Mientras tanto, el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, optó por la cautela. Aficionado a Twitter, Bolsonaro mantuvo el silencio en las primeras 24 horas después de la publicación de los reportajes que implican a su ministro de Justicia en esas conversaciones para, supuestamente, orientar en el proceso judicial. Solo se manifestó a través de su portavoz, la secretaria de Comunicación y por los integrantes del ala militar de su Gobierno. “Confiamos sin restricciones en el ministro Moro”, dijo la secretaría de Comunicación en una nota leída en el Jornal Nacional, el noticiario televisivo más importante del día. Antes, el vicepresidente Hamilton Mourão ya se había manifestado en ese sentido. “El ministro Moro es una persona de la más alta confianza del presidente, una persona que dentro del país tiene el respeto de una enorme parte de la población”, dijo. Hasta ahora no hay señales de que Moro vaya a dimitir.
El coordinador de la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, también trató con normalidad los diálogos. En un vídeo compartido en las redes, el fiscal se defiende: “Es normal que fiscales y abogados hablen con los jueces sin la presencia de los demás. Lo que hay que averiguar es si hubo colusión o quiebra de imparcialidad”, argumentó. Para Dallagnol, la imparcialidad de la Lava Jato se confirma por centenares de peticiones del Ministerio Público que fueron rechazadas por la Justicia. “54 personas acusadas por la fiscalía fueron absueltas por el juez Moro”, añadió.
Dallagnol recibió la solidaridad de organizaciones de fiscales y jueces, pero ya hay grietas en la clase jurídica. A miembros del Tribunal Supremo Federal les han sorprendido las revelaciones, algo que puede ser favorable al expresidente Lula, que ya había presentado un recurso en el tribunal pidiendo la anulación de su condena con el argumento de que Moro debe ser considerado “sospechoso” a la hora de juzgarlo. Uno de los jueces del Supremo, Marco Aurélio Mello, afirmó al diario Folha de S. Paulo que el contenido divulgado “pone en duda la equidistancia del organismo juzgador, que tiene que ser absoluta”. Su colega Gilmar Mendes afirmó lo mismo a la BBC: “El hecho es muy grave. Esperemos”.
La Organización de los Abogados de Brasil (OAB), la principal entidad que regula el oficio, declaró que las conversaciones divulgadas suponen una “amenaza” a “pilares del Estado de derecho”. Reclamó una investigación imparcial y pidió que todos los involucrados dejen sus cargos. El Consejo Nacional del Ministerio Público ya ha iniciado una investigación y ha reclamado que Dallagnol, que puede ser castigado, envíe por escrito sus explicaciones. “No se puede aceptar ese tipo de conversación con un juez. Ellos [los fiscales] deberían haber rechazado de inmediato al juez [Moro] que intentó orientarlos”, afirmó Rômulo de Andrade, fiscal e integrante del grupo Cambia MP.
El Ministerio Público Federal informó de que piratas informáticos han intentado desde abril acceder a las investigaciones de la Lava Jato y acceder a los móviles y aplicaciones de chat de los fiscales involucrados. El contenido de los mensajes divulgados por The Intercept no han sido desmentidos por los principales afectados.
La posible anulación de condenas
La Lava Jato se caracterizó por unir el trabajo de un grupo de fiscales federales y del juez Moro en un solo equipo, acelerando las investigaciones y los juicios que han condenado en primera instancia a muchos empresarios y políticos, entre ellos Lula da Silva, quien cumple una pena de prisión en Curitiba desde abril de 2018. Sin embargo, The Intercept revela que el entonces juez Moro orientaba las investigaciones del fiscal Dallagnol para facilitar las condenas, según los mensajes intercambiados entre los integrantes de la Lava Jato, enviados por una fuente anónima hace algunas semanas. Moro influía en la coordinación de los procesos que posteriormente juzgaría, algo que, según los expertos, supone claras violaciones a leyes y principios constitucionales.
El artículo 254 del Código de Proceso Penal, por ejemplo, afirma que un juez puede considerarse “sospechoso” en caso de que “haya aconsejado cualquiera de las partes” del proceso. “La violación de ese artículo puede ser usada por los defensores de los acusados mencionados en los diálogos para que se reclame la nulidad de los procesos”, explica Maurício Dieter, profesor de Criminología y Derecho Penal de la Universidad de São Paulo.
El hecho de que las conversaciones hayan sido filtradas ilegalmente —posiblemente por un hacker, algo que The Intercept niega— dificulta que sean utilizadas para acusar y castigar a los miembros de la Lava Jato. Sin embargo, sí pueden ser usadas para defender a los condenados como Lula da Silva, asegura Dieter. Además, es posible que una investigación formal, algo que Dieter defiende, consiga los mensajes legalmente. “Esa investigación debe respetar todas las garantías constitucionales, incluso el derecho a un juez imparcial para evaluar la legalidad de las acciones”, afirma.
