El informe de uno de los dos grandes grupos de observadores internacionales contratados por la Generalitat cuestiona abiertamente la “integridad” del resultado de la votación ilegal del 1-O. El denominado Equipo Internacional de Expertos Electorales Internacionales (IEERT), dirigido por la neozelandesa Helena Catt, ha elaborado un documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO y que obra ya en poder de la Justicia, mediante el que certifica que el referéndum ilegal no cumplió con los estándares internacionales y denuncia un sinfín de irregularidades.
Este grupo de 70 observadores que visitó más de 100 puntos de votación en Cataluña y que supervisó lo ocurrido entre las 05.00 y las 20.00 horas, concluye que el referéndum del 1-O no cumplió fielmente con ninguno de los imperativos legales de una consulta electoral.
Destaca inconsistencias en la comisión electoral, la elaboración del registro de votantes y su uso el día de la votación, la organización de los centros electorales, el acceso de los propios observadores el día de la votación, el personal de la mesa electoral, las garantías para el voto secreto, la cadena de custodia de las urnas o el recuento. Así, entre otras cuestiones, los observadores señalan que no pudieron observar “el recuento final de votos”. Y por ello rechazan informar sobre la “integridad del resultado final”.
Es más, según explica el informe de los expertos a sueldo del Gobierno catalán, se incumplió la obligación de que “al menos dos personas” custodiaran las urnas durante la votación y que “no hubo una comisión electoral en orden”.
“En algunos casos nuestros observadores comprobaron cómo los miembros de la organización huyeron con las urnas para esconderlas en un lugar seguro hasta que se cercioraran de que la amenaza policial había cesado”, detallan. Y concluyen que en estos supuestos “no hay manera de comprobar que la urna que regresó fue la misma, que ésta hubiera sido abierta o que se hubieran añadido nuevos votos en ella”. En este sentido, “no se advirtió ninguna orden clara de preservar la cadena de custodia de las urnas”.
También sostienen los observadores del IEERT que “debido a la ausencia de sobres en muchos puntos de votación no es posible comprobar que alguien haya podido introducir varios votos”. Un extremo que, de nuevo, “cuestiona la integridad del resultado”.
Además, acreditaron cómo “en varios puntos de votación se permitió que votasen personas sin acreditar que estaban en el registro electrónico” o que “los votantes habían podido ya votar anteriormente”. Como tampoco se cumplió con la obligación de “anotar el nombre de los votantes” junto a su DNI. Al ser preguntados algunos de los responsables por estos hechos, se indicó por parte de los organizadores que ya chequearían los datos posteriormente. No obstante, señalan que “no pudieron ver ninguna anotación del número de votantes que debían ser chequeados posteriormente en el registro electrónico”. Como tampoco se pudo verificar la existencia de “informe alguno de que esa comprobación se hubiera hecho más tarde». En esta línea, los observadores apreciaron «inconsistencia en la utilización del uso del registro electrónico”.
Acreditaron además problemas de conexión con la base de datos. Dándose la circunstancia de que “en algunos puntos de votación del centro de Barcelona se ordenó a todo el mundo que pusiera sus móviles en modo avión para reducir la presión sobre la red de la base de datos”. Asimismo, señalan que “en diferentes puntos observaron cómo se metían votos en bolsas de basura negras” tras la jornada sin haber podido comprobar si se procedió a su “destrucción” en el punto de votación como es preceptivo. Por lo tanto, señala el grupo de Catt, la “conducta observada en la votación dista del contenido de la ley electoral y de las instrucciones del referéndum”.
“En algunos casos, estos cambios fueron anunciados por la Generalitat, pero otros fueron introducidos ad hoc en respuesta a la actuación de las autoridades españolas y al miedo a votar que provocaron”.
Los observadores sostienen que no advirtieron indicios de que se falseara el resultado, sino un “esfuerzo” porque se celebrara la consulta más allá del resultado. Pese a todo, reconocen no poder avalar el proceso: “El número de cambios, su escala y su desviación de las normas de la administración electoral plantean serias cuestiones sobre la integridad general del proceso de votación”.
