El Ministerio de Fomento ha realizado un primer cálculo de la factura que el Estado tiene que pagar por las nueve autopistas rescatadas, que supera los 2.000 millones de euros, según informaron fuentes del sector.
Tanto el anterior Gobierno como el actual, habían estimado el rescate por un precio cercano a los 1.800 millones. El nuevo importe ya se ha incluido en el déficit público.
José Luis Ábalos, ministro de Fomento, tiene hasta mediados de enero para determinar la cuantía definitiva, dado que en ese mes se cumplirán seis meses de la resolución de los contratos con las exconcesionarias de las autopistas.
El importe que Fomento debe calcular y pagar es la denominada Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), la cantidad que por ley tiene que abonar a esas concesionarias por la inversión que realizaron en la construcción de las vías y que nos les dio tiempo a amortizar durante el tiempo en que las explotaron.
El anterior Ejecutivo estimó el coste, en principio, en 2.000 millones de euros, aunque después lo rebajaría a 1.800 millones, un cálculo que el actual Gobierno ha indicado en los planes de estabilidad que se envían a Bruselas. No obstante, el sector concesional y los fondos que se han quedado con la deuda de las autopistas, han estimado que esa factura es de hasta 5.000 millones.
El Ministerio ha planteado un primer cálculo — una cifra que se sitúa entre 2.000 y 3.000 millones de euros— a los administradores concursales de las nueve autopistas ante la proximidad del plazo legal para determinarla. Estos adminisradores han manifestado su desacuerdo con la cantidad y trabajan en su respuesta a Fomento.
En ella difieren del importe y del modo con el que se ha calculado la cantidad, es decir, de los conceptos que consideran deben incluirse en su determinación, según detallaron las fuentes involucradas a Europa Press. Por otro lado, fuentes de Fomento indicaron que “para una mayor garantía de derechos y transparencia” se concedió una “primera audiencia sobre el expediente con los interesados” para que “pudieran acceder tempranamente a toda la información y aportaran toda la documentación que consideraran oportuna”.
En la actualidad, el Ministerio trabaja en “tramitar un expediente de interpretación” sobre todo el proceso de definición y cálculo de la RPA, dada la “dificultad y litigiosidad de las normas y disposiciones que la regulan y la extensa documentación”. Una vez concluya este proceso, por el que “se interpretarán los distintos conceptos que intervienen en el cálculo de la RPA” y se resuelva mediante aprobación por Consejo de Ministros, se procederá al propio cálculo de este importe.
