Ecologistas en Francia e Irlanda están llevando a juicio a sus gobiernos para obligarles a intensificar las acciones contra el cambio climático, animados por una histórica decisión judicial de 2018 que obliga a Países Bajos a reducir las emisiones más rápido para garantizar la seguridad de la población.
En octubre, un tribunal holandés de apelaciones dijo que el Gobierno “hizo muy poco para evitar los peligros del cambio climático y está haciendo muy poco para ponerse al día”, ordenándole que garantice que las emisiones que calientan el planeta estén al menos un 25 por ciento por debajo de los niveles de 1990 para finales de 2020.
Tessa Khan, abogada de la Fundación Urgenda, que presentó el caso holandés en nombre de casi 900 ciudadanos, dijo que esta y otras acciones legales climáticas en curso se basan en el principio de que los Estados deben cumplir con sus obligaciones según las leyes de derechos humanos y el Acuerdo de París de 2015 para combatir el cambio climático.
“Todos estos casos se inspiran en la noción general de que nuestros gobiernos tienen el deber de protegernos contra amenazas de esta escala a las que han contribuido a sabiendas”, dijo Khan, que es codirectora de Climate Litigation Network (Red de Litigios Climáticos).
En Francia, cuatro ONG, incluidas Greenpeace y Oxfam, dieron el pistoletazo de salida el 17 de diciembre.
Enviaron una “solicitud preliminar de compensación” en una carta de 41 páginas al primer ministro francés y a una docena de ministros del Gobierno, denunciando al Estado por no haber tomado medidas concretas y efectivas para combatir el cambio climático.
El Gobierno tiene dos meses para responder, y si no da una respuesta satisfactoria, los grupos se están preparando para presentar una acción legal ante el Tribunal Administrativo de París en marzo.
Armelle Le Comte, responsable de defensa del clima y energía para Oxfam en Francia, dijo que la oleada de demandas por cuestiones climáticas en todo el mundo, desde Europa y América del Norte hasta Pakistán y Colombia, se debe al creciente carácter urgente de estas acciones a medida que se hacen más visibles los impactos con los fenómenos climáticos extremos y la subida en el nivel de los mares.
Los gobiernos, incluido el francés, han hablado mucho sobre cómo abordar el cambio climático, pero no han hecho lo suficiente en la práctica, señaló Le Comte.
“Por eso, creo que no es sorprendente que más ciudadanos, organizaciones benéficas y ONG (…) decidan que la acción legal quizás sea la respuesta”, dijo.
CARAS DE FAMOSOS
Mientras tanto, las ONG han tratado de aumentar la concienciación sobre el problema y sobre la necesidad de tomar medidas más contundentes en Francia a través de un video en YouTube con famosos como la actriz Juliette Binoche y el guionista y director de cine Cyril Dion.
También lanzaron una petición de firmas en internet por el llamado “Caso del Siglo”, que ha logrado ya casi 2,1 millones de contribuciones en aproximadamente un mes.
Le Comte dijo que el amplio apoyo público a las acciones jurídicas era importante para darle legitimidad a la campaña.
El planteamiento tiene una especial relevancia en Francia, que se ha visto sacudida en los últimos meses por las protestas de los “chalecos amarillos”, que se manifestaron inicialmente en contra del aumento de los impuestos a los combustibles pero que ampliaron después la movilización a las desigualdades sociales y al coste de la vida.
El presidente francés Emmanuel Macron lanzó un debate sobre política nacional esta semana que incluye cómo lograr el cambio a una economía que utilice más energía limpia.
Khan, de Urgenda, dijo que los casos judiciales tenían como objetivo garantizar el cumplimiento de los objetivos de emisiones, pero que no aspiraban a decir a los Estados cómo hacerlo.
“Luego dependerá de los gobiernos y el público asegurarse de que las políticas que se implementen sean aquellas que aseguren una transición (energética) justa y… que los más pobres no sean los que soportan la carga de esa transición”, dijo.
Le Comte, de Oxfam, dijo que la campaña en los medios sociales “Caso del siglo” estaba destinada a proporcionar más información, especialmente a los jóvenes, sobre las medidas que podrían tomarse.
AUMENTAN LAS EMISIONES IRLANDESAS
En Irlanda, los partidarios del litigio por el cambio climático, que se abordará en el Tribunal Superior a partir del 22 de enero, están organizando una manifestación de niños en Dublín el sábado para instar a los líderes a que “2019 debe ser el año de las acciones ambiciosas por el clima”.
Alrededor de 12.600 personas han respaldado a la campaña “Climate Case Ireland” (“Caso Climático Irlanda”) con mensajes de apoyo online. La portavoz Sadhbh O Neill dijo que estaba aumentando la concienciación de que el país tiene una de las tasas de emisiones per cápita más altas de la Unión Europea.
“Eso nos ayuda a demostrarle al tribunal que estamos en pie, que no lo estamos haciendo de manera interesada y que estamos tratando de representar a ciudadanos preocupados”, dijo a la Fundación Thomson Reuters.
Friends of the Irish Environment, una compañía creada por activistas en defensa del medioambiente, argumentará en el proceso que la aprobación del Plan Nacional de Mitigación en 2017 violaba la legislación nacional sobre la acción climática, así como la constitución y las obligaciones de derechos humanos.
También afirmarán que el plan no cumple con los pasos requeridos por el Acuerdo de París.
O Neill destacó que las emisiones de Irlanda han aumentado desde 2014, a medida que su economía se recuperaba de la crisis financiera de 2008 y su industria láctea iba creciendo.
Un portavoz del Departamento de Comunicaciones, Acción Climática y Medio Ambiente de Irlanda dijo por correo electrónico que el Plan Nacional de Mitigación reconocía que se requeriría una hoja de ruta detallada para descarbonizar la economía.
Según este portavoz, ahora se está implementando, e incluye un plan de acción sobre el clima en toda la Administración “destinado a hacer de Irlanda un líder en la respuesta a las perturbaciones climáticas”.
El veredicto en el caso irlandés se conocerá en varios meses, mientras que el proceso legal francés podría durar de dos a tres años, dijo Le Comte.
En Países Bajos, el tribunal de apelaciones tardó tres años en emitir el fallo inicial, y el Gobierno dijo en noviembre que solicitaría una revisión de la sentencia.
Khan dijo que una ventaja clave a la hora de presentar medidas contra los Estados en los tribunales es el escrutinio de las pruebas sobre el cambio climático que hace la justicia.
“Simplemente por dejar constancia de los hechos, supone en sí mismo es una herramienta de comunicación realmente importante y ayuda a movilizar a la población en torno al cambio climático”, dijo.
