El Gobierno enfrenta hoy en el Congreso de los Diputados un pleno decisivo que puede ser un anticipo del calvario que espera a la tramitación parlamentaria de los presupuestos generales del Estado. La convalidación de ocho decretos ley. El grupo confederal de Unidos Podemos, sumido en una imprevista crisis interna causada por Íñigo Errejón, amenaza con tumbar, al menos, dos de los que consideran más significativos: el de medidas urgentes en materia de vivienda, que amplía el plazo de prórroga de los contratos de alquiler a cinco años, y el de la revalorización de las pensiones públicas.
Lo cierto es que Podemos ya había anunciado su negativa a asumir esos decretos en los términos que los aprobó el Gobierno antes de que su ex número dos soltara el jueves pasado la bomba de que liderará otra candidatura. En ambos casos, el rechazo se debe a que no se ajustan a lo pactado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el acuerdo presupuestario de octubre. En el caso de la vivienda, porque no incluye, entre otras medidas, la posibilidad de que los ayuntamientos intervengan en el control de precios de los alquileres, y en el de las pensiones, porque incluye una modificación de las condiciones técnicas de las pensiones de invalidez que puede afectar negativamente a su cuantía a medio plazo. Pero el sentido del voto no está decidido.
Los morados exigen que el decreto de vivienda permita a los ayuntamientos controlar los alquileres
En vivienda, la situación parece irreversible, con el añadido de que ERC ha anunciado su voto negativo, lo que obligaría al PSOE a buscar el acuerdo de PP y Cs. En el caso de las pensiones, un posible acuerdo para una enmienda presupuestaria que incrementa estas pensiones podría permitir salvar el escollo. PNV y PDECat tienen previsto el voto favorable, si bien pedirán que varios de estos decretos se tramiten como proposición de ley. Esto permitiría debatir enmiendas, lo que no es posible con la convalidación de un decreto ley.
La mayoría parlamentaria que respaldó el pasado mes de junio la moción de censura que tumbó a Mariano Rajoy y dio las llaves de la Moncloa a Pedro Sánchez demostró, desde el principio, que no había extendido ningún cheque en blanco al Gobierno del PSOE. Aún no había concluido julio y Sánchez ya sufrió un primer gran revés en el Congreso que evidenció su fragilidad: Unidos Podemos optó por la abstención en los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública diseñados deprisa y corriendo por el nuevo Gobierno. El PNV mantuvo su respaldo, pero la posición firme de la formación de Pablo Iglesias arrastró además a ERC y el PDECat a abstenerse igualmente. “Si ni siquiera Unidos Podemos lo vota, no lo vamos a votar nosotros”, justificaron entonces los grupos independentistas catalanes. Y, para gran regocijo del Partido Popular y de Ciudadanos, Sánchez besó la lona.
Desde entonces, aprendida la lección, el Gobierno y el PSOE celebran que, pese a su exigua minoría parlamentaria de 84 diputados, han logrado convalidar en el Congreso todos los decretos ley aprobados por el Consejo de Ministros. Aunque haya sido a costa de sangre, sudor y lágrimas.
Hoy el Ejecutivo de Sánchez se enfrenta a otra prueba de fuego. La vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, no se mostró ayer dispuesta, desde luego, a tirar la toalla de antemano: “Estamos avanzando en las negociaciones”, confió. “En cada pleno de convalidación de reales decretos negociamos hasta la extenuación, hasta el último segundo, y eso estamos haciendo también con estos ocho decretos”, aseguró. “La negociación sigue abierta, estamos hablando con Unidos Podemos y con otras fuerzas políticas también, y esperamos sacarlos adelante los reales decretos. Como los hemos sacado todos”, zanjó Lastra.
