Los menores extranjeros no acompañados se han convertido en víctimas silenciosas de las noticias falsas que se multiplican en Twitter, en Facebook y en vídeos de YouTube. Los bulos los fabrican falsos expertos en inmigración que hacen cálculos indemostrables sobre un colectivo al que se ha querido reducir a un acrónimo (menas) de la jerga policial. Las mentiras llegan a la barra del bar, a las tertulias televisivas y a los discursos electorales de la mano de Vox.
¿Son delincuentes?
No hay datos oficiales disponibles que permitan deducir que los aproximadamente 12.300 menores extranjeros no acompañados que hay en España cometen delitos. Los únicos números que se conocen, de hecho, apuntan a que es una minoría la que delinque. En Cataluña, por ejemplo, los Mossos analizaron qué delitos habían sido cometidos por alguno de los 5.622 jóvenes inmigrantes que han llegado a Cataluña en los últimos tres años. La estadística mostró que el 82% de esos menores no aparecía en los ficheros policiales. Un 12% había cometido delitos graves, como hurtos y robos con violencia, y el 6% restante estaba siendo investigado por cuestiones menos graves, como daños o robos de menos de 400 euros. Los números incluyen a los menores que en ese periodo cumplieron los 18 años y quedaron fuera del sistema de protección.
Los pocos datos disponibles a escala nacional se refieren solo al conjunto de los menores extranjeros, sin diferenciar a los que han llegado solos a España y que son tutelados por las comunidades autónomas del resto. La estadística oficial muestra que no hay una relación directa entre el aumento del número de niños y adolescentes que migran solos y los índices de delincuencia.
Las memorias de la Fiscalía recogen que entre 2012 y 2018, el número de menores extranjeros no acompañados ha pasado de 3.261 a 13.796, un crecimiento del 323%. En ese mismo periodo el número total de menores extranjeros (acompañados y no) que fueron detenidos e investigados cayó un 32%, según el Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior.
El análisis de 2018, el año en el que se registró un número récord de entradas de menores extranjeros no acompañados (más de 7.000 según la Fiscalía), ratifica que no hay base para asociar un aumento de la delincuencia con la mayor presencia de estos menores. El año pasado, mientras estos niños comenzaban a ocupar titulares, se registraba el segundo porcentaje más bajo de menores extranjeros investigados y detenidos de la serie que comienza en 2010.
¿Mantenerlos cuesta más de 1.000 millones al año?
Esta cuenta parte de las declaraciones de un juez de menores de Granada, Emilio Calatayud, que se han hecho virales en los últimos meses. El magistrado asegura que los centros para “los menores migrantes y los menores cristianos, los nacionales (sic)” cuestan 240 euros al día. Si se multiplica esa cantidad por 365 días por 12.300 niños, efectivamente la cuenta da más de 1.000 millones anuales. Sin embargo, los datos demuestran la falsedad de estas cuentas.
El gasto que suponen los menores extranjeros no acompañados varía por comunidades y depende del alquiler del espacio donde vivan, del precio del comedor, de las actividades formativas, de los talleres que se impartan… Las comunidades autónomas que han hecho público el importe diario que dedican a los menores extranjeros no acompañados gastan bastante menos de lo que afirma el juez Calatayud. Madrid, donde hace más de un año que decenas de menores duermen sobre colchonetas en el centro de recepción de Hortaleza, asegura que invierte 140 euros por niño y día; Melilla gasta de 13 a 60 euros diarios; en Cataluña la horquilla varía entre los 41,5 euros y los 139 euros. La cuenta de los 1.000 millones, por tanto, es falsa.
¿El 60% es mayor de edad?
Esta es otra afirmación habitual en las conversaciones sobre el colectivo y, como las anteriores, es falsa. El dato que se usa para afirmar que no se trata de niños sino de adultos que se aprovechan del sistema de protección y evitan además ser expulsados proviene de la memoria de la Fiscalía, pero está sesgado. Los fiscales son los responsables de decretar la edad de todos los niños a los que se somete a una serie de pruebas forenses y dan cuenta en su informe anual de los resultados. El porcentaje del 60% es totalmente falso.
La memoria recoge la conclusión de las 12.152 diligencias por comunidades autónomas y, según el documento, prevalecen los resultados de minoría de edad.
En Girona el 94,1% de los chicos a los que se les practicaron pruebas fue declarado menor de edad; en Murcia, el 90,66%. Con porcentajes algo inferiores, pero también muy elevados, destacan Barcelona (83,16%), Madrid (73,3%), Ceuta (71,23%), Las Palmas (62,15%) y Cádiz (52,67%). En Almería y en Melilla hubo tantos decretos de mayoría de edad como de minoría. Solo se impuso la mayoría de edad en Málaga (69,45%) y Granada (66,84%).
En cualquier caso, una vez más, hay que tener en cuenta otros elementos. La comunidad científica reconoce el amplio margen de error (dos años o más) en las pruebas forenses de determinación de edad. El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, y esto también lo recoge la memoria de la Fiscalía, ha criticado que el sistema español de determinación de la edad se base exclusivamente en pruebas médicas consideradas inexactas y no tenga en cuenta otros elementos como la maduración psicológica. También pide que se considere la documentación que aportan los propios interesados.
