El déficit público suele funcionar como un termómetro de la salud financiera de un país. España ha tardado una década en abandonar el Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), el protocolo que Bruselas aplica a los países con unos números rojos superiores al 3% del PIB. La corrección ha sido a paso de tortuga durante los años en que Mariano Rajoy ocupó La Moncloa.
Aunque tuvo que enjugar los profundos agujeros presupuestarios que dejó Zapatero, Rajoy remoloneó con los deberes fiscales al mejorar la economía. El expresidente popular contó con varias prórrogas concedidas por el Ejecutivo comunitario por los reiterados incumplimientos. Y evitó, in extremis, una sanción en 2015 por no ceñirse a la senda de consolidación fiscal de Bruselas. Pero el Gobierno de Sánchez no lo ha hecho mejor hasta el momento. El año pasado cerró con la menor corrección del déficit público desde 2012.
“Se ha combinado la reducción del déficit sin poner en riesgo el crecimiento económico y sin dejar a nadie atrás”, explicó este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la conferencia de prensa celebrada después del Consejo de Ministros donde compareció para explicar los datos del cierre presupuestario de 2018, difundidos este viernes.
El relato del Gobierno de Pedro Sánchez consiste en describir un panorama repleto de dificultades para ajustar las cuentas presupuestarias tras la moción de censura. Por eso, nada más llegar a La Moncloa, el Ejecutivo socialista informó a Bruselas de que sería imposible rebajar el déficit público a la meta del 2,2%. Argumentó que los ingresos proyectados por el anterior Gobierno de Rajoy estaban sobrevalorados y se autofijó una nueva meta, del 2,7% del PIB. La realidad ha demostrado que las proyecciones del anterior ministro de Hacienda Cristóbal Montoro no estaban tan mal tiradas. La recaudación ascendió el año pasado al mayor nivel de la historia, con más de 208.000 millones de ingresos. De hecho, es la menor desviación de ingresos desde 2010, cuando una subida de impuestos a mitad de la legislatura de Zapatero permitió superar las expectativas.
Cuando Sánchez desembarcó en La Moncloa la economía ya perdía fuelle y comenzaba a hablarse seriamente de ralentización. Un ajuste presupuestario mayor de lo previsto podía frenar aún más la economía. Así que el equipo económico de Sánchez trató de aumentar el gasto para insuflar velocidad a la actividad. Además, le permitía cumplir con sus compromisos políticos de recuperar algunos de los derechos recortados durante la crisis. Y lanzar un plan para combatir la desigualdad, la gran secuela de la recesión.
La ministra de Hacienda tuvo que hacer encaje de bolillos para cuadrarlo todo manteniendo el rigor presupuestario. Porque además el sueldo de los funcionarios subió más que el IPC por primera vez en una década. Y los jubilados recuperaron poder adquisitivo tras una revalorización del 1,6% de las pensiones.
De hecho, el Estado central es el subsector de las Administraciones públicas que más corrigió el déficit el año pasado. Y las comunidades autónomas continuaron con su avance en el saneamiento de sus cuentas. Un ejemplo de ello es que una decena de autonomías están en superávit (Canarias, Navarra, País Vasco, Asturias y Galicia) o tienen al alcance de la mano el equilibrio presupuestario (Extremadura, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Madrid y La Rioja).
El punto negro sigue siendo la Seguridad Social. Registró un déficit del 1,41% del PIB. La factura de las pensiones pesa como una losa en las cuentas públicas. De hecho, encontrar una solución para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones es uno de los grandes retos de la próxima legislatura.
