El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, ha remitido a la Fiscalía General del Estado un informe en el que solicita que se investiguen las posibles responsabilidades penales y contables de los dirigentes de la Generalitat de Cataluña por el uso dado al dinero público “en la ejecución de las políticas de acción exterior” en favor del proceso independentista entre 2011 y 2017. La conclusión del fiscal se basa en un amplio informe del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que se votará en el pleno del organismo este jueves. El dinero bajo sospecha supera los 7,3 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas, a mandato de un acuerdo adoptado a finales de 2017 por la comisión mixta del Congreso y el Senado, ha terminado un amplio trabajo fiscalizador previo, de más de 500 páginas, sobre los recursos asignados por la Generalitat y sus entes instrumentales para las políticas impulsoras del separatismo en el ámbito internacional. El dosier está listo desde hace unos días. El fiscal Torres ya ha comunicado a la Fiscalía del Estado que ve responsabilidades penales, y podría haber reclamado ya el inicio del procedimiento, pero normalmente suele esperar a que los consejeros y el ponente del trabajo certifiquen en el pleno del tribunal las conclusiones sobre las responsabilidades contables, lo que sucederá el jueves según las fuentes consultadas.
El documento detalla decenas de partidas dedicadas de manera irregular a viajes, actividades, contactos, contratos, ayudas, subvenciones, aportaciones, pagos y asesoramientos del presidente catalán, sus consejeros y organismos como el Diplocat en apoyo del objetivo soberanista.
El trabajo encargado por el Congreso sobre el “destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña” ocupa un volumen inédito en los informes del Tribunal de Cuentas, lo que da una idea de la relevancia que se le concede. Y se quiere refrendar antes de que comiencen oficialmente las dos próximas campañas electorales. La última discusión de los miembros de su sección séptima sobre sus conclusiones la tuvieron este pasado jueves y en la misma todos acordaron por unanimidad darse unos días más, hasta el pleno mensual del jueves 28, para perfilar su redacción y proceder a su ratificación final.
Conclusiones: más coordinación y más lealtad
El informe de unas 500 páginas del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, incluye recomendaciones a la Generalitat y al Gobierno central. A este último, le pide que coordine y controle los planes exteriores de las comunidades autónomas. Insiste en la necesidad de adaptar la acción exterior del Gobierno catalán a “planes y principios que rigen la acción exterior española”. Y aboga porque se eviten “ambigüedades, reiteraciones y contradicciones” de las delegaciones de la Generalitat —a las que solicita la “debida lealtad”— en el extranjero con las españolas. También subraya la importancia de prever reuniones periódicas de los delegados de la Generalitat con “los órganos de representación exterior de España” para permitir el “control” y la “coordinación” de su actividad “bajo la dirección del Gobierno de la Nación”. Y recomienda la supresión de la Casa de la Generalitat de Perpiñán “dada su escasa actividad en relación con los gastos que soporta y la existencia de otras oficinas” catalanas en Francia que se “solapan” con esta.
La elaboración del informe no ha sido sencilla y ha habido “discrepancias de tipo técnico”, aseguran fuentes al tanto de la elaboración del mismo. Especialmente tras conocer el pasado 13 de marzo que el fiscal encargado había apreciado un total de 24 “indicios de responsabilidad” penal y contable en las observaciones redactadas por el ponente del informe, en este caso el consejero conservador Ángel Algarra, economista y procedente de la Universidad CEU San Pablo. Algún consejero aún se reserva la posibilidad de presentar el jueves una explicación de voto sobre cuestiones puntuales.
El tribunal empieza por constatar la existencia de 45 viajes internacionales con un coste cercano al medio millón de euros del presidente de la Generalitat (en esos años Artur Mas y Carles Puigdemont) y de los consejeros “cuya finalidad principal no se relaciona con la proyección en el exterior de Cataluña” ni con el fomento de sus intereses en su conjunto “sino vinculados a la promoción del proceso soberanista en el ámbito internacional”. La mayoría de esos desplazamientos fueron para impartir o participar en conferencias o reuniones para dar a conocer los objetivos independentistas y recabar respaldo y reconocimiento internacional.
