El Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha sacado adelante los seis últimos decretos sociales de esta legislatura que se encamina ya hacia la cita electoral del 28 de abril. Y lo ha hecho sin excesivos problemas este miércoles por la tarde en el pleno de la Diputación Permanente del Congreso y con el respaldo de los mismos socios que le apoyaron hace 10 meses en la moción de censura contra Mariano Rajoy. Entre los reales decretos aprobados están el que incluye medidas de igualdad en los permisos de paternidad y el de apoyo a los parados mayores de 52 años.
Los reales decretos aprobados en las últimas semanas por el Consejo de Ministros eran seis y todos han sido convalidados por el órgano que rige en las Cortes cuando el Congreso está en funciones a la espera de las elecciones generales. Los decretos sobre el plan de contingencia ante el Brexit, el de igualdad y el que contempla inversiones para los ayuntamientos y comunidades han conseguido 40 votos a favor, 25 en contra (PP) y ninguna abstención. El decreto sobre medidas de protección social y lucha contra la precariedad laboral que contiene el apoyo a los parados mayores de 52 años recabó 34 votos afirmativos, 25 negativos y seis abstenciones. El de las reformas para apoyar el alquiler sumó 33 síes, 31 noes y una abstención. Y, finalmente, el de la estiba ha contado con 33 síes, 25 noes y siete abstenciones (Ciudadanos).
“Sin nosotros los viernes sociales serían viernes negros; así que tengan en cuenta con quiénes quieren pactar”. Esta advertencia inicial de Joan Baldoví, diputado de Compromís, marcó el tono del debate que se produjo en el Congreso y la votación.
Los partidos que hicieron posible en junio pasado la moción de censura contra Mariano Rajoy volvieron a tejer así una mayoría para sacar dichos decretos adelante antes de las elecciones generales del 28 de abril, en lo que supone una pista de más largo alcance ante posibles mayorías parlamentarias tras los comicios. Pero Unidas Podemos, PDeCAT, ERC, PNV, Compromís y Bildu criticaron el momento electoral elegido para sacarlos adelante y, sobre todo, la timidez y falta de ambición de algunas de las medidas. Ciudadanos y PP cuestionaron el “electoralismo” de esos decretos en favor de la campaña de Pedro Sánchez pero votaron de forma diferente: el de Rivera apoyó algunos y el de Pablo Casado, ninguno.
Las críticas de los aliados de la moción de censura no evitaron que prosperaran todos y cada uno de los seis reales decretos porque todos sus votos eran imprescindibles: el Gobierno y sus socios suman 33 escaños en la Diputación Permanente frente a los 32 de la oposición. Había la sospecha de que ese bloque se rompiera en algún caso pero eso no sucedió. El PP votó contra todos y Ciudadanos dio el sí a las medidas para proteger a los españoles en el caso de un Brexit sin acuerdo y al de igualdad que contempla la progresiva equiparación de los permisos de paternidad con los de maternidad de manera intransferible y retribuidos al 100% hasta las 16 semanas en los próximos tres años.
El presidente del PP, Pablo Casado, ya había elevado desde Canarias el tono de sus críticas al relacionar las ambiciones de Sánchez con apoyos como el de Bildu. “España no merece un Gobierno que dependa de un partido que no ha condenado los asesinatos de ETA ni colaborado en el esclarecimiento de 300 crímenes”, ha dicho Casado y le ha acusado de “abrazarse a un terrorista confeso”. Luego se ha preguntado: “¿Hasta dónde llega la indignidad de un Gobierno que necesita implorar que un proetarra como [Arnaldo] Otegi le salve sus decretos”.
El primer decreto ley abordado en el debate fue el que contiene el plan de contingencia para afrontar un Brexit y una salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo. Luego se discutió otro sobre igualdad y el que amplía los permisos de paternidad y a continuación en la agenda del día está el de las subvenciones a los parados mayores de 52 años, las reformas para el impulso del alquiler, el que regula sector de la estiba y el que contempla una mayor inversión para las autonomías y ayuntamientos.
Unidas Podemos y sus confluencias, Esquerra Republicana de Cataluña, el PDeCAT, Compromís y Bildu quisieron dejar claro en el debate que facilitarían la convalidación de los decretos porque aceptan que en su contenido hay mejoras sociales para los ciudadanos, pero expresando su malestar por las formas. No les ha gustado nada que el Gobierno de Sánchez esperase hasta el final de esta corta legislatura para incluir algunas de esas propuestas cuando lo podían haber intentado antes y en el caso de Podemos insistiendo mucho en que al final no se ha podido promover la derogación de la Reforma Laboral aprobada en su día por el Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy.
Aitor Esteban, el portavoz del PNV, expresó así su queja por no haber sido debidamente consultados antes y avanzó algunas dudas sobre posibles conflictos de competencias.
