La juventud fue un divino tesoro hasta que llegó la crisis. Desde 2008 hasta hoy los menores de 25 años han sido claramente los mayores damnificados de la regresión experimentada en el mercado laboral. Incluso ahora que las estadísticas llevan cuatro años reflejando mejoras en el empleo, a las nuevas generaciones les está costando arrancar. No es algo nuevo, sucede desde que en 1984 se abrió la espita de la precarización, indica Javier Polavieja, catedrático de Sociología del Banco Santander de la Universidad Carlos III; desde entonces la dualidad se ha convertido en una pieza estructural del mercado de trabajo, que implica que con cada recesión se expulse del mercado a los trabajadores temporales. “Ahora, aunque los jóvenes están mejor que estaban [la tasa de paro ha pasado del máximo de 2013 del 55% al 33,5% de 2018], arrastran ese problema endémico que es la precariedad, que no parece que vaya a cambiar hasta que no se tomen medidas más radicales”.
Dos razones explican la singularidad del modelo español, donde el desempleo y los contratos de duración determinada y a tiempo parcial duplican ampliamente las cifras europeas: “La estructura productiva del país, en el que las actividades de servicios, como el turismo o el comercio, tienen un enorme peso y también la cultura de determinados empleadores públicos y privados de eludir contratar por tiempo indefinido para actividades que son indefinidas”, sostiene el director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para España, Joaquín Nieto, que ha visto cómo crecían, además, los contratos de emprendedores y falsos autónomos en los últimos años.
Un fraude que viene determinado porque la flexibilidad laboral no está asentada en el país y porque los empresarios tienen miedo al compromiso, según el presidente de Asempleo (patronal de las empresas de trabajo temporal), Andreu Cruañas. Ello propicia que el desempleo juvenil sea el doble que el del resto de la población española, lo que, para Nieto, tiene consecuencias muy adversas para la sociedad.
Para empezar, la drástica caída de las remuneraciones de los ciudadanos de entre 16 y 29 años hace prácticamente imposible que puedan diseñar un proyecto de vida con unos sueldos medios anuales de entre 8.000 y casi 16.000 euros. Por eso no es de extrañar que España ocupe una de las últimas posiciones europeas en emancipación, junto con Italia, Eslovaquia, Croacia y Malta, según el estudio elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, que asegura que esta “es la brecha más grande con Europa, por delante del empleo”. Entre los 20 y 24 años solo un 8% de los jóvenes se van de la casa familiar (frente al 30% de la media europea), y suman casi el 39% cuando tienen entre 25 y 29 años en lugar del 59% continental. Y tampoco es raro que España tenga la tercera tasa de natalidad más baja de Europa, solo por detrás de Italia y Grecia.
Sin embargo, hay algo mucho peor todavía y es que este colectivo de 6,5 millones de personas se está descolgando socialmente, en opinión del Consejo de la Juventud de España, ya que casi cuatro de cada diez jóvenes se encuentran en riesgo de pobreza. “La actual pobreza juvenil se intuye como un próximo devenir hacia otro modelo social”, asegura la institución. El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) lo expresa de otra manera: los jóvenes doblan su peso en el grupo de población más pobre, tras empeorar sus oportunidades de empleo un 40% desde 2007. El 45,7% de los españoles de entre 16 y 30 años se sitúa en el grupo de menor renta (frente al 21,3% de 2007), refleja el estudio realizado con datos de 2016, los últimos disponibles.
Carmen Herrero, investigadora del Ivie y una de las autoras del informe, cree que la situación no ha cambiado demasiado desde entonces porque la calidad del empleo de los jóvenes apenas se ha movido (el 37% tiene contratos temporales y el 19%, además, a jornada parcial) y porque tampoco se les está formando para responder a la flexibilidad que necesita el mercado laboral; las universidades se empeñan en la tradicional especialización en lugar de en adecuar las competencias a los requisitos que exige el mercado laboral.
“A pesar de que el paro haya bajado mucho, la inestabilidad laboral sigue siendo enorme para los jóvenes. Nunca antes hemos tenido más contratos de una semana y los contratos a tiempo parcial se han convertido en una forma de exprimir los turnos de trabajo. Las empresas no quieren tener trabajadores y por eso optan, además de por la temporalidad, por los autónomos o por subcontrataciones en cascada”, señala Carlos Martín, responsable del Gabinete Económico de CC OO. Tanto es así que hasta organismos como la Comisión Europea han advertido a España de que el uso generalizado de contratos temporales contribuye a la desigualdad de ingresos y expone a los jóvenes a un mayor riesgo de pobreza.
“Somos el colectivo sobre el que más ha recaído la crisis porque, cuando empezaron las medidas de austericidio y se aprobó la reforma laboral de 2012, los expulsados del mercado laboral fuimos los jóvenes y, después, cuando se impulsaron acciones para contener el paro, se nos discriminó con el contrato de emprendedores y con las prácticas en empresas, donde más de la mitad de la plantilla son becarios. Así es imposible tener la estabilidad básica para hacer un planteamiento de vida”, explica Eduardo Magaldi, portavoz de Ruge, la organización juvenil del sindicato UGT. Eso sin contar que los jóvenes no expulsados del mercado, los que trabajaban, fueron los que más vieron reducido su salario, un 28% en el caso de los menores de 20 años y un 15% en el de los de menos de 24, prosigue.
