La repentina decisión del Ministerio del Interior de paralizar “cautelarmente” un experimento con presos violentos, revelada ayer por EL PAÍS, ha desatado un debate en la comunidad científica. La investigación, realizada en las cárceles de Huelva y Córdoba, consistía en suministrar una leve corriente eléctrica en la frente de los reclusos y evaluar antes y después la percepción de su propia agresividad. Desde 2016, han participado 41 presos, 15 de ellos condenados por homicidio.
“No entiendo los reparos del Ministerio, máxime si esto ya viene de atrás”, opina José Ramón Amor, coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI. “Es mucho lo que los presos, y de paso la sociedad, pueden ganar si esta técnica funciona y es efectiva. Y parece que los riesgos son mínimos y perfectamente asumibles”, expone Amor, autor del libro Bioética y Neurociencias. Los autores del experimento en las prisiones españolas esgrimen caídas de hasta un 37% en sentimientos como la agresividad física.
“La investigación cumple los trámites formales”, subraya el jurista Federico de Montalvo Jääskeläinen, presidente del Comité de Bioética de España, el máximo órgano consultivo del Gobierno en el ámbito de la ética científica. Uno de los coordinadores del experimento, el psicólogo Andrés Molero, de la Universidad de Huelva, confirma que el estudio fue aprobado por el comité ético de su institución, como marca la ley.
“Los menores de edad, las mujeres embarazadas, los reclusos y los enfermos mentales se consideran grupos vulnerables, pero la investigación con ellos puede interesar por su propio bien. Se produce esa paradoja”, explica De Montalvo. “En este caso, la intromisión en la integridad física de los presos es mínima. Habría que valorar uno por uno el riesgo y el beneficio y explorar bien la autonomía de su consentimiento para participar en el experimento”, añade el jurista.
Las leyes españolas no mencionan ninguna restricción a la participación de reclusos en investigación médica, según confirma Asier Urruela, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Zaragoza. A su juicio, “si la investigación ha pasado por un comité ético, el riesgo es mínimo y hay una potencial reducción de la agresividad, no debería haber mayor problema”.
Los 41 reclusos de Huelva y Córdoba se apuntaron voluntariamente al experimento, sin recibir ningún beneficio económico ni penitenciario a cambio. El experto en bioética Íñigo de Miguel, de la Universidad del País Vasco, abre otro frente: “¿Es ético privar a un preso del derecho a beneficiarse de una investigación por el mero hecho de estar preso?”. Según destaca, “el derecho a beneficiarse de una investigación es un derecho consagrado, por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, ratificado por España”.
Respecto al uso de la estimulación eléctrica cerebral para intentar reducir la agresividad, la médica y psicóloga Montserrat Esquerda, directora del Instituto Borja de Bioética de la Universitat Ramon Llull, cree que “hay estudios previos que avalan su aplicación, así como estudios en otros ámbitos, tanto en trastornos psiquiátricos como neurológicos”. El trabajo en las prisiones de Huelva y Córdoba “parece metodológicamente correcto”, apunta.
“Entiendo que ese proyecto ha sido visado por un comité ético de investigación clínica acreditado, por lo que su idoneidad ética para mí está fuera de duda”, apunta Julio García Guerrero, médico funcionario del Centro Penitenciario de Castellón I hasta su reciente jubilación. Su tesis doctoral, defendida en 2013 en la Universidad de Valencia, versó sobre el consentimiento informado en los pacientes privados de libertad. “En mi opinión, siempre que se garantice la autenticidad de la voluntariedad en la participación de un preso como sujeto de investigación, no hay motivos para no permitirle hacerlo”, zanja.
Desde Instituciones Penitenciarias insistían este viernes en que la decisión de paralizar el estudio, tras haber dado el visto bueno el 22 de enero de 2019 al inicio de una segunda fase del mismo, es “cautelar”. “La última autorización se dio de modo casi automático, algo habitual cuando en la anterior fase del estudio no se había registrado ninguna incidencia. Sin embargo, al conocer que se entra en una nueva fase, se ha decidido paralizar hasta que recabemos todos los datos de en qué consiste”, señalan fuentes de Prisiones. Para ello, Interior ha encargado un informe a la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria. “Si todo está correcto, se autorizará su reanudación”, añaden antes de recalcar que la decisión de Interior de frenar “no pretende poner en duda la validez científica del experimento”.
El inicio del estudio y la solicitud previa de autorización se remontan a 2016. Entonces, los responsables del experimento remitieron a Instituciones Penitenciarias un dosier con los detalles del experimento. Tras su estudio, la Subdirección General de Tratamiento dio el visto bueno y se lo comunicó a los centros penitenciarios en los que se iba a desarrollar, los de Huelva y Córdoba. A los autores se les exigió que cumplieran con la Ley de Protección de Datos para preservar el anonimato de los presos que formaran parte del estudio, que la participación de estos fuera voluntaria y que, además, hicieran un consentimiento por escrito. También se reclamó a los científicos que enviaran una copia del informe con los resultados.
Funcionarios de los dos centros consultados por EL PAÍS afirman que durante los dos meses que duraron las pruebas no se produjo ninguna incidencia. “Para algunos de los presos fue como un juego”, recuerda uno de los trabajadores penitenciarios que fue testigo del experimento. Estas mismas fuentes aseguran que a los internos se les informó de que se les iba “a medir su nivel de agresividad” y que todos los que finalmente intervinieron lo hicieron con carácter voluntario y sin recibir nada a cambio.
En el caso de la prisión de Córdoba, participaron presos de los módulos 1, 3, 4 y 11, todos considerados zonas de respeto, ya que en ellos están recluidos internos no conflictivos que han aceptado una serie de normas de convivencia. Fuentes de la prisión añaden que, desde el primer momento, se descartó realizar el experimento con internos de los módulos de aislamiento, los más problemáticos.
