Mohamed Attaouil tiene 44 años y seis hijos nacidos en España, donde vive desde hace 25 y de donde la Policía quiere ahora expulsarle —al menos durante diez años— por suponer “una amenaza para la seguridad nacional” de acuerdo con los artículos 54 y siguientes de la Ley de Extranjería. Lleva años a vueltas con la Justicia española. Pero el resultado es que ha ganado dos procesos judiciales contra dos importantes medios de comunicación, Telemadrid y ABC, a quienes denunció, en 2011 y 2012 respectivamente, por acusarle de ser un predicador salafista y por atentar contra su honor al incluirle entre los doce imanes más peligrosos de España. Ganó y fue indemnizado. Salió también airoso de una investigación por blanqueo de capitales de la Fiscalía en 2013 por el origen presuntamente opaco de los fondos con los que logró que se construyera la mezquita de Salt (Girona), presupuestada en cuatro millones de euros.
Attaouil trata ahora de esquivar un expediente preferente de expulsión que le comunicaron el pasado 8 de junio: “Tendrán que sentarme ante el juez”, responde con parquedad al teléfono, a sabiendas de que se enfrenta a un procedimiento administrativo que no requiere pasar por un juzgado. Basta con que la orden sea firmada por un alto cargo de la Administración, en este caso de la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Su abogado, el doctor en Derecho y Profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona Iván Jiménez Aybar dice que
“Sobre el papel, estamos ante un instrumento de autoprotección del Estado para expulsar a los extranjeros que suponen un grave peligro para nuestra sociedad”. Pero, advierte: “Cuidado, este instrumento queda al margen de todo control judicial”. La Comisión Islámica de España (CIE) no tiene datos de las personas que han sido expulsadas de España por este motivo. En Interior aseguran que “no se pueden facilitar ese dato” sin aportar razón alguna. Investigación judicial no existe porque no existe procedimiento judicial en estos casos. Pero una somera indagación en este asunto muestra las dos caras de Attaouil, un líder musulmán al borde de la expulsión.
Llegó a España desde Ain Zohra, sur de Marruecos. “Adora a sus niños y le adoran. Disfruta jugando con los pequeños. Con ellos comparte su afición al fútbol. Uno de ellos me llama Iván Rakitic, en referencia al jugador del Barça”, le describen en su entorno. Es empresario de la construcción y regenta una tienda de alimentación en una populosa esquina de Salt. “Bajo su aspecto rígido y serio se esconde una persona trabajadora, que cuando toma confianza es amistoso, fiel y leal”, aseguran.
En su afán por organizar a la comunidad musulmana, Attaouil se ha convertido en un referente. Impulsor y presidente de la Mezquita de Salt, y vicepresidente de la comunidad musulmana en Cataluña. Y se ganado el respeto y la defensa de los políticos locales, que este viernes acudían a una manifestación en su favor. Es un dirigente islámico cuya comunidad (Centro Islámico Imam Malik) pertenece a la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), que preside el histórico imán Riaj Tatary, también presidente de la CIE.
El silencio que ha mantenido esa entidad que aúna a todas las comunidades musulmanas de España es inquietante. Más aún si —como recuerda un representante musulmán— la comunidad del imán Abdelbaki Es Satty, cerebro de los atentados de Barcelona y Cambrils, también pertenecía a UCIDE. “Es un tema muy delicado, me siento confuso, conozco a Attaouil de dos encuentros, no puedo decir que el Estado no esté actuando de acuerdo con la ley”, se limita a decir Tatary.
Más prolijo en palabras es el secretario de la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (FEERI), Francisco Jiménez: “Desde la Comisión Islámica no dicen nada de las expulsiones pero estamos alarmados: es un abuso, no hay acusaciones concretas y la indefensión es total; Attaouil nunca escondió que sigue la tendencia salafista, es una corriente rígida pero eso no le convierte en un terrorista”.
La investigación sobre Mohamed Attaouil “comienza cuando ejerce como referente en la comunidad musulmana, actuando como líder del movimiento salafí [la vertiente más radical del Islam]”, dicen los informes policiales de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. “Participa en congresos salafíes manteniendo relaciones con predicadores de esa corriente, y con miembros europeos de la ONG Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), principal financiadora de los centros que expanden el salafismo. Muchos de sus partidarios justifican la lucha armada en nombre del Islam. Fue prohibida en 2002 en Pakistán y Afganistán por apoyar a los Talibán, y en 2008 Estados Unidos la incluyó entre las asociaciones que financiaban actividades de Al-Qaeda”.
Serio y carismático
Sus amigos cuentan que “su carisma, su seriedad, el aprecio de sus hermanos en la fe y su capacidad de liderazgo le permitieron promover la construcción de la gran mezquita”. La Policía afirma que ese centro islámico “se pudo construir gracias a la financiación de Arabia Saudí y Kuwait, países que el señor Attaouil visitó en varias ocasiones”. Estuvo tres veces en Arabia Saudí, reconoce su abogado, para peregrinar a la Meca.
“Entre sus afines cabe destacar a Tarik Chadlioui, predicador salafí arrestado en Birminghan (Reino Unido) en 2017”, dicen los informes policiales. “En abril de 2012, tras la detención de un grupo salafí en Francia, calificó a las autoridades francesas de “infieles enemigos de Dios”, aseguran. “Y en 2010 hay informaciones que le vinculan con el intento de creación de unidades de policía religiosa islámica en Salt”, añaden. “No permite que los musulmanes adquieran propiedades mediante préstamos con intereses, porque el Corán lo prohíbe; defiende la discriminación de la mujer, inculca a jóvenes el victimismo musulmán frente a Occidente en defensa de la yihad”. Por todo ello, concluyen: “Mohamed Attaouil supone una amenaza real, actual y suficientemente grave para la seguridad nacional, concurriendo motivos imperiosos de seguridad pública que justifican su expulsión preferente”.