Tampoco han podido acceder a las prestaciones sociales y se han tenido que refugiar en casa de sus padres o marcharse al extranjero en busca de oportunidades de empleo. Incluso la Garantía Juvenil auspiciada por Europa fracasó en España, según el director de la OIT; su mal diseño impidió que todos los fondos disponibles fuesen utilizados para incrementar la contratación “y nadie se ha responsabilizado de que haya salido mal”, según UGT.
Buenas noticias en femenino
En la semana de la mujer, a la que el mercado laboral penaliza, Luis Garrido, catedrático de Sociología de la UNED, aporta una buena noticia: “Con la edad laboral, la temporalidad en el empleo de los asalariados va cambiando decisivamente y es una sorpresa que en el caso de las mujeres dura menos que en el de los hombres”. Ellas están arrasando en el mercado laboral, aprecia, porque desde el curso 2008-2009 no han dejado de estudiar, incluso las que trabajan. El 65% de los universitarios empiezan a trabajar con contrato temporal, pero su estabilidad llega a los cuatro o cinco años, dice, mientras que para los que no tienen estudios aparece en torno a los 40 años.
Aunque, en este contexto, destaca un hecho positivo: muchos jóvenes han aprovechado estas carencias para volver a estudiar o continuar con sus estudios, reduciendo así la tasa de abandono escolar temprano entre los 18 y 24 años, desde cerca del 32% de 2008 al 18% actual. Un tercio de los jóvenes tiene formación básica, el doble que en los países de la OCDE, y su situación es la más preocupante junto con la del 23% que cuenta con estudios de Secundaria; mientras que el 44% son universitarios o tienen formación profesional superior.
Con todo, hasta pasados los 33 años, los jóvenes sufren una brecha salarial importante. Tienen que esperar casi hasta la década de los cuarenta para conseguir cobrar el salario medio en España, señala Magaldi, para quien “la sociedad parece admitir con normalidad el calvario de precariedad que viven los jóvenes”, aprecia. Algo que está afectando a su sentido de pertenencia, que es un asunto económico, y produciendo un desgajamiento del contrato social, que se transforma en desafección política y desconfianza en las instituciones, según Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social (CES). “Actualmente lo que más anima al joven bienintencionado es la indignación”, asegura.
Estamos fracasando como país al no ofrecer a los jóvenes unas condiciones laborales adecuadas, en particular, trayectorias que les permitan crecer en la empresa como trabajadores, como ocurre en el resto de países de nuestro entorno, a los que se están marchando para salvarse de la precariedad y, cada vez son más los que, viendo el panorama de precariedad laboral, optan por no volver, aprecia Sara de la Rica, catedrática de Economía de la Universidad del País Vasco. “Estamos perdiendo un capital humano enorme, que además es ya escaso por la trayectoria demográfica de nuestro país, por actuar de modo muy miope”, advierte.
El problema está diagnosticado. Y se enmarca además en una época en la que la revolución digital viene a modificar las condiciones laborales en una dirección que todavía se desconoce y cuyo primer impacto, el provocado por las plataformas de servicios de Internet, está siendo lo que se ha dado en llamar la uberización del empleo, que no deja de incidir una vez más en la precariedad, como están decidiendo los tribunales. Un momento en el que el horizonte demográfico dibuja una España envejecida y carente de jóvenes, que es la cuestión por la que el catedrático de Sociología de la UNED, Luis Garrido, se muestra optimista: “Ya se está notando que las cohortes que se jubilan son superiores en número a las de jóvenes que acaban sus estudios universitarios, que encuentran y encontrarán su hueco en el mercado laboral”.
Aunque, pese al diagnóstico, las recetas para combatir la precariedad a la que se enfrentan los jóvenes en este mundo tan incierto como cambiante no son nada sencillas. De momento, la importante subida del salario mínimo hasta 900 euros aprobada por el Gobierno el pasado diciembre es bien acogida por todas las fuentes consultadas. Es más, aunque algunas instituciones auguraron que provocaría descensos notables en el empleo, por ahora no parece que al menos en el corto plazo haya provocado un crecimiento inferior en la contratación, señala Sara de la Rica.
Sin embargo, no goza de tanto crédito el plan de choque por el empleo joven que dio salida unos días antes el Consejo de Ministros tras el acuerdo con los agentes sociales. Llega con 2.000 millones de euros bajo el brazo para destinarlos sobre todo a formación, para que 225.000 jóvenes adquieran competencias digitales y para contratar a 3.000 orientadores con el objetivo de reducir hasta el 23,5% el paro. El programa del Gobierno tiene buenas intenciones, pero habrá que ver cómo se pone en marcha o si se pone cuando haya un nuevo Ejecutivo tras las elecciones, señala Carmen Herrero. “Se han desarrollado muchos planes juveniles y el problema sigue estando ahí. O se toman más medidas estructurales, como el desarrollo de competencias profesionales, de prácticas, becas o la formación profesional dual y se ponen de acuerdo las comunidades autónomas, competentes en políticas de empleo, o no funcionará. El Gobierno entrante hará su propio plan”, prevé Santiago Soler, secretario general de Adecco.
