Un aviso más. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha sumado su voz de alarma a la de otros organismos al alertar de que la abultada deuda que soportan las economías más desarrolladas limita su capacidad de reacción ante futuras crisis. “La deuda pública bruta alcanzó el 110% del PIB en promedio en 2017 en los países de la OCDE, reduciendo el margen de maniobra de los Gobiernos”, señala en un informe publicado este jueves.
Ya no hay tormenta, pero permanecen los destrozos. “Las peores consecuencias de la crisis financiera de 2008 puede que se hayan quedado atrás. Pero la mayoría de los países de la OCDE todavía soporta altas cargas de deuda que, en promedio, ascienden al 110% del PIB”, reza el informe Government at a glance 2019 (Gobierno de un vistazo, en castellano), publicado este jueves por el organismo con sede en París.
El análisis incide en cómo el parón de la actividad económica, las políticas fiscales contracíclicas y los rescates financieros que algunos países —entre ellos España— tuvieron que solicitar para salir del bache en el que cayeron durante la Gran Recesión dispararon la deuda pública bruta en más de 37 puntos en el conjunto de la OCDE entre 2007 y 2017. Estos elevados niveles de pasivo, alerta el organismo, limitan el margen de los Gobiernos para reaccionar ante futuras crisis y frenan su capacidad para estimular el crecimiento económico y abordar desafíos “imperativos”. Entre ellos, las crecientes desigualdades y los rápidos avances tecnológicos que están causando precariedad e inseguridad en el mercado laboral.
La OCDE analiza la deuda bruta para elaborar su estadística, que tiene en cuenta también lo que las Administraciones se deben entre sí —por ello el nivel marcado por España es del 114%, superior al 99% del pasivo neto que arrojan los datos de Eurostat—. Con su advertencia, la OCDE se suma al carrusel de organismos internacionales que mes tras mes lanzan avisos sobre los riesgos que conlleva el deterioro de las cuentas públicas nacionales. El año pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertaba de que la deuda pública mundial había tocado récord, hasta alcanzar los 157 billones de euros. A todo ello hay que sumar las claras señales de desaceleración y las previsiones de crecimiento que se revisan constantemente a la baja.
España no se salva de este diagnóstico. Al contrario. Ha sido uno de los países de la OCDE que más ha ampliado sus números rojos como efecto de la crisis, solo por detrás de Grecia: su deuda bruta pasó del 41% del PIB en 2007 al 114% tan solo 10 años después, de acuerdo con los datos elaborados por el organismo dirigido por el mexicano Ángel Gurría. El informe reconoce sin embargo que esta variable ha mejorado durante el último año, sobre todo gracias a la mejora de la situación económica. Aun así, avisa de que el Gobierno no debe quedarse de brazos cruzados. A medida que la recuperación continúa, recomienda la OCDE, España tendrá que cumplir con objetivos fiscales a medio plazo que garanticen una senda estable y efectiva de reducción del pasivo.
Este informe que la OCDE publica cada dos años y que analiza una larga lista de variables relacionadas con las políticas públicas y la confianza de los ciudadanos en la administración, destaca que los niveles de déficit han ido mejorando de manera constante, hasta el 2,2% del PIB en promedio, aunque no a un ritmo suficiente para alcanzar los niveles precrisis (1,7%). Por otro lado, señala que la redistribución que logran los Estados a través de impuestos y transferencias ha disminuido en muchos países en las últimas dos décadas. Asimismo, hay menos dinero disponible para la inversión en un contexto en el que es cada vez más urgente destinar recursos a unas infraestructuras que durante los años de la crisis han sido descuidadas.
Inversión estancada
La inversión pública en los 36 países que forman parte de OCDE no ha logrado despegar tras el frenazo económico. El informe publicado este jueves arroja que sigue siendo inferior a los niveles precrisis. En 2017 supuso, en promedio, un 3,1% del PIB del club de los países ricos, 0,5 puntos porcentuales menos que en 2007. España, Grecia e Irlanda fueron los Estados que más terreno perdieron, mientras que los países nórdicos fueron los que, en general, más la aumentaron.
“La acumulación de la deuda y la incertidumbre, junto con la crisis económica de 2008, provocaron descontento entre los ciudadanos. La gente se pregunta si los Gobiernos están verdaderamente trabajando por el interés público o solo por unos pocos”, alerta en su análisis el organismo. “Este desencanto está erosionando los fundamentos de los sistemas democráticos en los países de la OCDE y requiere una acción urgente para fortalecer la legitimidad de las instituciones públicas”, continúa. Pese a este escenario, detecta que la confianza de los ciudadanos en la administración ha vuelto a acercarse a los niveles de 2007 tras el fuerte deterioro sufrido durante la crisis.
Los retos, aún así, son muchos, desde el envejecimiento de la población y la consecuente presión sobre los sistemas públicos de pensiones y sanidad al aumento del número de ciudadanos vulnerables ante fuertes desajustes. “Los datos evidencian que hacen falta más acciones para fortalecer la confianza en los gobiernos y las instituciones públicas”, concluye.