Uso de fondos públicos
El órgano fiscalizador corrobora en ese caso y en otros que se usaron así fondos públicos para satisfacer intereses particulares y contraviniendo el principio de “lealtad institucional mutua”.
En la realización de ese trabajo fiscalizador el tribunal observa que se produjeron numerosas limitaciones porque la documentación reclamada a diferentes departamentos de la Generalitat se facilitó “desordenada e incompleta” y con irregulares justificaciones o sin las correspondientes memorias. El informe precisa incluso que la Generalitat entregó al final una serie de cajas con 2.795 documentos y unas 10.000 notas que en muchas ocasiones aparecían como meros “tickets pegados en hojas o facturas que contenían anotaciones a mano con mínimas referencias explicativas” o títulos que no se entendían.
Para sustentar su teoría de que departamentos como la Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea de la Generalitat tenían como finalidad primordial y recurrente “dar a conocer, impulsar, fomentar, promocionar, publicitar y tratar de conseguir respaldo internacional del llamado procés” el informe fiscal remite a su vez una serie de notas internas de ese negociado. Uno de esos avisos del secretario general de Acción Exterior a casi todos los cargos de su departamento fue el 29 de agosto de 2013 precisamente sobre las normas para elaborar esas notas tras hablar con el consejero: “Me ha pedido mayor celeridad en la recepción de notas relativas a temas que afectan a la transición nacional”. Tras esa orden se estableció “un canal rápido-exprés” para enviarle esas acotaciones al consejero.
El fiscal detalla hasta 166 actividades de los responsables de ese departamento de Acción Exterior entre 2013 y 2015 para fomentar y publicitar el reconocimiento del procés, como por ejemplo la “intensificación de contactos con países con situaciones semejantes buscando paralelismos y contradicciones”, más comunicaciones con las embajadas, entrevistas y reuniones con periodistas extranjeros, más intervenciones en conferencias y debates sobre el tema, acompañamientos al presidente y los consejeros a ese tipo de actos y a viajes oficiales con esa finalidad y reuniones con parlamentarios de otras naciones.
El responsable de esa secretaría convocaba dos veces al año en Barcelona a los delegados internacionales y de órganos como el Diplocat para tratar sobre los argumentarios redactados para difundir el proceso.
Más de siete millones de euros gastados
- El informe remitido por el fiscal del Tribunal de Cuentas a la Fiscalía para que indague sobre posibles delitos va desglosando diferentes partidas gastadas entre 2011 y 2017 con esos fines sin aportar un cuadro final de conclusiones. Pero la suma de todas las cantidades detalladas alcanza la cifra de 7.303.430 euros. En la misma se incluyen un total de 45 viajes de los distintos presidentes y consejeros por valor de 479.633 euros; 166 actividades de la Secretaría de Acción Exterior con ese cometido (45.509), dos viajes anuales de todos los embajadores internacionales de la Generalitat a Barcelona (35.729), dos contratos sospechosos del Diplocat (42.345), siete subvenciones sin justificar, dos aportaciones anómalas de 100.000 euros a entidades multilaterales de cooperación que se entienden desvirtuadas y sin concurrencia; gastos de las denominadas embajadas (302.793) o pagos que se ven como injustificados (171.612), y la utilización de sus locales para los referendos ilegales del 9-N y el 1-O. En otros apartados se indica que ha habido abonos de asesoramientos cuya finalidad no consta (515.675).
- Con la obsesión de la proyección internacional se contrató a dos lobbies en Estados Unidos, uno de la firma Independent Diplomat (92.843) y otro SGR (52.554). Y de cara a la consulta ilegal del 1-O se firmaron desde las delegaciones en Ginebra y Bruselas sendos contratos “difusos” con una empresa de observadores holandeses para acudir a Cataluña que ascendieron a 243.000 euros.
- El Diplocat o Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña gastó en ese periodo para esas tareas 2.167.291 euros, con cometidos como favorecer contactos relevantes internacionales (1.485.143), la proyección del 1-O (305.789), traductores y contratos y ayudas también bajo sospecha (665.365).
