«Las conversaciones ponen de manifiesto la fundación de un consorcio criminal entre dos mafiosos que, guiados exclusivamente por el ánimo de lucro, van a tratar de poner en marcha un plan para hacerse ricos teniendo siempre como cobertura su función policial». Son palabras del fiscal Anticorrupción Miguel Serrano pero no se refieren a dos delincuentes al uso, sino a dos comisarios: José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, al término de la declaración de este último ante el juez tras ser detenido en julio. El avance del caso Tándem ha ido aumentando esa nómina del «consorcio criminal», una brigada paralela cuyo «leit motiv» era ganar dinero sin freno.
«Yo soy comisario de Policía, pero hombre, pero los cabrones de los gobiernos pagan poco, me piden ayuda… a cambio de eso yo cuando necesito un dato delicado me lo dan», explicaba con soltura Villarejo a una de sus clientes. La frase resume de forma gráfica cómo funcionaba el comisario jubilado, que a cambio de hacer trabajos sucios al gobierno de turno tenía vía libre para acceder a datos reservados que utilizaba en sus informes y que cobraba a precios millonarios. Si lo necesitaba, también se valía de medios públicos para sus actividades y esos medios se los proporcionaban sus colaboradores. Cinco comisarios, tres de ellos principales, tres inspectores jefe y cuatro policías (uno ex) están ya investigados en el caso por distintos delitos que van del cohecho la a revelación de secretos, blanqueo, organización criminal, prevaricación, malversación, etcétera.
Expediente disciplinario
La nómina de imputados con uniforme previsiblemente seguirá creciendo porque no dejan de aparecer nombres, algunos de mucho peso. Unos siguen en el Cuerpo y otros están jubilados o en excedencia como el excomisario Julio Corrochano, jefe de seguridad del BBVA que contrató a su antiguo compañero, según la documentación hallada. A los ya imputados se les ha incoado o se les incoará expediente disciplinario por falta grave o muy grave. La decisión de suspender o no de sus funciones de forma provisional a los que siguen en activo depende del director general de la Policía y se ejecuta a través de Régimen Disciplinario, al margen del procedimiento penal.
Villarejo se valió no solo de policías; éstos no actuaban siempre ni en todos los casos. Cada uno tenía un papel y alguno pudo ser utilizado. Entre los supuestos receptores de dádivas a cambio de datos reservados hay un funcionario de la Agencia Tributaria y un jefe de Informática del Consejo General del Poder Judicial, con acceso a datos sensibles de los miembros de la carrera, que ha sido suspendido. Los tentáculos del comisario llegaban donde hubiera posibilidad de beneficio. Este es el papel que desempeñaron algunos investigados.
Enrique García Castaño, «Big» o «el Gordo». Comisario principal. Era el otro cabecilla. Tenía un puesto en la Policía clave para su antiguo amigo: jefe de los «fontaneros» dentro de la Comisaría General de Información, con los medios técnicos más avanzados a su disposición y con acceso a todas las bases de datos reservadas. Las conversaciones entre ambos, grabadas desde 2005 por Villarejo, demuestran el tenor de su relación: «Tenemos unos añitos para arañar un poquito de pasta… tenemos dos o tres años… que vuelven estos chicos nuestros pues de puta madre… que no pues macho tenemos que dedicarnos a los negocios… para arañar un poquito… yo estoy encantado con repartir», le decía Villarejo a García Castaño. «¡Si me estás mandando un correo electrónico a un sitio oficial! ¡Que tiene rastreador, coño! (…) Yo no sé cómo no te han pillado», le reprochaba el Gordo, temeroso de que se descubrieran sus manejos.
«Es un canalla»
Ahora, con la investigación judicial cercándolos y tras algunos desencuentros previos, su relación, en apariencia, está rota. «Es un canalla», dijo García Castaño de Villarejo tras declarar esta semana… Sin embargo, fuentes del caso desconfían: «¿Guerra entre ellos? Eso es una patraña». Tienen que coordinar su estrategia de defensa, porque si cae uno lo hará también el otro. Al fin y al cabo, eran el tándem.
Hay unas diligencias específicas sobre él y se le investiga además en las piezas Land, Iron y Kitchen. Tres inspectores jefe que estuvieron a sus órdenes están también imputados: Antonio Bonilla, en segunda actividad; Juan José Díez, jubilado, y Manuel Novoa, también jubilado. La mujer del Gordo, Celia Castro, policía, está asimismo investigada. Uno de los coches de lujo, una supuesta dádiva, estaba a su nombre.
Eugenio Pino. Comisario principal y exnúmero 2 de la Policía. Este policía «capaz de hacer cualquier cosa por España», quizá no participó en la trama por lucro, pero sí por ambición de poder. De ahí que activara la operación Cataluña, diseñada para desmontar la crisis secesionista y que tuvo unos resultados catastróficos, y ordenara, supuestamente, el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas para sustraerle documentos comprometedores para el partid
De confidente a agente
Andrés Gómez Gordo. Recién ascendido a comisario y actual jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de Alicante. Fue asesor de María Dolores de Cospedal y se le señala como el responsable de captar al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente y para robarle los papeles a cambio de pagos con fondos reservados. Ríos, que entró en la Policía tras ser confidente, es uno de los cuatro agentes imputados y tiene medidas cautelares. Gómez Gordo, también.
Carlos Salamanca. Excomisario de Barajas. Pasó cuatro meses en prisión. Está imputado en la causa principal, junto a su mujer y su hijo y en la pieza uno por colar a guineanos en España, a cambio de dinero. Las escuchas muestran su actuación obscena. La Sala reabrió contra él la imputación.
El expolicía, jefe de seguridad de Carolina Cereceda (pieza Land), es otro de los investigados y el agente José Manuel González está imputado en la pieza Pintor por dar matrículas de coches a Villarejo. La trama, ya se ha comprobado, tiene jefes y peones.
