Funcionarios clave que participaron en el montaje ilegal del referéndum del 1 de octubre y el intento de secesión siguen en su puesto en ejercicio, según informes policiales a los que ha tenido acceso EL MUNDO. La Policía Judicial asegura que ha encontrado mensajes y pruebas técnicas que muestran que el actual director del Gabinete Técnico de Vicepresidencia de la Generalitat, Daniel Gimeno, se hizo ilegalmente y montó el censo de los catalanes para el referéndum del 1-O. Además, mostró su frustación calificando de «hijos de puta» a los miembros de la Guardia Civil que intentaban desmantelar su operativo.
«¡Los hijos de puta de la Guardia Civil están en Unipost! ¡¡Espero que esté ya todo enviado!!», exclamó en un WhatsApp el 19 de septiembre tras trascender que las fuerzas de seguridad habían interceptado tarjetas censales para el voto en la empresa catalana de mensajería. Al día siguiente, cuando un dispositivo policial llegó a la Conselleria de Economía para registrar el despacho de su jefe, el entonces secretario general, Josep María Jové, Gimeno avisó a sus próximos: «Chicos, hay guardia civil en la puerta de Vía Laietana y Economía, hijos de puta». Entre los destinatarios figura Eva Moreno, identificada por la Policía como una vecina, y Tamara García de la Calle, funcionaria también de la Generalitat y pareja de Gimeno.
Según el informe de la Guardia Civil remitido al juez que instruye la investigación de la creación de estructuras de Estado, estos mensajes muestran cómo Gimeno actuaba «a sabiendas de la ilegalidad de las leyes reguladoras y su suspensión por el Tribunal Constitucional, mostrando a la vez su abierta repulsa hacia las actuaciones que al respecto realizaban las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
La Policía Judicial asegura que Gimeno fue el mandatado para el censo en el equipo del entonces vicepresidente, Oriol Junqueras, y lo hizo de un modo «en que todas las ventanas de legalidad fueron vulneradas». Según la trazabilidad detectada, Gimeno logró que el organismo público Idescat le facilitara el Registro de Población de Cataluña mediante un convenio «sin base legal», a través del servidor FTP, que impide rastreo de lo ocurrido. También logró los datos de catalanes en el exterior en el llamado Regext, que le fue entregado desde el Departamento de Raül Romeva «mediante un pendrive encriptado», cuyas claves le fueron facilitadas telefónicamente.
Gimeno fusionó posteriormente ambos ficheros en una base de datos única que remitió posteriormente al Departamento de Gobernación de Meritxell Borràs a través del servidor FTP.
A juicio de los investigadores, pudo haber coste para las arcas públicas en la actividad de Gimeno, aunque creen que pudo ser «encubierto fácilmente» sin que el Ministerio de Hacienda tuviera constancia, pese al control ejercido sobre las cuentas de la Generalitat.
También considera que toda esta operativa muestra delitos como el de revelación de secretos, al jugar con el censo de los catalanes, pero señala al juez instructor que no debe fijarse sólo en los funcionarios que actuaron como autores materiales, porque «es evidente que hay otras personas consideradas como autores intelectuales de rango superior, puesto que la iniciativa y planificación estratégica para convocar y celebrar el referéndum no partió de aquéllas, sino de estos últimos». Según el informe policial, «entre ellas podrían estar el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, el ex vicepresidente Oriol Junqueras, la ex consellera de Gobernación Meritxell Borrás, etc».
Este alto funcionario trabaja actualmente en la Vicepresidencia de la Generalitat del dirigente de Esquerra Republicana, Pere Aragonès, al mantener el mismo puesto que ocupaba con Junqueras. Fue detenido el pasado junio durante un registro y puesto después en libertad con medidas cautelares
