El fuerte incremento del coste de los derechos de emisión de CO2 que pagan las empresas europeas más contaminantes ha encendido las alertas entre la gran industria y ha abierto un nuevo frente en el seno del Gobierno que dirigePedro Sánchez. El sector ha visto cómo en los últimos meses el precio de sus emisiones se ha multiplicado por más de tres, hasta situarse en torno a los 25 euros por tonelada, lo que supone un doble impacto para su cuenta de resultados.
Por un lado, el incremento de estos derechos encarece su compra para aquellas industrias que tienen déficit en la asignación gratuita que le corresponde por normativa europea para cubrir sus emisiones. La patronal Acogen estima que para el conjunto de la industria española existe un déficit próximo al 5% en la asignación de derechos, aunque en algunos sectores, como el de la industria papelera, esa brecha entre derechos recibidos y derechos consumidos asciende al 35%.
Por otro lado -y con un impacto aún mayor- está la repercusión que tiene el encarecimiento del CO2 sobre la factura de la luz que pagan estas compañías. Ayer mismo el coste de un megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista alcanzó los 75,39 euros, lo que supone un nuevo récord anual y un registro no visto en un mes de septiembre desde 2008. Las eléctricas argumentan que estos precios tan altos obedecen, entre otros motivos, al incremento del coste del CO2 que tienen que afrontar -y luego repercutir- para poder operar con sus centrales de carbón y gas.
La industria consume alrededor de un 30% de la electricidad del país y hay empresas en las que supone la mitad de los costes de su cuenta de resultados. Cada euro que escala el coste del MWh en el mercado supone un impacto anual de80 millones de euros para el conjunto del sector, que pierde competitividad a nivel internacional y eleva los precios de sus productos -y por ende la inflación- en el mercado local.
Detrás de este incremento del coste del CO2 se encuentra un nuevo fenómeno de mercado y especulación con la compraventa de estos títulos. «La situación del mercado por fundamentales es igual a la que había en el mes de enero, cuando los derechos costaban 7 euros por tonelada. Hay un componente especulativo importante por parte de agentes financieros que están tomando posiciones», explica Ismael Romeo, director de la empresa especializada en transacciones con derechos Sendeco2.
El nuevo impulso dado por Europa al Medio Ambiente tras firmar el Acuerdo de París prevé una aceleración del ritmo de reducción de la asignación de los derechos de CO2 gratuitos a partir de 2021. Es decir, o las empresas contaminan menos o tendrán que pagar más. «Aún hay un excedente próximo a los 1.000 millones de derechos, pero al no caducar hay inversores que están entrando para lograr fuertes rentabilidades. Sólo el pasado lunes el precio subió un 10%», señala Romeo.
La situación actual del CO2 supone una nueva preocupación para el Gobierno y genera otra dicotomía dentro del gabinete. Por un lado, el incremento del coste del CO2 es positivo para ministerios como el de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera al elevar el coste de contaminar y acelerar la transición hacia energías o procesos más limpios. Los grupos ecologistas siempre han denunciado que el coste de entre 5 y 10 euros que ha imperado en los últimos años no suponía ningún acicate para avanzar hacia la descarbonización de las economías.
Por otro lado, la situación genera un nuevo frente al departamento de Industria que pilota Reyes Maroto y complica su objetivo de relanzar al sector para que vuelva a suponer el 20% del PIB. El episodio guarda cierto parecido con el del impuesto al diésel. «El impacto es doble y hay preocupación en el sector por este incremento tan fuerte», explica Carlos Reinoso, director general de la patronal de papeleras Aspapel.
Las patronales industriales han solicitado ya a Maroto que active los mecanismos de compensación por el coste indirecto en la variación del precio del CO2. Las empresas consideran que los seis millones de euros en ayudas previstos para este año son «totalmente insuficientes» y piden llegar al máximo legal de 80 millones de euros que establece la Comisión Europea.
«La industria manufacturera española utiliza más o menos un tercio de la electricidad nacional, dos tercios del gas y le atañen unos 80 millones de toneladas de CO2, que sumados superan una factura total de 13.000 millones de euros. Sólo este año va a subir un 15%», enumera Javier Rodríguez, de la patronal de cogeneradores Acogen. Este sector utiliza el calor de sus procesos productivos para generar electricidad, pero no está reconocido en el régimen de asignación de derechos de CO2. «El coste de los derechos de emisión para la cogeneración se reconoce en los costes regulados a un precio de unos 6 euros por tonelada [frente a los 24,85 euros que marca el mercado] por lo que los cogeneradores tendrán costes adicionales por la compra de derechos de emisión a unos 160 millones de euros este año», explican en Acogen.
¿Cuál es el techo del precio de los derechos? «En estos momentos no responde a ninguna lógica, es una burbuja imprevisible», señala Romeo, de Sendeco2. El think tank Carbon Tracker prevé que el coste del CO2 siga escalando y se sitúe entre los 35 y los 40 euros por tonelada en el periodo 2019-2023. Será clave lo que ocurra en la cumbre del clima convocada por la ONU para comienzos de diciembre en la ciudad polaca de Katowice.