Y es que, en opinión de Marcos Peña, la educación es la principal política activa de empleo que tiene un país. “Y, o se toma en serio, de manera que no cambie con cada nuevo Gobierno, o España no se arreglará. La base del valor de las naciones es la capacitación, la inteligencia. Tenemos que ajustar el conocimiento a la realidad del país. O nos ponemos las pilas o nos quedamos fuera del mundo”, asegura el presidente del CES. Desde su punto de vista, la pretensión de aplicar un tipo de contrato o una reforma laboral para hallar la solución al problema de los jóvenes es un espejismo. “El mercado laboral está exhausto de tantas reformas, solo hay que simplificarlo, armonizarlo y expurgar las medidas que se han demostrado ineficaces, como las bonificaciones, y reforzar a los agentes sociales”, aprecia.
Algunas recetas
No lo creen así el sociólogo Javier Polavieja, que es partidario del contrato único con indemnización creciente por despido conforme a la antigüedad en el puesto de trabajo; o Carlos Martín, para quien “el verdadero legado que deberíamos dejar a los jóvenes para que sus vidas abandonen la inestabilidad es eliminar el contrato por obra y servicio, que explica junto al contrato eventual, el 90% de la precariedad laboral; además de procurarles el acceso a la vivienda generando un parque público de alquiler de precio regulado”.
Las medidas para acabar con la temporalidad y rotación juvenil deberían pasar, según Sara de la Rica, por exigir que tengan una duración determinada solo los contratos cuya naturaleza es temporal y penalizar el fraude cuando se detecte. “Hay que supervisar ese fraude, ya que si no se persigue nunca se erradicará. Pero esta medida debiera ir acompañada de una mayor seguridad jurídica en los contratos indefinidos para que no se desincentive este tipo de contratación. Es fundamental, además, habilitar en las empresas medidas concertadas de flexibilidad interna para que lo último ante un momento recesivo sea el despido”.
Carmen Herrero, catedrática emérita de la Universidad de Alicante, va más allá y cree que para los jóvenes que no pueden vivir con su sueldo y tampoco acceder a ayudas públicas se debe introducir una renta básica sometida a controles para evitar irregularidades y gravar con más impuestos a las partes altas de las rentas para que estas se redistribuyan de manera que se pueda reducir el riesgo de pobreza juvenil, algo de lo que también son partidarios los sindicatos mayoritarios. Todo esto se debe acompañar, no obstante, con un mayor control en las empresas. “Hay mucho trabajo por hacer”, afirma.
Los jóvenes no han hecho la revolución en la calle porque sus familias les han arropado, prosigue Carmen Herrero. El futuro es incierto, pero las nuevas generaciones tienen la fuerza de la edad, el divino tesoro al que aludía el poema de Rubén Darío después de haberlo perdido.
Garantías para abordar la digitalización
Nuevas modalidades laborales. Es lo que se anticipa del futuro y lo que se está derivando ya de la transformación tecnológica, a las puertas de la automatización masiva de multitud de puestos de trabajo. Los jóvenes, el personal más adaptable, tendrán que adecuar sus competencias a esta nueva realidad, que vaticina empleos más flexibles, contratados por proyectos y como freelancers. Y se necesitará una moderna regulación laboral, un estatuto del siglo XXI, que garantice los derechos de estos nuevos empleados, según se manifestó esta semana en una jornada organizada por la World Employment Confederation (WEC) y Asempleo.
La presidenta para Europa de esta agrupación de empresas de servicios de empleo, Bettina Schaller, cree que España tiene el reto de regularizar su mercado de trabajo, el actual y el futuro para evitar el fraude, y acostumbrar a la sociedad a garantizar a la persona en lugar del puesto de trabajo. Y se refiere a los tribunales de distintos países europeos que están fallando a favor de los empleados de las plataformas digitales que los contratan sin respetar sus derechos.
“Está habiendo desarrollos virtuales en mercados hiperflexibles y nuestra legislación laboral no está pensada para ellos. Se contratan tareas concretas en plataformas virtuales que compiten globalmente en esa contratación, lo que tiene un riesgo potencial muy alto de crear vidas miserables para los trabajadores. El reto es evitar que esos sistemas se extiendan”, según Javier Polavieja, catedrático de Sociología. “Es preciso que la inspección laboral actúe con contundencia ante los fraudes para impedir que se generalicen”, apoya la catedrática de Economía, Sara de la Rica.
No obstante, las nuevas tecnologías abren grandes posibilidades de empleo para los jóvenes mejor formados. Lo que plantea la duda de ¿cómo combatir la bipolarización creciente entre trabajadores de alta especialización y baja cualificación? Una labor complicada que el ex secretario general de UGT, Cándido Méndez, la fía de nuevo a la educación, al desarrollo de la I+D+i y a apostar por una subida de los salarios más bajos, por introducir un suelo para los sueldos en los convenios colectivos por encima de 1.000 euros.
