La defensa de Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull ha presentado un nuevo escrito ante el Tribunal Supremo en el que se asegura que éste “no se encuentra en condiciones de garantizar plenamenente la dignidad de los acusados” y solicita que sean sometidos a medidas cautelares menos gravosas que la prisión para evitar que sean sometidos diariamente a futuras burlas policiales como las descritas.
En un escrito, los políticos catalanes se refieren al reciente traslado a cárceles de Madrid desde prisiones de Cataluña y mencionan la difusión de videos grabados por agentes durante el trayecto en los que se produjeron burlas a los procesados. Así, dicen que “uno o varios agentes de la Guardia Civil” captaron con un teléfono móvil imágenes de dicha actuación y las difundieron posteriormente en las redes sociales. “En la grabación se oyen risas de mofa aparentemente de los propios agentes”, indican.
También se quejan de las condiciones en las que fueron trasladado en un autobús policial, “encerrados en compartimentos muy reducidos” y aseguran que éstas fueron “más propias de reclusos de alta peligrosidad que no de pacíficos parlamentarios que siempre han comparecido a los llamamientos judiciales”. Recuerdan otros episodios de mofas policiales como el ocurrido hace más de un año cuando fueron enviados a prisión por la Audiencia Nacional.
En su opinión, la cercanía del juicio obligará a traslados diarios desde las prisiones a la sede del alto tribunal donde se celebra el juicio y estos hechos aconsejan medidas destinadas a garantizar que no se menoscabe “un ápice la dignidad que se merecen” y “que les eviten ser sometidos diariamente a futuras burlas policiales como las descritas”.
España Global
Por otra parte, el escrito se refiera a unas declaraciones efectuadas el pasado enero por la secretaria de Estado responsable de la campaña de comunicación España Global, Irene Lozano Domingo. Indica que en estas manifestaciones, que se efectuaron ante la cadena de radio británica BBC, se aseguraba que los líderes políticos que han de ser juzgados “han cometido delitos penales”.
Así, indica que Lozano tiene la condición de autoridad y que en sus declaraciones “ya presupone que son culpables” y solicita a la sala que requiera expresamente a todas las autoridades y funcionarios públicos responsables de la campaña “a fin de que en el futuro se abstengan en sus declaraciones de menoscabar el derecho a la presunción de inocencia”.
