Una mujer, un hombre y una niña de seis años, la hija de ambos. Una familia que se confunde con otras familias en esta cafetería de un rico municipio cercano a Madrid. Pero falta un miembro. S., de 11 años, el primer hijo de María Sevilla, ya no está. Hace ocho días, la policía tiró la puerta de una casa a 135 kilómetros de este lugar. Se llevó a la madre en pijama al juzgado y devolvió el crío al padre, la antigua pareja de María Sevilla.
María, de 35 años, ha sido puesta en libertad, imputada por la sustracción de su hijo. Llora al mirar la foto de S., coronado de rizos. Rafael Marcos, su excompañero, la ha colgado en Facebook. A ella ha sido difícil reconocerla. Lleva el cabello anaranjado. Esta semana en los telediarios se la veía hablar en unas imágenes de archivo ante una comisión del Congreso como presidenta de Infancia Libre, una asociación de ayuda a niños abusados sexualmente. Era 2017 y lucía melena rubia y ondulada. Ahora hay un rótulo superpuesto: “Detenida en Cuenca por secuestrar a su hijo”.
Gritos y golpes de maza rompieron la noche en el inhóspito paisaje de encinas, pinos y romero de Casalonga, una urbanización de mil parcelas y 80 vecinos censados junto al pueblo de Villar de Fuentes, en Cuenca. O así lo recuerda María. La policía cuenta que encontraron a los niños en “condiciones lamentables” dentro de la vieja casa alquilada de cinco habitaciones y ventanas enrejadas, rodeada de 6.000 metros cuadrados tapados en parte por una tela asfáltica donde todo —los columpios, una pequeña cancha de baloncesto ya sin canastas y una barbacoa ruinosa— parece haber vivido tiempos mejores.
La policía asegura que la niña, sin hablar, se acercó a oler a los agentes. Esta cría con los mismos ojos verdes, clarísimos, del padre. Y lo sabe, aunque prefiere presumir de zapatillas brilli-brilli. “Me han pinchado, ¿te enseño la tirita?”, ofrece A., seis años espigados con dos lazos rosas en la cocorota. José Cantos, delgado como la hija, se alisa la camisa de marca y la toma de la mano. La madre tiende el informe pediátrico, fechado tres días después del arresto: “Lenguaje avanzado para su edad. Bien hidratada. Bien nutrida. Bien aseada”.
El 30 de marzo, a las dos de la madrugada, acabó la huida de 15 meses de María, José, A. y S., cuyo destino final contemplaba una rutina sin colegio ni centro de salud ni salir apenas, como dice la policía. “Sí que salían, cuidábamos del huerto del que nos alimentábamos y les ha visto el médico”, dice la madre. La abuela materna es enfermera y en su entorno, afirma, hay facultativos. ¿Y la escolarización? “Seguí usando el programa que le dieron a S. cuando no podía ir al colegio por sus alergias en Granada. Teníamos una habitación solo para dar clase”. Tanto la madre como su abogada, Carmen Simón, insisten en que la casa estaba bien acondicionada por dentro, decorada por la primera.
Junto a los niños, la madre y su perro, -“que no atacó a nadie, no salió de la habitación”- la policía encontró un encerado con una cita del Génesis: 22.18. Tanto José como María son evangelistas. El niño se llevó la Biblia, dice la policía. “Sí, porque tiene su biblia, pero además se llevó muchas cosas más dentro de la maleta, libros, la ropa que quiso, su coche de Lego. Tuvo que quitarse el pijama para vestirse delante de los 16 policías”,
Además de la investigación judicial en curso por la sustracción del hijo por parte de María, ahora la Fiscalía y la Junta de Castilla-La Mancha indagan si hubo riesgo o desprotección de los niños, según confirma la directora de Familia y Menores, María Ger. “Hay que valorar la situación en la que han vivido en este tiempo, sin que el Ayuntamiento de Villar de Cañas supiese de su presencia”.
En diciembre de 2017, al padre, Rafael Marcos, que ha declinado hablar con este periódico, le fue concedida la custodia de S. después de un largo litigio con su expareja. En 2013 fue imputado por presuntos abusos sexuales. “El crío se masturbaba mucho. Le dijo a mi madre que le metiera el dedo en el culo, como hacía papá, pero que no me lo contara a mí”, explica María. El caso fue sobreseído en primera instancia y en la Audiencia Provincial al igual que una segunda imputación.
El niño volvió a verse con el padre en un punto de encuentro. “S. es muy sumiso, iba medicado y yo le tranquilizaba diciéndole que estaría allí esperándole”, asegura la madre. Cuando Rafael fue autorizado a quedarse con su hijo en fines de semana alternos, en noviembre de 2016, ella incumplió el régimen de visitas.
En marzo de 2017 María se mudó a Granada tras firmar Infancia Libre un convenio con Podemos para desarrollar un protocolo sobre abusos sexuales en la infancia. En la capital andaluza, la pediatra que trataba a S. denunció de nuevo por posibles abusos al padre adjuntando también un informe de la psiquiatra. Poco antes, el Centro de Salud Mental de Majadahonda daba fe de dolores de cabeza y de tripa del niño, además de autocastigos, considerados “equivalentes depresivos”.