La vicepresidenta Carmen Calvo ha encabezado la delegación socialista en el pleno de la Diputación Permanente y ha defendido directamente varios decretos relacionados con su departamento. A la entrada pidió el apoyo de todos los partidos y que dejasen los intereses partidistas para la campaña electoral.
Sobre la relevancia del decreto de igualdad, Calvo ha reivindicado los cambios para facilitar que ésta sea real y efectiva: “La Constitución española solo alcanza a un artículo 14 que prohíbe la discriminación pero no un principio propositivo rotundo”. Y luego ha enumerado que en España seis de cada 10 parados son mujeres y que su pensión media está en 781 euros frente a 1.200 de los hombres. “Son razones urgentes, ¿para cuándo si no después de 40 años?”, lanzó al hemiciclo. La popular Beatriz Escudero dio a entender que lo rechazarán porque les parece casi delictivo fomentar ese tipo de iniciativas con “cheques sin fondos” (mostró un talonario que la presidenta, Ana Pastor, le obligó a guardar) y calculó que esa reforma podría tener un coste semanal de 100 millones de euros.
El debate se enrareció aún más entre Podemos y Ciudadanos. La diputada Patricia Reyes, de la formación naranja, se negó a aceptar que los temas de igualdad sean solo de las fuerzas progresistas y pidió un par de veces que se le preguntara sobre los beneficios de paternidad al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que acaba de volver de ese permiso tras el nacimiento de sus dos hijos. Salió al paso la diputada de Podemos, Noelia Vera. “Para no querer que se usen las instituciones con fines partidistas tremendo mitin se ha soltado”, le espetó y aprovechó para exigir más celeridad en esas medidas y no tener que esperar hasta 2040 para lograr la igualdad. Vera recordó que los hijos de Iglesias e Irene Montero “nacieron el 3 de junio y que el nuevo permiso de paternidad entró en vigor el 5 por lo que no se pudo beneficiar”.
La diputada de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, ha criticado que el Gobierno hubiese perdido la oportunidad para derogar la vigente reforma laboral: “Ustedes podrían haber derogado la reforma laboral pero no han querido y han traído un sucedáneo de mala calidad. Ustedes se van sin mover ni una coma pero apoyamos el real decreto por la subvención a personas que no tienen nada que echarse a la boca aunque nos queda claro que están entregados a la CEOE y dejan a la clase trabajadora a la intemperie”. La diputada del PSC, Mercé Perea, ironizó con el éxito viral que podría tener esa intervención en redes sociales de Díaz pero apuntaló la importancia de la medida porque dará subsidio a más de dos millones de personas.
“Populismo institucional”
Desde el PP solo se entiende la necesidad de ese decreto por las “urgencias de partido” pero su diputado Carlos Rojas fue duro: “Para el Gobierno lo que es propaganda dice que es social. El Gobierno emponzoña el sentido de los decretos con su populismo institucional. El Gobierno ha admitido 24.000 solicitudes de esta subvención que estaban paralizadas y ahora dice que se soliciten aunque no se cumplan los requisitos: están engañando a los ciudadanos porque si no cumplen los requisitos no podrán cobrarlos”.
El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, en su más que previsible última intervención en el Congreso, tampoco aceptó bien el “escenario” electoral en el que se produce este debate, en medio de una campaña, aunque reconoció que los asuntos en general eran relevantes. Esteban, del PNV, incluso reprochó al Ejecutivo de Sánchez que pretenda convertir ahora la tramitación de esos decretos como si fueran proyectos de ley en la fase de enmiendas en un “zoco” con pujas y ofertas electorales.
Baldoví, de Compromís, envió dos “recaditos” al Gobierno de Sánchez al advertirle de que no se debe apropiar de todos los méritos sociales de esos decretos y al recordarle también que debe tramitar y enviar a las comunidades, y en concreto a la valenciana, los recursos previstos en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). La representante de Bildu, Marian Beitialarrangoitia, ha presumido de lo “determinante” de su voto para mejorar la vida de muchas personas en esta ocasión y ha vaticinado que lo serán más en el futuro antes de ratificar su voto afirmativo.
En el debate, Jordi Salvador, de ERC, ha aprovechado para dejar constancia de su disgusto porque el Gobierno socialista no haya impulsado en esta etapa “ningún gesto” relacionado con los políticos independentistas que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo.
La portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, no quiso revelar a la entrada el sentido global del voto de su partido pero sí ha dejado claro con sus manifestaciones que será negativo porque entienden que forma parte de una estrategia de Sánchez durante sus 10 meses de Gobierno en esta legislatura en beneficio de su candidatura electoral. Y ha vaticinado que todos ellos supondrán “la semilla de la futura ruina de España” y de “la próxima crisis” porque conllevan más gasto.
