La hasta ahora Alta Comisionada para la Pobreza Infantil, María Luisa Carcedo, es la elegida por Pedro Sánchez para sustituir a Carmen Montón como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. La ya ex ministra ha dimitido este martes por el escándalo de su máster, cursado en la Universidad Rey Juan Carlos. Horas antes, el presidente del Gobierno había respaldado públicamente a Montón afirmando que estaba “haciendo un extraordinario trabajo” y que lo iba y a “seguir haciendo”.
Esta asturiana de 65 años, natural de San Martín del Rey Aurelio (Asturias), licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo y diplomada en Medicina de Empresa por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, desarrollo su actividad profesional como médica de Atención Primaria del Servicio de Salud del Principado de Asturias en Sotrondio y en el Centro de Salud de El Natahoyo de Gijón.
Entre 1984 y 1991, Carcedo, casada y con un hijo, fue directora del Área Sanitaria del Valle del Nalón, del INSALUD y directora general del Servicio de Salud Pública del Principado. También diputada en la Junta General del Principado y consejera de Medio Ambiente y Urbanismo. Después ejerció de portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Junta General del Principado.
Durante los años 2008 y 2011 fue presidenta de la Agencia Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios. Más adelante, entre 2015 y 2018 fue elegida diputada en el Congreso de los Diputados por Asturias y senadora por designación de la Junta General del Principado. Actualment forma parte de Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como secretaria Ejecutiva de Sanidad y Consumo.
El 15 de junio de 2018 fue nombrada por el Gobierno Alta Comisionada para la lucha contra la pobreza infantil, un nuevo cargo a cuya creación se había comprometido el presidente Sánchez.
El plan Veca, su medida como Alta Comisionada
Una de las medidas que ha puesto en marcha Carcedo como Alta Comisionada, fue el plan ‘Veca’, con 10 millones de euros para abrir comedores escolares y para becas a menores vulnerables en campamentos estivales. Precisamente, la hasta ahora ministra de Sanidad, Carmen Montón, reivindicó el pasado viernes en Consejo de Ministros este plan y recordó que formaba parte de las responsabilidades de la Alta Comisionada.
En una entrevista el pasado mes de julio con Europa Press con motivo de sus nuevas responsabilidades como Alta Comisionada, Carcedo reivindicó también la puesta en marcha de “una garantía de ingresos” para las familias en una situación más vulnerable. “A las familias con menos ingresos hay que garantizarles un nivel mínimo de ingresos que les permita dar cobertura a las necesidades más básica”, señalaba.
Entre los principales retos de su cometido, que hasta su nombramiento eran competencia del Ministerio de Sanidad, que ahora asume, estaban el impulso de medidas para evitar la desigualdad especialmente en la infancia, así como la puesta en marcha de políticas para la redistribución de la riqueza “eficaces” para “amortiguar” el riesgo de pobreza y de exclusión social.
Carcedo aboga por mejorar las prestaciones por hijo a cargo para combatir la desigualdad, haciendo especial hincapié en las familias monoparentales. “Los recortes y las reformas fiscales beneficiaron a rentas medias-altas y altas, las bajas no se beneficiaron”, ha manifestaba como crítica al anterior Ejecutivo.
“La pobreza infantil es la cola de un asunto que afecta a la economía española que es la desigualdad. España es uno de los países en los que más ha crecido la desigualdad en los últimos años”, incidía Carcedo, reclamando políticas que consigan “romper” esas desigualdades en origen porque las que existen “son poco eficaces para reducir la pobreza infantil”.
También se proponía hacer especial hincapié en el fomento de la inclusión social y en otras iniciativas que eviten el abandono escolar porque, en su mayoría, se produce en familias con niveles económicos y de formación bajos. Y rechaza “pervertir” las becas escolares, abogando por “recuperar el sentido de las becas para situaciones de carencia económica de las familias” y no para premiar la excelencia académica.
