La singular aventura gallega de Pemex llega a su punto final. Seis años después de que fraguara una sorprendente operación auspiciada por Alberto Núñez Feijóo, que supuso la construcción en Galicia de dos buques para la petrolera mexicana y que esta se quedara con el 51% del histórico astillero Hijos de J. Barreras, México se retira de forma precipitada. Lo hace sin aviso previo y por orden del nuevo Gobierno de López Obrador, para dejar la mayor factoría naval de Galicia y una de las mayores privadas de España sin socios ni avales que garanticen nuevos encargos. La decisión es irrevocable, según constató la junta de accionistas celebrada este lunes en Vigo.
Pemex se va de Barreras de una forma tan misteriosa como llegó. En 2012, cuando Feijóo anunció el acuerdo, era la primera vez que la compañía estatal entraba en el negocio de los astilleros, coincidiendo con el encargo de dos hoteles flotantes de apoyo a las plataformas petrolíferas. Por 5,1 millones de euros, se hizo con el 51% de la compañía fundada en 1890 y privatizada por la SEPI en 1997. El dinero fresco y los encargos sacaban a la empresa del atolladero de un concurso de acreedores que llevó a la ruina a muchas empresas auxiliares. El presidente de la Xunta negoció la operación con Felipe Calderón y la concretó con Enrique Peña Nieto. Su sucesor solo ha visto en ello un negocio más que dudoso para México, especialmente tras la caída del precio del crudo, por lo que ha decidido dar carpetazo a la operación.
La devolución de las acciones está envuelta en un velo de misterio incluso mayor. No tanto por la propia salida, con la que se especulaba desde hace años, como por la forma en que se ha materializado, precedida de rumores de una operación opaca contraria a los intereses del Gobierno federal. Según la prensa del país americano, los anteriores responsables de la petrolera trataron de vender a sus socios minoritarios el 51% de la compañía “a bajo precio” el pasado mes de noviembre, aprovechando el momento de transición en el país. La revista ‘Contralínea’ publicó que la acción se concertó con los españoles para ser ejecutada en un plazo de 30 días, pero el equipo del sector energético de Andrés Manuel López Obrador, encabezado por el nuevo director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, descubrió la operación “maliciosa” y ordenó frenarla.
La salida será más lenta, pero también más perjudicial para los intereses de los socios españoles: Ignacio Lachaga, propietario de la naviera Albacora (24,5%), José García Costas (12,3%) y Valiño (10%). Pemex no avalará ni aportará garantías para las próximas construcciones que Barreras tiene en cartera: dos nuevos buques de lujo para la cadena hotelera Ritz-Carlton que darían continuidad al crucero Azora en construcción, cuya firma se está demorando precisamente por la ausencia de un plan de protección de la inversión. El Azora, valorado en 250 millones de euros y con entrega prevista en 2020, supuso para el astillero la construcción del buque más caro en toda la historia del sector naval privado español hasta la fecha.
De acuerdo con lo publicado por los medios mexicanos, el Gobierno de AMLO no ha puesto únicamente en entredicho la operación salida, sino que ha extendido la sombra de la sospecha sobre los negocios de Pemex en Barreras en general. Romero Oropeza consideró sorprendente que, pese a la condición mayoritaria de la petrolera, la presidencia quedara en manos del vigués García Costas. “Además”, añade, “los accionistas minoritarios podían emplazarla en cualquier momento para terminar con la sociedad”, asegura en el amplio reportaje de ‘Contralínea’.
Aparece Mouriño…
La información añade un nombre hasta ahora desvinculado de la operación Pemex-Barreras: el del exsecretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo. Hijo del presidente y propietario del Celta, Carlos Mouriño Atanes, y fallecido en 2008 en un siniestro de aviación poco después de asumir el cargo, Juan Camilo fue amigo y colaborador de Felipe Calderón, y la persona que diseñó con Feijóo un negocio que aún tardaría cinco años en fructificar después de su muerte. Mouriño Terrazo nunca fue un político del agrado del ahora presidente del país: antes del fatal accidente, López Obrador lo acusó de tráfico de influencias por otorgar a empresas de su familia contratos de Pemex firmados en 2003 y 2004, cuando ejercía como diputado federal, asesor y subsecretario de Electricidad.
Al margen de los beneficios que Pemex haya obtenido de su presencia en Barreras, justificada en la conveniencia de transferir tecnología y conocimiento a México para iniciarse en la construcción naval, los contratos de los dos buques han resultado indiscutiblemente ruinosos para la petrolera. Se trata de dos floteles por los que pagó en torno a 150 millones de euros cada uno. Barreras construyó el primero, que ahora está sin apenas uso en Campeche. El segundo lo entregó Navantia de Ferrol. Pemex busca compradores para ambos, pero no logra hacerles sitio en el mercado: la oferta más alta recibida por este último buque no alcanza los 44 millones.
Auditoría a Pemex
Ese es el contexto en el que López Obrador encargó la auditoría a Pemex, previa a una partida de 200 millones de dólares para cubrir una pequeña parte de la deuda de la empresa estatal, apenas el 5% del total. Su objetivo es limpiar la corrupción que el nuevo presidente cree que ha imperado en Pemex durante décadas, que se extendió a su red de filiales. Pemex está así en pleno proceso de desmantelamiento de su red de empresas ‘offshore’, más de 60 compañías en su mayoría sin oficinas ni empleados.
Entre esas empresas bajo sospecha se encuentra el Grupo PMI, brazo inversor de Pemex en el extranjero y con sede en Holanda, que fue el encargado de ejecutar la compra de Barreras. López Obrador ha ordenado indagar a fondo en PMI, un consorcio creado en 1989 y que en los últimos tiempos ha realizado numerosas inversiones en compañías ‘offshore’ establecidas en paraísos fiscales. En el último momento de su mandato, Peña Nieto ordenó a Pemex que liquidara al menos 40 de las compañías creadas por el grupo a través de una estructura mercantil privada, muchas de ellas sin oficinas ni empleados, que maneja los ingresos por exportación de crudo. Entre ellas, está PMI Holdings BV, la que concretó la polémica operación de Barreras.
