Ahora sí empieza la cuenta atrás para el comienzo del juicio del «procés», el segundo en democracia en el que unos acusados se sientan en el banquillo por un delito de rebelión (el primero fue el 23-F). Una semana después de lo previsto, doce procesados por el golpe secesionista en Cataluña (otros siete, entre ellos Puigdemont, lo están en rebeldía) serán juzgados por la máxima instancia jurisdiccional de España: el Tribunal Supremo, con sede en Madrid.
Los siete magistrados que decidirán el futuro del equipo de gobierno de Puigdemont, entre ellos el de su número dos, Oriol Junqueras – para quien la Fiscalía pide 25 años de cárcel- notificaron ayer el auto de admisión de prueba. Precisamente ha sido esta resolución la que ha alterado, mínimamente, eso sí, el calendario de la Sala, que ha tenido que estudiar los más de 1.800 folios de proposición de prueba (documental, testigos…) de las defensas y los 300 de las acusaciones, que conforman la Fiscalía, una Abogacía del Estado descafeinada (rebajó la rebelión a sedición justo antes del juicio) y la popular que ejerce Vox.
Durante los próximos tres meses -la previsión del tribunal es que el juicio quede visto para sentencia antes de las elecciones del 26 de mayo- en torno a 500 testigos desfilarán por la plaza de las Salesas. Entre ellos figuran el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy; la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro; el expresidente de la Generalitat Artur Mas; el lendakari, Iñigo Urkullu; el actual presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent; los diputados de ERC Gabriel Rufián y Joan Tardá; la ex coordinadora general del PDeCAT Marta Pascal; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el ex delegado de Gobierno en Cataluña, Enric Millo, entre otros.
Además comparecerán también como testigos agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y particulares que resultaron lesionados en los actos violentos del 1 de octubre de 2017, el día del referéndum ilegal.
A su vez, la Sala rechaza testificales como la del Rey porque lo prohíbe expresamente el artículo 411 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -le exime de la obligación que todo ciudadano tiene de concurrir al llamamiento judicial «para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado»- o la del jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín, en este caso porque no se admite en nuestro sistema el «testigo por sustitución».
Los magistrados también han rechazado la declaración del exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, pues los hechos por los que Vox le quiere preguntar son anteriores a la consulta de 2014. De igual forma, han sido excluidos el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y otros procesados huidos. La Sala argumenta que su condición de parte pasiva del proceso, declarada en rebeldía y todavía no enjuiciada, es «manifiestamente incompatible con el deber de declarar y la obligación de decir verdad que asume todo testigo». En otros casos, como en el de Pilar Rahola, la propuesta se rechaza porque sus valoraciones «son prescindibles».
Oriol Junqueras y Raül Romeva habían pedido la comparecencia de un relator de la ONU y de un experto «independiente» que explicaran al tribunal «el alcance actual y significado del derecho de autodeterminación». Los magistrados lo deniegan: «La Sala no acepta una prueba encaminada a explicar a sus integrantes el alcance y significado de un derecho cuyo contenido material se obtiene a partir de las declaraciones internacionales suscritas por
España y de la dogmática que se ha ocupado de su estudio. Hacer depender de la opinión de dos juristas la conclusión acerca de la legalidad internacional del derecho a decidir, supone quebrar de forma irreparable el significado de la función jurisdiccional». Lo mismo sucede con la propuesta de relatores de Naciones Unidas, expertos en derechos humanos, premios Nobel o intelectuales como Noam Chomsky y Paul Preston. Sus «valoraciones personales» nada pueden aportar en este juicio.
La transparencia del directo
Sobre la presencia de observadores nacionales e internacionales en el juicio «para garantizar el respeto a los derechos humanos de los procesados», el tribunal la rechaza al considerar que ese «sano elemento de fiscalización del ejercicio democrático de la función jurisdiccional» está garantizado con la retransmisión en directo del juicio, a la que cualquier ciudadano, en calidad de «observador», podrá tener acceso.
Por último, la Sala fija en dos el número de plazas que cada uno de los acusados podrá reservar para familiares y allegados: «El mero cálculo combinado de las dimensiones de la Sala de Plenos, el número de procesados y las acreditaciones que se solicitan, impone la conveniencia de esa restricción» para que puedan acceder terceros, en aras de esa demandada publicidad que las defensas reclaman.
