Mayor inversión es la exigencia común de los partidos nacionalistas y regionalistas para apoyar un Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, tras el pacto que firmaron el pasado martes sus líderes, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Aunque todos estos partidos se muestran dispuestos a votar a favor de la investidura, demandan que se cumpla lo que denominan la “agenda” de su comunidad, con la excepción de Teruel Existe, que, más allá de su mera implantación provincial, aspira a defender las demandas de todo lo que se ha dado en llamar la España vacía. Los partidos que incluyen la palabra nacionalista entre sus siglas, PNV y BNG, piden también que el Estado ceda más competencias a sus comunidades.
La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ya cerró el apoyo del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) —el único que en julio votó a favor de la investidura de Sánchez— tras una reunión el pasado sábado con su único diputado, José María Mazón. Lastra, la máxima responsable de la negociación en nombre de los socialistas, continuará este lunes la ronda con el representante de los nacionalistas gallegos, Néstor Rego. La pasada semana inició los contactos con Joan Baldoví, de Compromís, y su aliado Íñigo Errejón, así como con el flamante diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte. Estas son las principales reivindicaciones de estos grupos, que pueden desempeñar un papel crucial en el desbloqueo de la situación política.
Total disposición del PNV. Los nacionalistas vascos, con seis diputados en el Parlamento, son los que tienen más peso entre todas estas fuerzas políticas. Fuentes de su ejecutiva aseguran que “no tienen ninguna vocación de ser un obstáculo para la investidura“, pero para pasar de la abstención al sí, va a exigir el cumplimiento de una serie de compromisos previos, inversiones del Estado, y avances concretos en territorialidad. Aunque todavía no ha precisado el listado, la “agenda vasca” se centra en inversiones del Gobierno central en Euskadi —como los accesos de la Y vasca de alta velocidad en las tres capitales de provincia—, la defensa del autogobierno y del concierto económico. Además, el PNV quiere trabajar en “avances y desbloqueo” en el tema territorial. Los nacionalistas vascos dan por hecho que sigue vigente el calendario de transferencia de 33 competencias pactado con Sánchez tras las anteriores elecciones de abril y quieren trabajar en fijar otras cuatro: la Inspección de Trabajo y Seguridad, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la gestión del régimen económico.
Alivio presupuestario para Canarias. Coalición Canaria y Nueva Canarias, que han conseguido dos diputados al presentarse de forma conjunta en los comicios del domingo, consideran fundamental que se modifique la ley de estabilidad presupuestaria para que las comunidades cumplidoras, como es el caso del archipiélago, puedan utilizar el superávit. Del mismo modo, recuerdan que el Gobierno central tiene pendientes compromisos adquiridos con las Islas como la ejecución del nuevo convenio de carreteras cuyo importe supera los mil millones de euros hasta 2025. La “agenda canaria” a la que supeditan su sí a la investidura también incluye el cumplimiento del plan especial de empleo, el convenio de infraestructuras hidráulicas e incluso no se descarta que se solicite que se recoja el hecho diferencial canario en una eventual reforma de la Constitución.
La financiación valenciana. El único diputado de Compromís, Joan Baldoví, quiere que se blinde una inversión del 10% de los Presupuestos Generales del Estado para la Comunidad Valenciana y negociar un nuevo sistema de financiación autonómica. De manera más concreta, pide que el Gobierno central se haga cargo de la deuda de los 450 millones de euros empleados para la construcción de La Marina del Puerto de Valencia, con motivo de la competición de la Copa del América. También exige que el Estado aporte el 50% de la financiación de la ley de dependencia, cuando ahora paga solo el 12%. En el capítulo de infraestructuras, pide más inversión en los trenes de cercanías.
Más competencias para Galicia. Los nacionalistas gallegos del BNG, que consiguieron un escaño, no piensan fijar públicamente sus peticiones concretas, porque consideran que en esta negociación es fundamental la “discreción” para evitar “ruido” y “malas interpretaciones”. Pero, a tenor de las líneas políticas marcadas durante la campaña, sobre la mesa estará el traspaso a la Xunta de la AP-9, la autopista de peaje que une la franja atlántica gallega de norte a sur, y los fondos que el Estado ha dejado de aportar a la dependencia. Además, los nacionalistas quieren resucitar la negociación de la cesión de competencias a Galicia por parte del Gobierno central, que se paró en seco en 2009 con la llegada del popular Alberto Núñez Feijóo a la Xunta. Reclaman, por ejemplo, la gestión de infraestructuras ferroviarias para mejorar las deficientes conexiones de proximidad que sufren los gallegos y la de los puertos de titularidad estatal.
El tren cántabro. El ferrocarril está en el centro de las reclamaciones del PRC, el partido del presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla. Los regionalistas ya habían cerrado la cuestión con un acuerdo suscrito el pasado julio con el ministro de Fomento en funciones y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, para licitar de inmediato el primer tramo de la conexión ferroviaria entre Madrid y Santander. Asimismo incluye compromisos para mejorar los enlaces de la capital cántabra con Bilbao y con otras ciudades de la comunidad, caso de Torrelavega y Reinosa. Los regionalistas también han mostrado su preocupación por las posibles cesiones a los independentistas catalanes, pero su diputado, José María Mazón, se dio por satisfecho con las explicaciones que le dio Lastra en la reunión que mantuvo con ella el pasado sábado.
El portavoz de la España vacía. Teruel Existe, con su único diputado, quiere ser el representante en el Congreso de toda la España que sufre el drama de la despoblación. Lejos de reivindicaciones localistas, su principal condición para apoyar la investidura de Sánchez es un pacto de Estado por el reequilibrio territorial, que incluya un nuevo mecanismo de financiación “plurianual y estable” para los territorios despoblados. Además, el grupo turolense demanda que se cumplan las legislaciones europea y española para acercar Internet de alta velocidad a las zonas rurales. “Nuestro programa no es exclusivo de Teruel”, explica Manuel Gimeno, número dos de la agrupación de electores para las generales. Sin embargo, Teruel Existe también reclama la puesta en marcha de infraestructuras paralizadas desde hace años en la provincia, como el tramo Zaragoza-Sagunto del Corredor Cantábrico-Mediterráneo o las autovías A-68, A-25 y A-40, y una “transición justa” para la central térmica de Andorra, que cerrará en 2020.
