sala que ilegalizó Herri batasuna en 2003).
