A los pocos minutos de que acabase, el pasado 23 de julio, la declaración de Cristina Cifuentes ante la magistrada que investiga el caso máster, un coche oscuro con los cristales tintados salía del garaje de unos juzgados prácticamente desiertos, donde apenas quedaban algunos trabajadores.
En el interior del vehículo, una mujer rubia, con grandes gafas de sol, trataba de taparse el rostro mientras toda una tropa de cámaras se abalanzaba para captar su imagen. Los periodistas buscaban la primera fotografía de la expresidenta en los tribunales desde que estallara el escándalo. Esa que la exdirigente del PP se ha esforzado en evitar. Por ejemplo, ha pedido a la instructora que tome la iniciativa para que el vídeo de su declaración no se difunda en los periódicos y las televisiones.
Así consta en un documento que la defensa presentó ese mismo 23 de julio a la magistrada, incorporado al sumario del caso. “Solicitamos que dicha petición sea resuelta antes de comenzar [la declaración] o bien antes de proceder a facilitar copias a las demás partes”, reza el texto, después de que varios medios de comunicación —entre ellos, EL PAÍS— difundieran las grabaciones de las declaraciones prestadas ante la magistrada por varios de los imputados.
Esos vídeos se habían incluido ya en la documentación de la causa y Cifuentes sospecha que otros implicados en el caso, que tenían acceso a ellos, los habían facilitado a la prensa. “Suplico al juzgado que se adopten las medidas oportunas a fin de salvaguardar la reserva de las diligencias practicadas en esta causa”, apuntaba la defensa de la exjefa del Gobierno autonómico en ese escrito. Una petición que, de momento, ha tenido éxito. Según fuentes jurídicas, los abogados ya solo han podido descargarse los audios.
Cifuentes gana así otra batalla a los medios. Como ya hizo el 23 de julio. La mujer que salía en ese coche oscuro no era la expresidenta. Mientras se producía esa escena con el vehículo, la exdirigente del PP conseguía escabullirse de las cámaras por otra salida. Para frustración de los periodistas, que sufrieron cómo la exlíder del PP en la comunidad madrileña podía hacer lo que ninguno de los otros implicados en la trama había tenido posibilidad: entrar y salir del edificio por accesos secundarios.
De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha abierto una investigación para averiguar si se produjo alguna irregularidad aquel día. Según detallaron fuentes jurídicas a Efe, la exgobernante usó sus contactos en la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional para entrar al edificio por un garaje y salir por otro, sin contar con la autorización de la decana en funciones.
“La firmo por ti”
Varios de los protagonistas del caso Cifuentes regresan este lunes a los juzgados de plaza de Castilla. La instructora Carmen Rodríguez-Medel reactiva la investigación y ha citado, a partir de las nueve de la mañana, al considerado cerebro de la trama, Enrique Álvarez Conde; a la docente Laura Nuño, y a dos de las tres profesoras que supuestamente firmaron el acta del Trabajo Fin de Máster (TFM) de la expresidenta regional: Cecilia Rosado y Clara Souto. Esta última acude, por primera vez, como imputada.
Un informe caligráfico de la Guardia Civil, incorporado al sumario, concluye que la firma de Rosado es la única auténtica en ese acta. Y a las otras dos profesoras —Souto y Alicia López de los Mozos— aseguran que falsificaron sus rúbricas. Pero Rosado asegura que obtuvo el consentimiento de sus compañeras antes de hacerlo. Subraya, además, que era una práctica habitual en el Instituto de Derecho Público que dirigía Álvarez Conde.
En ese sentido, Rosado ha aportado a la juez un correo entre ella y López de los Mozos, donde la segunda escribe a la primera: “Creo que no queda nada más que hacer del máster, ¿verdad? Por cierto, ya me han dado la famosa hoja que estaba perdida. La relleno. La firmo por ti”.