Hubo un primer juicio en Valdemoro, en marzo de 2017, en el que se concedió la custodia al padre sin saber la juez que otro juzgado había abierto diligencias por los presuntos abusos sexuales denunciados en Granada. Estaban ausentes la madre y la abogada, que tenía otra vista en Algeciras. “Ese juicio se anuló”, dice la letrada, y en el siguiente, la madre pretendió que atestiguasen tanto el niño como los profesionales sanitarios que le atendían. “Se quedaron en la puerta”, sostienen María y su abogada. Cuando se confirmó la retirada de la custodia, María Sevilla desapareció. Sus razones para eludir la ley: “Le prometí a mi hijo que no volvería con su padre. Se lo prometí”.
“Yo no les vi nunca. Ni se empadronaron ni escolarizaron a los niños”. Habla Carmen Barco, secretaria municipal de Villar de Cañas, y se oye eco.
Nadie habita en las casas bajas de la plaza del Ayuntamiento que ya no tiene censados a 390 vecinos porque el domingo se murió un anciano. En los balcones se clama con pancartas algo descoloridas por el ATC, el cementerio nuclear que iba a hacer florecer el pueblo y que el Gobierno paralizó el año pasado.
Sí que conoció a la familia la carnicera, sobre todo a él, que compraba el pescado que llegaba cada jueves. Y también la farmacéutica, que un sábado de enero vio entrar a una mujer amable, arreglada, a comprar una crema y le contó que vivía en Casalonga. Los niños estaban fuera con el padre. “Hasta la invité a las hogueras de San Antón”. Entonces, dice María, alguien les vio y alertó a la policía. Ya salían por la tele.
“En Casalonga meten a Bin Laden y nadie se entera”, salta el alcalde, José Sáiz, un hombretón en traje de faena que acaba de dejar su taller de herramientas agrícolas. Señala en una fotografía aérea el entramado de caminos —-56 kilómetros— de la urbanización: “570 casas”, apunta la secretaria. Allí se ocultaron los cuatro cuando el cerco se estrechaba. “Pero hemos vivido en la playa, en ciudades, relacionándonos con todos”, dice María. Sin usar tarjeta de crédito ni teléfonos. Sin dejar rastro. La policía les situó antes en un pueblo de Levante, en la costa de Almería, País Vasco… “Y en más sitios hemos estado”, asegura.
Tras encarar caminos sin asfaltar flanqueados por inacabables solares vacíos, chalés de veraneo y lo que fueron casas de aperos, se llega a la calle del Álamo, 50. Solo queda el terreno agostado, dos bicicletas tiradas, trastos, una piscina vacía y la terraza oculta por una tela negra.
“Es el diablo, nos dijo el niño”
Patricia Ortega Dolz
Hace cuatro meses llegó a la Unidad Adscrita de la Policía en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid otro asunto peliagudo y complicado, de esos que llevan tiempo dando vueltas y sin resolver. Desde 2017 Rafael Marcos no veía a su hijo S., de 11 años, después de que un juez le concediera la custodia al padre y se la retirase a la madre, María Sevilla. Supuestamente ella había huido con el menor y se le había perdido completamente el rastro. Comenzaba así una compleja investigación: “No usaba teléfono, ni tarjetas, no había medio electrónico para localizarla”, recuerdan fuentes del caso. “El niño no fue escolarizado ni constaba que hubiese acudido a ningún centro de salud u hospital para nada”, insisten las mimas fuentes. Solo tenían la posibilidad de seguir a un vehículo, el de su actual pareja, a quien había conocido como pastor en la Iglesia Evangélica a la que ella acudía con mucha devoción. Ni rastro. “Todo lo pagaba en efectivo”. El vehículo fue visto a lo largo de casi un año y medio en Granada, Jaén, un pueblo de la costa de Levante, otro de la costa de Almería, en el País Vasco y finalmente en Cuenca. Tras el visionado de muchas cámaras localizaron el coche en una gasolinera y esperaron durante días a que volviese. Lo hizo. El seguimiento les llevó hasta esa casa de Villar de Cañas. “Pero seguíamos sin ver a los niños –la pareja tiene una niña en común– ni a la mujer”, recuerdan los investigadores. Camuflados durante varios días en la zona, lograron ver una noche como “salían, en pijama, al caer el sol, los niños y la mujer a tomar el aire en las inmediaciones de una vieja casa de campo, siempre buscaban sitios aislados, sin vecinos”, cuentan. Los investigadores creen que era él quien se encargaba de la logística para mantenerles ocultos y que el dinero procedía del alquiler de propiedades de ella y de un crédito que le habrían pedido a la madre y que habrían retirado en efectivo.
“Cuando entramos en la casa, desvencijada, se escondieron en una de las habitaciones y nos echaron a un perro de presa”, recuerdan. “Ella no dejaba que el niño respondiera a nuestras preguntas y hablaba por él y quiso que se llevase una biblia”, relatan. “Los pequeños no estaban en mal estado, pero sí parecían tener problemas de socialización, el chico enseguida nos dijo que quería ser pastor de la iglesia evangélica y que su padre era el diablo”
