Un millón de euros, más IVA. Esa es la cantidad que la Dirección General de la Policía va a desembolsar en los próximos dos años para adquirir 10.000 defensas extensibles con las que iniciar la sustitución progresiva de las tradicionales porras que hasta ahora portan sus agentes. Así lo recoge el expediente del concurso para su adjudicación, al que ha tenido acceso EL PAÍS, y en el que se justifica la compra del nuevo material en que su utilización “evita el uso de medios más lesivos, consiguiendo una mayor operatividad y efectividad en la realización de los diferentes servicios”.
La compra se materializa semanas después de los graves incidentes registrados en Cataluña tras la sentencia del procés, y en los que los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP, conocidos como antidisturbios) desplegados en la Operación Ícaro tuvieron que hacer uso frecuente de las defensas tradicionales y otro material, como pelotas de goma, para sofocar los altercados. Durante aquellas jornadas, cerca de 300 agentes de los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Algunos sindicatos policiales reclamaron entonces mejor material al Ministerio del Interior.
La memoria justificativa elaborada por el Servicio de Armamento de la Policía Nacional para iniciar el proceso de compra destaca que este nuevo material antidisturbios “es el idóneo” al tener unas características técnicas y un diseño “que hacen posible una utilización segura y un agarre perfecto sin riesgo para la integridad de quien lo porta”. Se trata, en concreto, de una estructura principal fabricada “con acero o aleación de máxima calidad” que pasa de los 26 centímetros cuando está plegada a más de medio metro en toda su extensión. Su peso no supera los 610 gramos.
“Se trata de un elemento de fácil portabilidad que va siempre con el policía, discreto dado su reducido tamaño, con un efecto psicológico disuasorio por su efecto ruidoso al desplegarse y válida como instrumento de rescate al contar con la dureza para ser utilizada como palanca”, destaca el documento. El concurso recoge que la empresa adjudicataria deberá impartir un curso para formar a 25 agentes de policía que se encargarán, a su vez, de impartir la formación necesaria a sus compañeros sobre “el uso, mantenimiento y conservación de la defensa extensible”.
Las primeras 3.000 nuevas defensas extensibles deben ser entregadas por la empresa adjudicataria, Tecnología y Desarrollo Teyde SL, antes de que acabe el año. Las restantes 7.000 lo serán a lo largo de 2020, según la documentación de la licitación. Las defensas extensibles -con las que cuentan los Mossos desde 2016 y la Guardia Civil, desde 2018- es una antigua reclamación de los sindicatos policiales, que también han solicitado insistentemente la adquisición de las llamadas pistolas Taser o eléctricas. Un suceso registrado en Madrid el pasado 16 de julio, en el que un individuo se enfrentó con un cuchillo a los dos agentes de una patrulla y estos tuvieron que dispararle en el pie para reducirle, reactivó la reclamación de los representantes de los agentes para hacerse con este material. Para entonces, la Dirección General de la Policía ya había iniciado el procedimiento para comprar de las nuevas defensas.
