Los dos grandes partidos recurren al crédito bancario ante las dos campañas electorales que se avecinan. PP y PSOE pedirán por adelantado 60 millones de euros y elevarán así su deuda, que asciende conjuntamente a unos 65 millones, según datos de ambas formaciones. El PP necesita 15 millones para el 28-A y la misma cifra para mayo; el PSOE espera conseguir otros 30 millones de los bancos y, por primera vez, de microcréditos
Además de las dos formaciones políticas tradicionales, Ciudadanos también recurrirá al crédito bancario. El partido de Albert Rivera, que apenas arrastra deuda, no especifica qué cantidad solicitará. Podemos ha hecho una bandera de su negativa a pedir créditos a la banca, ya que argumenta que eso convierte a los partidos en dependientes de las entidades financieras. Prefiere financiarse con microcréditos que después devuelve a sus simpatizantes.
En las últimas elecciones generales auditadas por el Tribunal de Cuentas, las de diciembre de 2015, el PP recibió préstamos por 10,7 millones; el PSOE, por 8,6 y Ciudadanos, por 7,7. El PP gastó en total 18,9 millones de euros, de los que dos fueron aportaciones del partido y el resto, adelantos de subvenciones. Según el informe, el PSOE gastó en total 13,6 millones de euros, de los que el partido no aportó nada. Cinco millones procedieron de adelantos de subvenciones. Ciudadanos costeó el 99% de la factura final de los comicios con el préstamo bancario.
Los partidos se han visto obligados a cambiar de estrategia desde la quiebra del Banco Popular, en junio de 2017. El Popular fue el financiador de las grandes formaciones nacionales —los nacionalistas y regionalistas acudían a las cajas de ahorros— durante décadas. El banco creó un grupo de ejecutivos expertos en la actualidad política y en leer encuestas electorales. Ocupaban la llamada “oficina institucional”, que estaba radicada en la calle Cedaceros de Madrid, a escasos metros del Congreso, por donde los representantes de los partidos pasaban a pedir financiación.
El banco publicaba cada año el volumen de créditos a los partidos. “La morosidad no fue alta y se conseguía un negocio relativamente importante porque los partidos tenían su negocio comercial con el Popular”, explica un antiguo directivo que pide el anonimato. “El banco entendía bien cómo funcionaban los partidos y calculaba su riesgo como si se tratara de cualquier otro cliente”, explica un exresponsable de finanzas de una formación política. El origen de esa política comercial se remonta a 1977. Aquel año, el presidente del Popular, Luis Valls Taberner, numerario del Opus Dei, decidió prestar dinero al recién legalizado Partido Comunista, al que las demás entidades cerraron el grifo de los créditos.
Pero ya nadie quiere ser el Popular, que fue adquirido por el Santander: “A los bancos no les gusta dar dinero a los partidos”, asegura el exresponsable de las cuentas de un partido. “Antes, los bancos no aparecían en los papeles, pero con los cambios legales y ahora que la prensa y la sociedad han puesto el foco en ellos, se quieren quitar de en medio”, añade. Desde 2015, la banca no puede condonar créditos a las formaciones políticas.
Algunas entidades se niegan a financiar a los partidos: así lo tiene estipulado el BBVA en su código de conducta: “El BBVA no realiza contribuciones a campañas electorales ni donaciones a partidos políticos”. Bankia no le ha prestado un solo euro a los partidos desde su nacionalización en 2012. El resto de grandes bancos son reticentes a conceder estos préstamos: el desprestigio de la clase política y la posibilidad de tener conflictos de interés provoca este rechazo. Según un directivo bancario, las entidades comentan entre ellas las cifras pedidas por los partidos y deciden cuánto prestan.
Para vencer las reticencias de los bancos, algunos partidos, como el PP, ofrecen la posibilidad de cobrar de forma instantánea en cuanto paga el Ministerio del Interior por los resultados electorales obtenidos. Las entidades deben informar al Banco de España de los préstamos a los partidos; el supervisor se lo comunica al Tribunal de Cuentas. A la vez, los partidos también tienen que notificar sus préstamos al Tribunal para que exista un doble chequeo.
Los 16,2 millones que Ciudadanos ha pedido en créditos en 2015 y 2016 los obtuvo del Banco Popular. La formación asegura que ya solo tiene 7.137,34 euros de deuda con entidades (a 31 de diciembre de 2017, último dato disponible). Un portavoz de Ciudadanos explica que cada uno de esos créditos (el mayor fue de 9 millones de euros para las generales de diciembre de 2015) fue liquidado dentro de los 12 meses posteriores a solicitarlo, porque en cuanto la formación cobró por resultados electorales y por la subvención de funcionamiento pagó la deuda, que nunca se ha acumulado.
Ciudadanos replantea su estrategia
Las generales de 2016 fueron las últimas elecciones en las que Ciudadanos pidió un préstamo bancario, asegura este portavoz. “Las catalanas de 2017 y las andaluzas de 2018 las afrontamos sin necesidad de financiarnos con los bancos”, añade. La formación asegura que para las generales no necesitaría un crédito, pero que debido a la coincidencia en apenas dos meses de generales, municipales, europeas y autonómicas han tenido que replantear la estrategia.
El Popular es también el principal prestamista del PSOE: le ha concedido 60 millones en 48 préstamos, según los datos que publica en su página web la formación. Su deuda viva era de 50 millones en 2017, pero ya ha bajado a 40, según Mariano Moreno, director gerente del PSOE. Moreno asegura que el objetivo es reducir 5 millones más este año y avanzar en la autofinanciación gracias a una nueva fórmula para ellos: los microcréditos. Serían préstamos de ciudadanos simpatizantes del partido que se les devolverían cuando la formación cobre las subvenciones públicas correspondientes.
El PSOE prevé gastar nueve millones en las generales (más cinco millones en buzoneo o publicidad electoral) y 16,4 millones entre las municipales, europeas y autonómicas (con otros 9,8 millones de mailing), según el presupuesto que aprobó la formación hace unos días.
En el caso del PP, Banesto —también propiedad del Santander— es el principal banco acreedor, pero lo es por los créditos hipotecarios. Si solo se analizan las pólizas de crédito, el Popular vuelve a liderar la lista de bancos deudores. Hasta 2017, el PP debe 24,8 millones, según las cuentas de este partido, que no quiso comentar estos datos.
