El naufragio del Prestige todavía colea. Casi 17 años después del suceso, los condenados por el vertido de decenas de toneladas de crudo en las costas gallegas continúan litigando en los tribunales españoles.
En concreto, la aseguradora, la London P&I Club, que fue condenada en 2017 al pago de 880 millones de euros como uno de los responsables civiles del desastre medioambiental, el mayor sufrido en Galicia.
El Tribunal Supremo confirmó en diciembre de 2018 que la compañía debía abonar un total de 2.495,4 millones de euros junto con los otros responsables: el capitán del barco, Apostolos Mangouras; y de manera subsidiaria, la propietaria del buque, Mare Shipping.
Sin embargo, estos tres condenados no han abonado el dinero en el plazo de veinte días previsto para ello.
855 millones de euros
A la London P&I Club le corresponde el pago de 22,7 millones procedentes de la limitación de responsabilidad más otros 855 del seguro suscrito por Mare Shipping.
La mutua británica intentará anular la indemnización alegando que España que no obedece la jurisprudencia del Reino Unido. Incluso ha llegado a amenazar con presentar una demanda contra el Estado español.
Así consta en un escrito presentado ante el Supremo en el que exige que se compense a la London P&I Club en caso de que ésta se vea obligada a desembolsar los 880 millones que debe o parte de ellos.
Esta compensación ascendería, según la aseguradora británica, a los 1.000 millones de euros. La compañía se basa en varias sentencias en el Reino Unido, que fijan un límite en la responsabilidad civil para casos como el del Prestige.
Lo que en la práctica se traduce en la devolución completa de la indemnización que se le reclama a la compañía de seguros.
El primer ‘no’, de la Fiscalía
Sin embargo, según ha podido saber Confidencial Digital, la London P&I Club ha recibido un primer revés por parte de la Justicia española.
La Fiscalía General del Estado ha informado a la Sala de lo Penal del TS en contra del escrito de la aseguradora, argumentando que las sentencias británicas no forman parte de tratados internacionales a los que España debe estar sujeta.
Ahora queda que la Sala se pronuncie definitivamente sobre el escrito, una vez escuchado el parecer de la Fiscalía.
Las fuentes consultadas por ECD prevén que dicte un auto en pocos días, como mucho en unas semanas, ya que los perjudicados por el Prestige (entre ellos, el propio Estado español) podrían sufrir un serio revés si la indemnización no es firme antes del Brexit.
Si el Supremo falla a posteriori, con Reino Unido fuera de la Unión Europea, será mucho más difícil para los afectados la recuperación del dinero perdido.
