Manuel García-Castellón, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha decidido este jueves imputar a Francisco González, expresidente del BBVA y uno de los banqueros más poderosos de España durante las últimas décadas. Tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción esta misma semana por los presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos, el magistrado ha acordado citarlo como investigado el próximo 18 de noviembre en el marco de la causa que sigue la pista de los presuntos pagos de la entidad financiera al comisario jubilado José Manuel Villarejo, quien supuestamente espió por orden del banco a líderes políticos y empresariales a partir de 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control del grupo bancario, que finalmente no tuvo éxito.
Esta decisión del magistrado otorga una nueva dimensión a esta pieza separada del caso Villarejo, donde las pesquisas se centran en los contratos que la entidad firmó con el policía retirado durante 13 años y por un importe superior a los 10 millones de euros. El ministerio público, de hecho, no solo apunta al expresidente del BBVA, sino que también pidió esta semana la imputación de Juan Asúa, actual asesor del presidente Carlos Torres; de Eduardo Arbizu, exresponsable legal; de Manuel Castro, exjefe de riesgos; de Eduardo Ortega, director de los servicios jurídicos; y de otro directivo del banco, José Manuel García Crespo, exresponsable jurídico para España y Portugal de BBVA. Todos han sido citados ya como investigados, según informan fuentes jurídicas.
Tras conocerse este miércoles la petición de la Fiscalía, González ya emitió un comunicado para anunciar “su plena disposición a colaborar con la Justicia”. El expresidente del BBVA tiene decidido responder a todas las preguntas que le realicen los fiscales y el juez, Manuel García-Castellón. Según fuentes jurídicas, “no se acogerá a su derecho a no declarar, pese a que lo podía hacer porque el sumario es secreto y no se sabe de qué se le acusa”. De hecho, de los seis imputados que, hasta ahora, han acudido a la Audiencia, solo uno, Antonio Béjar, ha declarado.
El juez también ha citado, en calidad de testigo, a Javier Ayuso, exresponsable de Comunicación y Relaciones Institucionales hasta 2009. Ayuso, que acudirá el lunes 18 de noviembre, destapó en 2015 la trama de Villarejo en diferentes artículos escritos en EL PAÍS.
Colaborar con la justicia
El expresidente González ha mantenido, desde que estallase el escándalo, una posición pública en favor de la colaboración con la justicia: “En mayo de 2018, nada más tener conocimiento a través de lo publicado en un medio de comunicación de la contratación de la empresa Cenyt, vinculada al excomisario Villarejo, por parte del banco, impulsé una investigación interna en BBVA”, dijo en otra nota pública difundida el 30 de julio de 2019.
El ex número uno del BBVA, aupado por el PP, abandonó todos sus cargos en el banco el pasado marzo. En una carta enviada al actual presidente, Carlos Torres, el banquero aseguraba entonces que renunciaba “temporalmente” a su cargo de presidente de honor y de la fundación. González insistió entonces en que también se hacía a un lado para evitar que se le utilizara para “dañar a la entidad”, que había encabezado desde 1999. Ese fue el año en el que el BBV se fusionó con la antigua banca pública Argentaria, a cuya presidencia había llegado en 1996 nombrado por el Gobierno del popular José María Aznar.
El caso BBVA estalló en mayo de 2018, cuando Público difundió las primeras facturas pagadas por el banco a Villarejo por valor de más de 200.000 euros —importe que, posteriormente, se elevó a más de 10 millones—. Entonces, González aseguró que inició una investigación interna, pero no descubrió nada. Meses después, en enero, Torres se haría con la presidencia de la entidad y reorganizó las pesquisas: contrató a los despachos de abogados de Garrigues y de Uría, así como al auditor PwC. Los descubrimientos realizados se han enviado a la Audiencia Nacional, donde también se encuentra imputado el BBVA como persona jurídica y cuyo representante ha sido citado el próximo miércoles. También ha anunciado que responderá a todas las preguntas.
Estas nuevas declaraciones se sumarán ahora a las de más de una decena de altos cargos del banco que han pasado por la Audiencia para someterse al interrogatorio del juez. Entro otros, Ángel Cano, que ejerció como consejero delegado de BBVA entre 2009 y 2015 y que se negó a declarar. O Julio Corrochano, comisario de Policía Nacional y exjefe de Seguridad del banco, que fue puesto en libertad bajo fianza de 300.000 euros. También César Bilbao, exresponsable de Seguridad del BBVA en Latinoamérica, que reconoció en otra pieza separada que facilitó datos de clientes de la entidad a la red policial corrupta liderada por Villarejo.
