El viernes, España dio a los conductores de Uber y Cabify cuatro años para cumplir con las nuevas regulaciones de licencia emitidas por sus regiones autónomas y ciudades, desafiando las protestas de los conductores por los servicios de transporte.
Hay casi 11,000 vehículos con licencias de viaje compartido y más de 65,000 con licencias de taxi, según datos del Ministerio de Obras Públicas, con más de 150,000 taxistas y 15,000 conductores de Uber y Cabify en operación.
El jueves, los conductores de Uber y Cabify tomaron las calles para protestar contra la propuesta de transferencia de poderes de licencia a las regiones españolas. Los conductores temen que su objetivo sea reducir los números de licencia.
“Si quieren continuar trabajando en las ciudades, tendrán que solicitar las licencias correspondientes”, dijo el ministro de Obras Públicas, José Luis Abalos, en una conferencia de prensa luego de una reunión del gabinete.
El gobierno acordó en 2017 nuevas regulaciones en un intento de garantizar un tope a las licencias para Uber y servicios similares en una proporción de solo un permiso por cada 30 permisos de taxi.
Pero los taxistas salieron a las calles este verano diciendo que esta relación no se respeta y exigieron el fin de la práctica de transferir los permisos de transporte entre los conductores.
El gobierno luego decidió transferir las regulaciones de licencia a las regiones.
“Algunos verán que los cuatro años son demasiado largos y otros lo verán demasiado corto”, dijo Abalos el viernes. “Estamos tratando de crear un espacio que permita que ambos sectores coexistan bajo la misma legislación”.
