Una instrucción dictada el pasado miércoles por el Ministerio del Interior para “racionalizar” la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana -rebautizada como ‘Ley Mordaza’ por sus detractores- ha preocupado a los sindicatos de Policía, que denuncian que pone en riesgo la seguridad de los agentes “frente al acoso y las amenazas”.
La instrucción tiene como objetivo, según afirmaba este jueves la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, “racionalizar” la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana para evitar las “desproporciones y situaciones extremas” que ni garantizan los derechos y libertades de los ciudadanos ni la necesaria protección de los agentes y en el ejercicio de sus tareas.
La Ley de Seguridad Ciudadana fue aprobada en el Congreso con el único apoyo del PP, que tenía mayoría absoluta, y fue recurrida por el PSOE y otros partidos ante el Tribunal Constitucional. Ahora, esta instrucción pretende “establecer criterios claros de actuación para los agentes, mientras se reforma la ley” en el Congreso, prevista para el mes que viene.
En una nota de prensa remitida a Efe, los sindicatos SUP, CEP, UFP y SPP de la Policía Nacional asegura que “somete” el trabajo de decenas de miles profesionales de Policía, Guardia Civil, Policías Autonómicas y Cuerpos locales “a un entorno de mayor riesgo” en situaciones de “intentos deseñalamiento, amenazas, acoso y persecución por el ejercicio de sus funciones”.
Criterios de toma de imágenes y cacheos
La instrucción del Interior recalca que la mera toma de imágenes o el tratamiento de los datos de los agentes no constituye infracción si no representa un riesgo o peligro para ellos, su familia, las instalaciones o las operaciones policiales.
La Secretaría de Estado de Seguridad también pretende unificar criterios en la práctica de determinadas diligencias como los cacheos, y en la interpretación de algunas infracciones tipificadas en la Ley de Seguridad Ciudadana.
Así, según ha podido saber TVE, los agentes deberán dejar por escrito el motivo por el que se realiza un cacheo, su identidad y si ha habido alguna incidencia, y entregar luego el escrito a sus superiores.
También, según la instrucción, una primera negativa a un requerimiento policial no será una falta grave a no ser que impida que el agente desarrolle sus funciones.
Una ley con consenso de los agentes para garantizar su protección
Los sindicatos recuerdan en su comunicado que esa Ley Orgánica fue aprobada en 2015 y “recogió una demanda de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de apabullante consenso: proteger mejor a nuestros compañeros frente a un uso indebido, por particulares, de sus imágenes con un fin que pusiera en riesgo su seguridad y la de su familia”.
“La imagen de un policía de servicio tomada mediante un dispositivo de grabación constituye un dato de carácter personal“
“La imagen de un policía de servicio tomada mediante un dispositivo de grabación constituye un dato de carácter personal, según pacífica interpretación de órganos judiciales. Y su inclusión en redes sociales o soportes de internet de cualquier tipo supone, además, un tratamiento no autorizado que está protegido por otra Ley Orgánica”, añaden los sindicatos.
A su juicio, los “matices” que introduce ahora Interior son sólo “un subterfugio para desactivar ese artículo y lograr que no se pueda aplicar una sanción frente a un comportamiento que amenace la seguridad de los agentes que trabajan en las calles”.
Se trata en definitiva, añaden, de “un claro intento de abolir por la vía de los hechos una parte de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que defiende a los policías nacionales” y de hacerlo “en un ámbito político, escapando de las limitaciones que establece el Poder Legislativo”.
Para los sindicatos, el hecho de que el Ministerio del Interior haya elaborado esta instrucción “sin contar con los legítimos representantes de policías nacionales” representa una “falta de respeto”, pues recuerdan que en la elaboración de la Ley de Seguridad Ciudadana sí se tuvo en cuenta su opinión.
