Los trabajadores sociales de los Ayuntamientos son como los médicos de familia al sistema de salud. La puerta de entrada a los servicios que necesitan los ciudadanos más vulnerables. Asesoramiento para tramitar la solicitud de dependencia, una ayuda de emergencia para los que no tienen cómo pagar una vivienda, intervenciones en familias con divorcios muy conflictivos. Existen enormes diferencias en el gasto social en los municipios de más de 20.000 habitantes, según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, experta en el sector. En términos porcentuales, el que más esfuerzo realiza, Alcalá la Real (Jaén), invierte casi un 24% de su presupuesto en esta área. El que menos, Los Barrios (Cádiz), alrededor del 1%. El análisis, con datos de 2018, establece tres categorías: los considerados pobres en gasto social, precarios y excelentes. Un tercio de los Ayuntamientos pobres se encuentran en la Comunidad de Madrid.
Las diferencias territoriales son también abrumadoras si se compara la cantidad de dinero invertido por habitante y año. Los 266,48 euros de Santurtzi (Bizkaia) multiplican por 13 los 20,18 de Ciempozuelos (Madrid). Y una de las principales preocupaciones de los autores del estudio es que hay Ayuntamientos que persisten en las peores posiciones de este ranking año tras año. De los 38 considerados como pobres —ninguno de los cuales llega al 7% de su presupuesto destinado a servicios sociales, según los cálculos de la asociación—, 19 repiten desde 2015. Entre ellos, Ciempozuelos o Galapagar (20,56 euros por habitante y año), los dos municipios que se encuentran en peor posición en la escala. Ana —que usa un nombre ficticio— trabaja en este último Ayuntamiento y conoce bien el funcionamiento de los servicios sociales. Cuenta que en 2013 se aprobó en el pleno —con un alcalde del PP— la externalización de la atención primaria de los servicios sociales, los más cercanos al ciudadano, aunque esta no llegó a ponerse en práctica.
“Pero desde entonces ha habido recortes. Comenzaron con la crisis, cuando más demanda había. Y desde 2014 a 2017 han estado trabajando con muy malas condiciones”, se queja Ana. “Esto repercute en que las ayudas de emergencia no llegaban a todas las demandas, y además al no disponer de los profesionales necesarios, no se han llevado a cabo proyectos suficientes para poder trabajar con las familias, detectar las situaciones de riesgo y poder prevenir”, continúa. Esto quiere decir, según su relato, que si alguien necesitaba pagar una factura de la luz y acudía a pedir ayuda para que no se la cortaran, se le advertía de que llegaría con retraso, por lo que sería conveniente que pidiera el dinero a alguien, con el ánimo de devolverlo cuando percibiera la cantidad correspondiente.
“La situación en los Ayuntamientos tiene mucho que ver con la comunidad autónoma. Madrid es ejemplo de ello”, apunta José Manuel Ramírez, presidente de la asociación. Según el análisis realizado por esta misma organización sobre el desarrollo de las comunidades en servicios sociales, Madrid fue la peor valorada en 2018. El Gobierno autónomo invirtió el 1,01% del PIB regional en el sector —frente al 1,57% de media a nivel nacional— y había un profesional de los servicios de atención primaria por cada 8.354 personas. “Los municipios han tenido que cargar a pulmón con el peso”, dice Ramírez, quien destaca que en 2018 el Ayuntamiento de Madrid se situó en la lista de los que tienen un desempeño excelente. “También se sumaron ciudades como Sevilla o Bilbao”, añade.
El ranking, que se realiza por cuarto año consecutivo, es el resultado del análisis de los datos de liquidación del presupuesto que los municipios remiten al Ministerio de Hacienda. El estudio incluye a los 385 Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que habían publicado sus cuentas a 31 de octubre de 2019. “El año pasado la inversión social ascendió a más de 2.867 millones de euros, por lo que se superó la inversión de 2010, cuando se invirtieron 2.837 millones y con 1,3 millones de habitantes más que en 2018”, se señala en la nota de prensa de la asociación.
Para ser consideradas excelentes en la materia, las localidades deben tener un gasto acreditado en servicios sociales y promoción social superior a 100 euros anuales por habitante; esta partida no puede haberse reducido respecto al año anterior; el gasto social debe representar al menos un 10% de su presupuesto y deben cumplir con el requisito de transparencia financiera (debe poderse cotejar el detalle). Hay ciudades con un alto gasto que quedan excluidas del listado al incluir en este apartado otras partidas. El año pasado, 28 Ayuntamientos estuvieron en esta situación. La comunidad con mayor número de municipios es Andalucía (10), seguida de Cataluña (5), y luego la Comunidad Valenciana (3). Solo dos municipios han repetido en el listado los cuatro años —aunque en 2015 no se incluyeron datos del País Vasco—: La Rinconada (Sevilla) y Miranda de Ebro (Burgos). “Unos 5,7 millones de habitantes se beneficiaron en 2018 de unos servicios sociales de excelencia en cuanto a la inversión de un total de 30,5 millones que viven en localidades de más de 20.000 habitantes”, explica Ramírez.
El umbral de pobreza en este ranking se fija en el 60% de la mediana de gasto anual por habitante de los municipios, que el año pasado se situó en 42,71 euros. Fueron 38 Ayuntamientos los que invirtieron menos de esa cantidad. De ellos, dos de cada tres repitieron respecto al año anterior. Otras 34 Corporaciones fueron consideradas como precarias porque su gasto fue inferior a 50 euros anuales por habitante. Entre ellos, Parla, en Madrid, el más pegado al listado de pobres, y La Pobla de Vallbona (Valencia), con 49,75, el más cerca de abandonar esta lista. Los municipios con un gasto de 50 a 100 euros no son catalogados por la asociación.
