“España tiene un Ministerio Fiscal que actúa con absoluta autonomía y solamente al servicio del principio de legalidad”, ha afirmado este lunes la fiscal general del Estado, María José Segarra, en el discurso de apertura del año judicial, en presencia de Felipe VI.
Sus palabras sobre el “desbordamiento del orden constitucional” en Cataluñahacen referencia a la posibilidad, alentada desde el entorno independentista, de que ante el juicio del 1-O, en su nueva etapa el Ministerio Público corrija el criterio sobre los delitos cometidos y suavice sus peticiones de prisión. Frente a ese escenario, la Fiscalía va a presentar en breve un escrito de acusación en el que pide penas de prisión por el delito de rebelión, el más duro de los barajados.
Las referencias a Cataluña en el discurso de Segarra han sido breves, sobre todo en comparación con el discurso que le había precedido, el del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Prácticamente toda su intervención se centró en el desafío constitucional del 1-O.
“Cuando la Constitución resulta golpeada, no puede renunciar a defenderse, pues ello comportaría renunciar a la defensa de sus principios configuradores, y del propio Estado, que es democrático y de Derecho”, ha afirmado Lesmes, que ha advertido del peligro de “la posverdad, que persigue la impunidad bajo el cobijo aparente de la voluntad popular”. ” Los ciudadanos han de percatarse de que la respuesta del Poder Judicial se encamina a evitar el daño que supone desarbolar ni más ni menos que todo un pacto de convivencia intergeneracional pues, si tal respuesta no se produjese, el efecto sería demoledor y el sistema de libertades resultaría fatalmente debilitado”.
En esa línea de defensa activa de la Constitución ha recordado -con intención- que frente a graves ataques al interés general “existen resortes operativos inspirados en el modelo alemán de la denominada coerción federal, porque, en definitiva, el sistema constitucional no puede ser indiferente a la hora de defender los postulados democráticos que el Estado de Derecho garantiza”.
La referencia a Alemania, muy clara aunque no expresa, también se ha producido cuando ha lamentado “la grave incertidumbre” que han provocado “recientes decisiones judiciales procedentes de otros Estados miembros”, con ocasión de la decisión de la justicia alemana y, en menor medida, belga, de rechazar la petición de colaboración del Supremo en el 1-O.
Lesmes considera que esos tribunales han interpretado “de forma unilateral conceptos jurídicos autónomos del denominado espacio europeo de libertad, seguridad y justicia” y que esas decisiones “han provocado la generalizada percepción de una irremisible pérdida de virtualidad de ciertos instrumentos de cooperación judicial que, sobre la base de la confianza mutua, deberían ser el fiel reflejo de una ‘comunidad de valores’, construida tras un largo proceso de coalición de voluntades”.
Defensa de Llarena
El presidente del Poder Judicial ha recordado también las presiones o ataques recibidos por el juez Pablo Llarena por su actuación como instructor de la investigación del 1-O. “Algunas manifestaciones de esta reacción social han desembocado, incluso, en ataques personales a magistrados, alentados no sólo desde ciertos sectores sociales, sino, lo que es más preocupante, por algunos responsables políticos, cuyos reproches resultan censurables en el marco de la normalidad y del respeto institucional”.
“Ante estas situaciones, el Consejo General del Poder Judicial ha actuado y seguirá haciéndolo, sin vacilaciones, en defensa de los jueces y magistrados y de su decisiva e indispensable labor de proteger y garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos”, ha concluido.
